Despinochetización a cuentagotas
El fallo del Tribunal Constitucional que refrendó el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales es un enorme triunfo subjetivo para quienes luchan contra la dominación patriarcal, aunque sea un muy pequeño avance objetivo en esa meta. La subjetividad del triunfo tiene que ver con que “se siente” como una victoria enorme, por lo lento y difícil del trámite, que hasta el final ha estado pendiente de un cúmulo de trabas inauditas interpuestas por poderes antidemocráticos que, escudándose en los vericuetos de una institucionalidad contra-mayoritaria, han tratado de boicotear y vaciar de contenido esta iniciativa.
Con la nueva legislación volvemos en términos generales al mismo marco legal que reguló el aborto en Chile entre 1931 y 1989. Con la nueva ley abandonamos la triste situación de ser uno de los nueve países en el mundo que criminalizaba el aborto en todas sus modalidades, entre los que están la Ciudad del Vaticano, Malta, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Haití y Surinam. De esta forma se logra responder a experiencias críticas de vida, como cuando corre peligro la vida de la mujer cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal, o cuando el embarazo es producto de una violación.
Lo anacrónico de este debate se ve cuando recordamos que estas situaciones límite se lograron regular bajo gobiernos que no eran particularmente “feministas”. La reforma al Código Sanitario de 1931 se realizó durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, legislación que se vio simplificada en 1968 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Durante 1973, usando la legislación vigente, se pudieron realizar más de tres mil abortos en el Hospital Barros Luco. Estos antecedentes demuestran que la sociedad chilena, anterior al golpe de Estado, había logrado un consenso mínimo y estaba en condiciones de enfrentar las mismas discusiones que en ese momento se daban en Europa y Estados Unidos. En Francia el aborto fue despenalizado en 1975 y en Estados Unidos en 1973. En esta, como en muchas otras materias, la dictadura militar ha significado para Chile un retraso histórico de muchas décadas.
La involución pinochetista
El golpe militar de 1973 no sólo significó el fin de la democracia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. También implicó un shock en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este afán se evidencia en las discusiones de la Comisión Ortúzar, redactora de la Constitución de 1980. El 14 de noviembre de 1974 Jaime Guzmán, fundador de la UDI, pronunció una famosa intervención en esta instancia en que dijo: “La madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte”. De esa forma el ala más integrista del régimen trató de instituir la prohibición total del aborto con rango constitucional.
Sin embargo, los demás miembros de esa comisión, todos ellos muy de derecha, consideraron que la propuesta de Guzmán era demasiado extremista y podía generar efectos contraindicados al régimen. Por eso no acogieron la moción del fundador de la UDI y sólo establecieron que “la 
ley protege la vida del que está por nacer”, por lo cual la regulación de esta materia quedó radicada en la ley no en la constitución. En los hechos se mantuvo la legislación de 1931 pero muy limitada en su aplicación, por el temor de los médicos a la represión.
No satisfecha con este resultado, la UDI, aliada a los sectores más integristas del catolicismo, siguió buscando la forma de penalizar por todas las vías cualquier tipo de aborto. La ocasión la encontraron en 1989 cuando la presión del cardenal Jorge Medina y el patrocinio del almirante José Toribio Merino lograron que la Junta de Gobierno modificara el artículo 119 del Código Sanitario que pasó a decir: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto”, derogándose las disposiciones de 1931. El cardenal Medina ha recordado que la presión para cambiar la legislación comenzó en 1987 con motivo de la visita papal de ese año. En 1988 Merino presentó una moción para aumentar las penas de cárcel en materia de aborto, pero no tuvo apoyo suficiente. De esa forma en 1989 cambiaron el foco a la reforma del Código sanitario, la que aprobaron a pocos meses de entregar el mando.
La primera propuesta de despenalización del aborto la planteó la diputada humanista Laura Rodríguez en 1990. Después se presentó el primer proyecto formal, de la diputada Adriana Muñoz, en 1991. Le siguieron varios proyectos más, de mayor o menor alcance, y todos fueron rechazados, no sólo por la oposición de derecha, sino también por la DC, que olvidó la reforma que su propio partido había impulsado en 1968.
En 1996 la derecha, aliada a sectores de la Democracia Cristiana, boicotearon la primera política de educación sexual que se trató de generar en el sistema escolar, las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (Jocas). En 2007 se trató de introducir las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, que incluyeron la anticoncepción de emergencia o “pastilla del día después”. Esta política también fue brutalmente combatida por los mismos sectores, por lo que recién se pudo implementar cabalmente en 2010, con la aprobación de la ley 20.418. La oposición a estas reformas llegó a su punto culminante cuando en 2011 el entonces presidente Sebastián Piñera aseguró que vetaría un proyecto de ley de aborto terapéutico en caso de aprobarse en el Congreso.
El presente y lo que viene
Mientras el sistema político permaneció inamovible por 27 años, manteniendo una legislación idéntica a la que existía antes de 1931, y que fue promulgada en 1875, la sociedad chilena evolucionó de forma acelerada. Ya al inicio de la tramitación del actual proyecto de reforma, en 2014, más del 70% de la población respaldaba el cambio. Sin embargo la tramitación demandó años y esfuerzos inesperados.
La ex senadora DC Soledad Alvear ha ejercido en estos tres años como una lobbista específicamente dedicada a paralizar este proyecto, exponiendo de forma continua y reiterada ante las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado. Cuando la aprobación ya era inminente este sector de la DC trató de boicotearlo introduciendo a última hora una indicación sibilina del senador Andrés Zaldívar que de haber prosperado habría dejado en nada la iniciativa. Luego de una ajustada aprobación en el Senado, el proyecto casi llegó a fracasar en la Cámara, ya que la ausencia de algunos diputados estuvo a punto de postergar su ingreso al Tribunal Constitucional para septiembre, cuando con otra composición y bajo la presidencia de Iván Aróstica lo más seguro es que hubiera sido rechazado.
Quedó pendiente por unos días saber exactamente el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la objeción de conciencia, que podía significar una barrera para que las mujeres se hagan el aborto de manera segura. Al respecto la Iglesia Católica propició lo que han llamado “objeción de conciencia institucional”, lo que resulta conceptualmente absurdo pero que podía llegar a aprobarse por presión política.
La noción de “objeción de conciencia” implica un ejercicio de un derecho, pero que recae en los sujetos poseedores de esa conciencia. Una institución no es un sujeto único, y la idea de una “objeción de conciencia institucional” implica por sí misma un atentado a la libertad de conciencia de los individuos que la componen. De esa forma, aunque un médico en el Hospital Parroquial de San Bernardo, o en la Universidad Católica, considere necesario efectuar un aborto por las causales que señala la ley, no podría hacerlo porque su institución ya “decidió en conciencia” por él.
Un sistema político empantanado
Cuesta entender que la mayoría social tenga en Chile tantas dificultades para expresarse como mayoría política e institucional. Incluso en una materia en la cual no toda la derecha tiene la misma fijación fundamentalista y puede llegar a votar de forma cruzada. Recordemos que para su aprobación fue necesario el voto de la diputada Karla Rubilar y de la senadora Lily Perez, que en estas materias han sido mucho más progresistas que parlamentarios de la DC como Marcelo Chávez, Patricio Walker o Andrés Zaldívar.
Este factor explica el debate inacabable referido a los dilemas fundamentales, ligados a la baja legitimidad de la actual institucionalidad política, el déficit crónico en materia de derechos humanos, especialmente en el campo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la ausencia del principio de solidaridad en la formulación de las políticas públicas, la excesiva dependencia de una reducida cesta de recursos naturales que se explotan bajo una lógica extractivista y rentista, la lentitud en los avances referidos al reconocimiento de la autonomía moral de las personas, con garantías para participar como sujetos plenos en las decisiones relevantes para sus vidas y sus territorios, y a la necesidad de desmercantilizar esferas completas de la sociedad que han sido reducidas a productos que se transan bajo la ley de la oferta y la demanda. Para enfrentar todos estos problemas se necesita que la mayoría social se asemeje, aunque sea mínimamente, a la mayoría política que gobierna este país.
* Publicado en “Punto Final”, edición Nº 883, 1º de septiembre 2017.