Ecuador, comunicación periodística: más que un debate, una guerra

Alberto Maldonado.*

Una Ley de Comunicación es un ejercicio parlamentario nuevo en el Ecuador. Como remoto antecedente debemos consignar que, al promediar el siglo XX, y tras muchas argumentaciones y contra argumentaciones, se dictó una ley que se llamó Ley de Prensa, que estuvo dedicada casi exclusivamente a los medios impresos, ya que estos eran los únicos en vigencia; la radio apenas si había comenzado a operar y la televisión, en el mundo, había iniciado su espectacular invasión.

Esta ley sirvió de poco y solo pudo ser aplicada en determinados casos, seguidos por personas de poder económico y/o político, en capacidad de sostener un litigio que duraba años y que podía llegar a las más altas instancias del llamado Poder Judicial, en donde terminaba imponiéndose el más fuerte. En la práctica, esta Ley de Prensa “murió de muerte natural”.

Sin embargo, la ley sirvió para que el Código Penal tipificara como delitos punibles los  que se cometan a través de medios de comunicación (especialmente impresos): la injuria, las acusaciones infundadas, los agravios, los delitos contra el buen nombre de las personas, las calumnias. Pero la norma solo sirvió en poquísimos casos, ya que demandaba capacidad económica y constancia, mucha constancia, para ventilar la sentencia hasta en tres instancias. Pocas gentes en el Ecuador pueden sentirse orgullosas de haber logrado una sentencia en firme contra un difamador mediático. La inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas tuvo que quedarse en el capítulo de los “rencores” o contentarse con una muy discreta “rectificación” que el medio publicó en espacio indeterminado y perdido, si es que lo publicó.

El hecho de que una gran mayoría de asambleistas haya consignado, en varios artículos de la nueva Constitución Política del Estado, la necesidad de que se dicte una Ley de Comunicación y que el pueblo ecuatoriano haya aprobado esta nueva Carta Política por amplísima mayoría (más del 70%) son claros mandatos de la necesidad vital e impostergable porque se regule el proceso comunicacional, de manera que se respete el derecho universal a la libertad de expresión pero respetando los derechos de los demás.

La actual Asamblea Nacional (que reemplazó al viejo y corrompido Congreso) estaba obligada, por lo tanto, a iniciar el debate parlamentario a fin de llegar a un proyecto de ley que debe ser aprobado  por la mayoría de asambleistas (63 votos) y puesto en vigencia por el Presidente de la República, quien, en su calidad de colegislador, puede objetarla total o parcialmente..

En otras palabras, para que tengamos en el Ecuador una Ley de Comunicación deberán pasar varias semanas. O, como el sector oficialista de la Asamblea (en donde hay división de opiniones) no puede contar con los 63 votos para aprobar cualquier proyecto, y la oposición tampoco para negarlo, puede ocurrir (como ya ocurrió con el proyecto de Ley de Aguas) que el proyecto pase al “limbo” y el limbo ya no es reconocido ni por la Iglesia Católica. En cuyo caso se habrá cumplido uno de los “principios sipìanos”: que en Comunicación Social, “la mejor ley es la que no existe”

Sin embargo, si leemos la prensa sipiana o escuchamos las radios idem o vemos la televisión mercantil, todas hablan de los males que le vienen al Ecuador si se aprueba un proyecto. según lo está decidiendo una mayoría de 6 de los 11 miembros de la Comisión Ocasional. Basta que alguien del sector proponga algo, o diga algo, para que los ágiles reporteros que cubren el parlamento, prendan las alarmas;  y el coro sipiano mediático clame a los cuatro vientos que ya se está “imponiendo” la guillotina a los pobrecitos medios sipianos.

Desde hace meses, los diarios vienen manteniendo una campaña mediática de páginas y medias páginas, que no conocen fronteras y que si  algún visitante despistado les diera el crédito correspondiente, sacaría como conclusión que en el Ecuador todos claman porque se respete la libertad de expresión, que hay una tiranía que se impone en estos sectores y que el país clama por libertad y democracia

Me recuerda esta agresión mediática lo que le pasó al pastor a quien le habían anticipado que, si llega el lobo, grite fuerte y rápido a fin de ir en su auxilio; y el pastor encontró un pasatiempo entretenido el gritar cada cierto tiempo “Ahí viene el lobo” pero el lobo no aparecía por ningún lado. Hasta que los y las aldeanas se cansaron del engaño y cuando en verdad llegó el lobo, nadie acudió en su auxilio; y el lobo se comió al pastor y las ovejas.

Está claro que, en este caso, no hay ni pastor, ni lobo, ni ovejas. Lo que hay es un concierto de voces que gritan y gritan, afirman y afirman ante un supuesto huracán; un huracán que en el Ecuador es casi imposible. En este país hay una larga tradición de respeto a lo que los sipianos llaman “libertad de expresión”, salvados algunos episodios que se dieron especialmente en épocas del social cristianismo o de alguna dictadura. Pero, la consigna sipiana es encontrar agresiones contra ellos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina aunque el lobo feroz no asome por ningún lado.

Los sipianos, desde luego, no han perdido tiempo y, en esta campaña feroz, al parecer, han logrado confundir al mismísimo presidente de la Asamblea, un político de Alianza País (Fernando Cordero; mejor conocido como el “Corcho”) quien, por dos ocasiones, ha cuestionado públicamente a la Comisión, en especial a su presidenta, la joven abogada Betty Carrillo, quien se vio precisada a renunciar a su presidencia aunque no a su calidad de vocal de dicha comisión.

El problema fue que la abogada Carrillo se dio cuenta que lo que en verdad perseguían (y persiguen) los asambleistas de oposición (especialmente uno que se llama César Montúfar, quien viene del lado de la USAID y Cia.) lo que anhelan es una ley que obligue a nadie a nada, menos a los medios sipianos. Ella recogió criterios diversos, en especial de periodistas profesionales a quienes antes no se había consultado, y preparó un borrador con disposiciones que de manera alguna podían ser acogidas por los asambleistas sipianos.

Mientras, la campaña mediática contra cualquier ley de comunicación, no cesa. Periódicos que se autocalifican de serios e imparciales dedican todos los días espacios a comentarios, informaciones y análisis antojadizos, inventados, en contra de lo que ellos  presumen que puede ser aprobado por la Asamblea. Por ejemplo, las radios del sistema (que son inmensa mayoría frente a medios estatales o institucionales) pasan una cuña que más o menos dice: “La ley no solo perjudicará a los medios sino que perjudicará a todos” Desde luego, no puntualizan en qué seremos perjudicados los ciudadanos y las ciudadanas de a pie.

Otro ejemplo, periódicos y estaciones de televisión “claman” porque la Comisión ha aprobado un articulado que dice que la “información debe ser veraz, oportuna, verificable”. Los asambleistas sipianos argumentan que esos son conceptos subjetivos y que pueden ser utilizados por “la dictadura” para cerrar medios o perseguir periodistas; pero no explican que ese criterio consta en la propia Constitución, que es un viejo uso de cuando la prensa por lo menos pretendía ser decente y que eso le daba a la noticia credibilidad.

Otro argumento, muy socorrido por los medios  sipianos, es el de que, según el proyecto de mayoría, para casos de procesos judiciales se les obligará a los periodistas y/o directores de medios, a revelar la identidad de sus fuentes de información que, según una vieja tradición comunicacional, es una conquista en el mundo de todos los tiempos.

Solo que, en épocas en que el periodismo actuaba con alguna ética profesional, esta obligación (por la cual algunos periodistas en EE.UU. fueron a parar a la cárcel) fue esencial en el periodismo de denuncia ya que de lo contrario no habría sido posible difundirlo. Pero, la prensa sipiana de estos tiempos, especialmente lo que se conoce como el cable internacional, lo que ha hecho con este principio es utilizarlo como un lugar común, para justificar en una noticia o información lo que ellos quieren que se diga  Es muy frecuente, hoy en día, que los medios sipianos (especialmente escritos) recurran a supuestas o reales fuentes de información “que prefieren el anonimato” o que pidieron “reservar sus identidad” o “fuentes anónimas pero confiables” para introducir en un texto alguna frase o afirmación que cuestione o ponga en duda sus contenidos esenciales.

Consuela saber que en la Comisión Ocasional, que conoce y discute el proyecto final, hay gente sólidamente formada que está desafiando (a medias) la brutal arremetida mediática contra la ley y que está aprobando un proyecto que recoge algunas iniciativas que a lo mejor contribuyen a fortalecer la comunicación pública y la comunicación comunitaria, frente a las insolencias de la comunicación mercantil. Pero desconsuela saber que algunos asambleistas de Alianza País y otros partidos políticos que se dicen progresistas y hasta marxistas (Pachakutec, MPD, socialistas) se proponen desaprobar la ley y dejarla en el limbo.

Alguien pretendía disculparles de su obligación moral diciendo que, como son políticos y dependen mucho, para una reelección o para ocupar otras funciones públicas, precisamente de los medios masivos de información y opinión que todavía influyen en los sectores ciudadanos con sus informaciones y criterios. Preguntan: ¿Cómo van a pelearse con esos medios solo por aprobar una ley que le va a servir al Correa para “desatar sus antipatías”? Aunque no es menos verdad que, en manos de otros gobernantes, con criterios políticos exactamente opuestos, las mismas disposiciones podrían torcerse para servir a fines y objetivos contrarios.

* Periodista.