Con la Ley de Amnistía, España está haciendo algo valiente
La nueva ley de amnistía, aprobada en diciembre por el Congreso, ha provocado un gran revuelo. Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra la ley -que ofrece un indulto general a cientos de políticos, funcionarios y ciudadanos de a pie atrapados en el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017- y una mayoría de españoles se opone a ella. Muchos comentaristas y políticos, principalmente de la derecha, han argumentado que la amnistía debilita el Estado de Derecho en España e incluso pone en peligro la democracia del país.
Gran parte del enfado se debe a la forma en que se produjo el acuerdo de amnistía. El Presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, prometió durante su campaña electoral del verano pasado que no habría una amnistía general, aunque había indultado a nueve separatistas catalanes en 2021. Pero después de un resultado electoral no concluyente que dejó al Sr. Sánchez necesitando el apoyo de los partidos separatistas de Cataluña para asegurar una mayoría parlamentaria, cambió de rumbo e introdujo la ley. El hecho de que también se aplique al enemigo público número uno de España -Carles Puigdemont, el antiguo líder catalán que autorizó el referéndum y que lleva prófugo de la justicia española desde 2017- no hizo sino intensificar el mal rollo. 
Sin embargo, a pesar del hedor a oportunismo político que pesa sobre el acuerdo de amnistía del Sr. Sánchez, se trata de un intento audaz -incluso valiente- de poner fin a la crisis catalana, ofreciendo una salida a un estancamiento perjudicial para España. También demuestra el papel positivo que pueden desempeñar las amnistías en las democracias. En nuestra época actual, definida por la impunidad y el retroceso democrático, la amnistía podría parecer un paso atrás. Pero siempre debería ser una opción a disposición de los líderes políticos para afrontar momentos de crisis. Nada se le acerca remotamente en el avance hacia la paz y la reconciliación.
Las amnistías políticas tienen una larga y noble historia que se remonta al menos al asesinato de Julio César en el año 44 a.C., que llevó al filósofo Cicerón a proclamar en el Senado romano que el recuerdo del asesinato debía relegarse al olvido eterno. En épocas más recientes, las naciones han recurrido a la amnistía para salir de atolladeros políticos y, aunque de forma imperfecta, avanzar. La Ley de Indemnización y Olvido de 1660 acompañó el final de la Guerra Civil inglesa, parte de la reconstrucción de la Restauración inglesa. En Estados Unidos, la Ley de Amnistía de 1872, que eliminó la mayoría de las penas impuestas a los antiguos confederados, incluida la prohibición de elegir o volver a nombrar a cualquier persona que hubiera participado en insurrección, rebelión y traición, dio forma a la Reconstrucción.
La amnistía desempeñó un papel destacado en la caída del telón del régimen de apartheid de Sudáfrica. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, creada en 1995, cambió la verdad por la justicia concediendo la amnistía a quienes estuvieran dispuestos a testificar. Para el presidente de la comisión, el arzobispo Desmond Tutu, la amnistía era un componente esencial del proceso de reconciliación por la promesa que encerraba de asegurar la verdad y de sanar las divisiones sociales creadas por el apartheid. La amnistía, en forma de liberación de presos, también formó parte del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a las tres décadas de violencia en Irlanda del Norte conocidas como «los Problemas».
Menos conocido es que una amplia amnistía política inició la transición de España a una democracia plena tras cuatro décadas de régimen autoritario. La Ley de Amnistía de 1977 abarcaba a todos los presos políticos, incluidos los nacionalistas catalanes y vascos, así como los miembros del régimen franquista. Esta ley se considera el eje de la democratización española, y con razón. Además de poner fin simbólicamente a la guerra civil española, un sangriento conflicto que terminó en 1939, permitió la mayoría de los compromisos políticos de la Constitución de 1978, incluida la incorporación de la monarquía española a un marco democrático, la separación de la Iglesia y el Estado y la disposición que permitía la división del territorio español en regiones autónomas.
Sin duda, la amnistía de 1977 tuvo un gran inconveniente. Contribuyó a ocultar el llamado Holocausto español, la oleada de represalias políticas emprendida por el general Francisco Franco contra los republicanos derrotados al final de la guerra civil, que incluyó miles de ejecuciones y la creación de campos de concentración y de trabajo donde muchos prisioneros murieron por abandono y desnutrición. España abordó finalmente esta oscura historia en 2007 con la Ley de Memoria Histórica, que ofrecía reparaciones a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Pero se mantuvo la amnistía para el antiguo régimen. Todos coincidieron en que era necesaria para dejar atrás el pasado.
Es descorazonador que muchos de los que se beneficiarán de la ley de amnistía catalana no hayan mostrado ningún remordimiento por sus actos. El Sr. Puigdemont sigue sin arrepentirse y su partido, Juntos por Cataluña, o Junts, no ha descartado celebrar otro referéndum ilegal. Pero los principales beneficiarios de la nueva ley no son los separatistas radicales que violaron la Constitución española, sino la gran mayoría de catalanes y españoles que quieren dejar atrás el drama separatista. Esta amnistía es para ellos, aunque ahora no lo vean así.
Por un lado, es probable que la ley de amnistía refuerce la estabilidad política en Cataluña. Refuta el argumento de algunos separatistas de que Madrid es incapaz de mostrar clemencia y llegar a acuerdos, lo que les priva de un grito de guerra, y sin duda reforzará el ala moderada del movimiento separatista catalán, que ha abrazado la negociación como la única vía viable para asegurar la independencia. A medida que disminuye el apoyo a la independencia de Cataluña, la amnistía también permitirá a España mostrar al mundo, consternado por la violencia que acompañó al referéndum, que está avanzando.
El acuerdo de amnistía de Sánchez contrasta notablemente con lo que propone su oposición. El libro de jugadas para derrotar al separatismo en Cataluña desplegado por el conservador Partido Popular y el partido de extrema derecha Vox se basa en procesar a personas por delitos no violentos, prohibir los partidos separatistas y movilizar al electorado español contra Cataluña. Es difícil ver que de este planteamiento pueda salir algo que no sea rencor y división. La amnistía, con todo su desorden, imperfecciones y compromisos, ofrece un remedio mejor para la coexistencia democrática en España, y quizá en otros lugares.
*Experto en política española y autor de «Democracia sin justicia en España».