El irresistible avance de la militarización en Latinoamérica

Hacia adentro, el Plan Colombia es despojo y militarización para frenar la resistencia. Para afuera, convierte al país en la principal plataforma de la política militar del Pentágono. Un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) señala que bajo los dos gobiernos de Uribe la movilización social fue la más alta en el pasado medio siglo: casi cuatro veces más conflictos por año que en las décadas de 1960 y 1970, y 50 por ciento más que en la de los 90.

La guerra y la militarización se han disparado precisamente en los departamentos que presentan mayor resistencia social, que son también en los que el avance de los megaproyectos extractivistas es más intenso. La guerra que promueve el Plan Colombia, cuyos beneficios serán trasvasados por el TLC, es para liberar territorios para la acumulación de capital. Vale detenerse en el encadenamiento entre guerra y neoliberalismo, violencia y acumulación, para comprender de qué se trata el modelo, aunque esté adobado por una mediática disputa electoral cada cuatro años y declaraciones contra el narcotráfico y la guerrilla.

Pero el modelo tiende a desbordarse a toda la región. El 27 de setiembre, la Cámara de Diputados de Paraguay votó el estado de excepción durante 60 días en dos departamentos: Concepción y San Pedro, los más pobres, y en los que el movimiento campesino protagonizó algunas de sus más importantes movilizaciones. La excusa es combatir al Ejército del Pueblo Paraguay (EPP), un grupo que según la fiscalía cuenta con 10 integrantes. La medida que habilita la acción de las fuerzas armadas como policía interna ya se había adoptado en 2010 por 30 días en cinco departamentos, sin detener a ningún miembro del EPP.

Abel Irala, del Serpaj, atribuye la militarización al modelo productivo: "El agronegocio necesita avanzar sobre las tierras del narcotráfico, y en ese conflicto la militarización juega en favor de la soya. El campesino que planta mariguana es el último en la escala, y la mujer, cuando lo meten preso, vende ese terreno para sacarlo de la cárcel, y se lo vende a los soyeros". La Coordinadora de Derechos Humanos denunció que hay 500 militantes sociales procesados, que las torturas son más frecuentes y que la justicia utiliza las figuras de "perturbación de la paz pública", por realizar marchas que no cortan rutas, y de "sabotaje", al bloqueo de carreteras, que supone 10 años de prisión.

No es casualidad que sean colombianos los asesores militares de las fuerzas represivas paraguayas. El "neoliberalismo armado", con o sin TLC, no reconoce fronteras ideológicas y se propone aniquilar o domesticar a los movimientos antisistémicos. En medio de la profunda crisis que vivimos, hay sobradas muestras de que los de arriba apostaron al militarismo duro y puro.