Costa Rica, escándalo: decreto para patentar conocimiento indígena

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El Frente Amplio denunció que los ministros de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz; de Justicia, Viviana Martìn, y de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles, enviaron a CONAI un borrador de reglamento al artículo 78.6 de la Ley de Biodivesidad que permitirìa patentizar el conocimiento tradicional indígena. Organismo oficial contamina fuentes de agua.

"El 26 de noviembre de 2008 los ministros de Comercio Exterior, Justicia y Ambiente, Energía y Telecomunicaciones enviaron a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) un borrador de "reglamento" al artículo 78.6 de la Ley de Biodiversidad, para que esta entidad remita una copia a las asociaciones de desarrollo indígenas del país", señaló un comunicado del FA.

Según advirtió el diputado José Merino "este reglamento pretende que las invenciones derivadas del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas sobre los usos de la biodiversidad puedan ser patentados con base en la Ley de Patentes.

"Es decir, se trata del mismo cambio a la Ley de Biodiversidad que intentaron introducir a través del proyecto de Ley Escoba de la agenda de implementación del TLC y que tuvieron que sacar de ese proyecto, porque la Sala IV determinó que afectaba los derechos de los pueblos indígenas y debía ser consultado con base en el Convenio 169 de la OIT. Como no pudieron imponer esta reforma a través del debate democrático en el Parlamento, ahora tratan de ‘pasarla por la cocina’ mediante un decretazo del Poder Ejecutivo, que pretende distorsionar y dejar sin efecto la protección legal para los pueblos indígenas ".

Para el diputado Merino se trata de un reglamento ilegal e inconstitucional que violenta las obligaciones asumidas por Costa Rica en el Convenio de Diversidad Biológica sobre la protección del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Sin embargo, la maniobra del gobierno es clara: pretenden aprobar este reglamento ilegal en diciembre para incluirlo en la certificación del TLC, a sabiendas de que los tribunales de justicia podrían tardar varios años en anularlo.

Lo más grave es que esta maniobra se quiere hacer burlando el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas establecido en el Convenio 169. "El envío por un plazo corto de una carta a las asociaciones de desarrollo a través de la CONAI, no puede ser tenido como una consulta adecuada hecha de buena fe como lo exige el Convenio. Tiene que haber información previa, tiempo para deliberar y participación directa de las comunidades. Es una arbitrariedad más del gobierno", señaló Merino.

Por último, indicó el representante del Frente Amplio en el parlamento que "esto es una prueba de que la agenda de implementación del TLC no ha terminado como lo anunció con bombos y platillos el ministro de Comercio Exterior. Por el contrario, siguen apareciendo nuevas imposiciones para modificar ilegítimamente la legislación nacional en perjuicio de nuestra biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas".

Acusan al ICE de contaminar naciente en proyecto de Pirrís

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que en un plazo de 15 días ordene medidas para solucionar un problema de contaminación provocado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en una naciente de San Jerónimo de Tarrazú, donde se construyé el proyecto Hidroeléctrico de Pirrís.

Según la denuncia acogida por la Sala IV, un ciudadano denunció ante las autoridades "la contaminación de la naciente por la construcción de una cuneta por parte del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís del ICE, obras que presuntamente se realizaron en la parte superior de la naciente".

El denunciante agregó que "unos días de planteada dicha denuncia, acudieron varios servidores del Ministerio de Salud en que supuestamente se realizaron las obras que contaminan la naciente, oportunidad en que dichos funcionarios realizaron una inspección del terreno. No obstante no se ha solucionado el problema"


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