El Salvador: nuevamente Bukele sale a la “caza” de pandilleros

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que más de cuatro mil policías y soldados mantienen cercados Apopa, La Campanera  y Soyapango, tres barrios periféricos de la capital para localizar y capturar a grupos remanentes de las pandillas.

Las calles fueron tomadas por las tropas fuertemente armadas -con fusiles, cascos y chalecos antibalas- y los habitantes no pueden entrar ni salir de las comunidades sin ser registrados. Como es habitual, los cateos se realizan sin orden judicial en los hogares para atrapar a los terroristas (como los denomina el gobierno) que hayan logrado escapar de redadas anteriores.

En respuesta a una escalada de la violencia atribuida a las pandillas que dejó 87 muertos en un fin de semana, Bukele ya había declarado en marzo de 2022 una guerra contra esas bandas, amparado en un régimen de excepción cuestionado por varios organismos de derechos humanos. En 18 meses más de 73 mil personas fueron detenidas, algunos de ellos delincuentes.

La cacería desatada por Bukele y aplaudida hasta ahora por la mayoría de la población salvadoreña, no hace ninguna distinción entre culpables e inocentes. Para privar a una persona de su libertad y suspender sus derechos humanos, la maquinaria de encarcelamiento del bukelismo no requiere de ninguna prueba ni de la celebración de juicios; basta con una llamada anónima, la portación de un tatuaje o el simple señalamiento de un policía para que a alguien se le clasifique como pandillero.

Una vez preso, al supuesto delincuente se lo envía a instalaciones similares a un campo de concentración, distantes de poder ser considerados una penitenciaría. Bukele ha remarcado que en su gobierno las cárceles no se entienden como centros de readaptación social, sino como espacios de castigo, escarmiento y confinamiento indefinido.

El Salvador triplicó su población carcelaria en el último año, tras pasar de 30.000 presos a 96.000, luego de aprobar un régimen de excepción que ha permitido realizar capturas de eventuales pandilleros, sin intervención judicial.

Lejos de alcanzar la tranquilidad de las comunidades que por años sufrieron bajo el yugo de las pandillas, preocupan a las organizaciones humanitarias las graves violaciones a los derechos humanos que conlleva la aplicación de las política de Bukele, que alimenta el engaño de que se trata de una solución real y sostenible en el largo plazo, y porque puede ser el germen de un estallido social que haría palidecer la crisis de violencia.

La estrategia de combate a los grupos delictivos de Bukele, la publicitada estrategia de la mano dura, se basa en un estado de excepción permanente y en la suspensión de las garantías individuales. Con estos métodos, en menos de 10 meses más de 70 mil personas fueron arrestadas y encarceladas, lo que representa a más de uno de cada 100 habitantes de este pequeño país con una población de 6,3 millones.

Si a estas cifras se suman las casi 40 mil personas que ya se encontraban en prisión, se obtiene el escalofriante dato de que más del dos por ciento de los adultos salvadoreños han sido puestos tras las rejas.

En Apopa, de 131 mil habitantes, a 13 kilómetros al norte de San Salvador, ha tenido fuerte presencia la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, al igual que La Campanera, populosa comunidad de Soyapango, en la periferia noreste de la capital, adonde en diciembre ya se desplegó un cerco militar, ahora reforzado.

Bukele aseguró que la operación –ya realizada en los últimos dos meses en otras ciudades– forma parte de la fase extracción del Plan Control Territorial, que se ejecuta desde 2019. En los barrios todos saben quiénes son los pandilleros, normalmente identificados con tatuajes y algunos ya fichados por la policía. La MS-13 y la Barrio 18 operan en esas zonas con sus dos facciones: Sureños y Revolucionarios.

Los defensores de los derechos humanos y de la ciudadanía señalan que no se trata más que de una versión extrema del conocido populismo penal, es decir, de manipular los miedos y las preocupaciones de la ciudadanía ante la inseguridad para imponer medidas draconianas de criminalización de la pobreza y evadir las responsabilidades gubernamentales.

Este estado permanente de zozobra en el que vive El Salvador impide el impulso al desarrollo, la concreción de los derechos a educación, salud, vivienda, trabajo, cultura y esparcimiento, y la creación de espacios para que todos los pobladores puedan cubrir sus necesidades dentro del marco legal.

La estrategia actual no sólo deja intacto el contexto de pobreza y marginación que dio origen a las pandillas, sino que profundiza el desgarramiento del tejido social y rompe los lazos de solidaridad sin los cuales es imposible generar una paz perdurable y verdadera, basada en la justicia y no en la coerción.

En El Salvador, el país más pequeño de América Central, la población en pobreza monetaria, cuyos ingresos son insuficientes para sufragar los gastos más básicos, aumentó a 1,87 millones de personas, cifra que superó a la registrada en los cuatro años anteriores. Los pobres suman más de dos millones 50 mil de los seis millones 400 mil habitantes (alrededor de un tercio de la población), según los datos oficiales.

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)