El terrorismo de Estado
El pasado 27 de noviembre fue asesinado en un suburbio de Teherán, el jefe del programa nuclear iraní, Mohsen Fakhrizaden, a quien dos años atrás el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había sindicado como jefe del programa nuclear de ese país. El gobierno de Jerusalén se negó a admitir o negar su participación en el asesinato, pero es el sexto científico iraní asesinado en los últimos años. El 3 de enero pasado, en Bagdad, Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleiman, quien era el jefe máximo de la Guardia Revolucionaria de Irán.
El Departamento de Estado explicó que fue el presidente Donald Trump quien dirigió el ataque que tuvo como finalidad “proteger al personal estadounidense en el extranjero”. Irán tiene una larga lista de crímenes de los que ha sido acusado, siendo el más dramático el ocurrido en Buenos Aires, en la sede de la Asociación Mutual Israelita en Argentina (AMIA) que costó la vida a 85 personas. El exgobierno libio, que encabezó Muammar Gaddafi, fue responsable del atentado al avión de Pan Am, en 1991, que cobró la vida a 270 personas. 
Rusia ha sido acusada de eliminar a opositores en el país y en el extranjero, como fue el caso del exagente de los servicios de espionaje, Alexander Litvinenko, envenenado en el Reino Unido, en 2006. En 1985, el servicio secreto francés, bajo el gobierno que presidía Francois Miterrand, fue el responsable de poner una bomba en el barco de Greenpeace, que se oponía a los ensayos nucleares en el Pacífico sur, dejando un muerto, el fotógrafo portugués Fernando Pereira. Un grupo terrorista de exiliados cubanos, con sede en Miami, dirigido por un exagente de la CIA y tolerados por Washington, fue el responsable de poner la bomba en el avión de Cubana de Aviación y que costó la vida a 73 personas en 1976.
En América Latina, la historia del terrorismo de Estado da para escribir cientos de libros. Los casos de las dictaduras cívico-militares en República Dominicana, Haití, Nicaragua, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile, por nombrar algunas, han hecho reescribir parte del derecho internacional, en espacial en todo lo relativo a los derechos humanos.
No existe una definición única de terrorismo de Estado, pero se entiende que es el uso ilegítimo de la fuerza por parte de un gobierno para atemorizar a quienes considera enemigos, pudiendo ser nacionales de su propio país o de un país extranjero. Al asesinato podemos agregar el desaparecimiento forzado, el secuestro, la tortura, la persecucuón y ejecuciones extrajudiciales, entre otras formas de violación de derechos humanos. Estas son llevadas a cabo en regímenes dictatoriales o estados democráticos, donde grupos armados operan a través de redes clandestinas, con recursos públicos y la complicidad de los gobernantes.
El gobierno que preside Hasan Rohani y el guía supremo de Irán, el ayatolá, Ali Jamenei, no tardaron un minuto en responsabilizar al gobierno de Israel por el ataque, que ocurre pocos días después que la fuerza aérea bombardeara instalaciones iraníes en Siria, dejando al menos 10 víctimas. Indicaron que el asesinato del científico no quedará sin respuesta, como tampoco frenará su programa nuclear. El atentado se efectuó pocos días después de la gira de despedida del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien visitó Israel, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Este último país estableció relaciones diplomáticas con Israel lo que se considera un logro más de la administración Trump en beneficio del gobierno de 
Jerusalén. Además, se concretó la venta por 23 mil millones de dólares en armas, incluyendo 50 aviones de combate F-35, a EAU. Otra de las joyas geopolíticas en la región, fue el encuentro “secreto” entre el primer ministro, Benjamín Netayahu y el príncipe heredero del reino de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salmán, donde también participó Pompeo.
Los tres países tienen como enemigo jurado a Irán, y buscan que no se vaya a reactivar el acuerdo nuclear firmado por los países europeos y del cual se retiró Estados Unidos, apenas asumió el gobierno del presidente Trump. Por su parte Irán, niega el derecho a la existencia del estado de Israel, pese a que ambos países sostuvieron una estrecha relación de cooperación técnica y militar hasta el derrocamiento del Shah Reza Pahlevi, en 1979, año en que Teherán anuló todos los acuerdos. Durante la guerra de Irán con Irak, (1980-1988) Israel entregó ayuda militar a Teherán y este país agradeció entregando información de inteligencia, que permitió a la aviación israelí destruir un reactor nuclear donde se pretendía construir una bomba atómica.
Israel, al igual que los Estados Unidos, ha expresado que no está dispuesto a aceptar que Irán desarrolle armas nucleares. Tampoco Washington, que ha dicho lo mismo de Corea del Norte, pero con menos vehemencia. Cuando Pakistán y la India preparaban sus bombas atómicas hubo duras condenas, pero una vez que las tuvieron, rápidamente las sanciones fueron olvidadas y hoy son parte del exclusivo club de países. En un futuro, tal vez no tan lejano, podría suceder lo mismo con Irán o Corea del Norte. Nadie está dispuesto a iniciar una guerra con quien está en posesión de armas nucleares.
El terrorismo es un asunto grave, un crimen injustificable donde la mayoría de las veces mueren inocentes. El terrorismo de Estado lo es igual y debe ser condenado, pero ¿sucede aquello? ¿Qué ocurre con los organismos internacionales y con Naciones Unidas, en particular? ¿Porqué los países callan? La respuesta es más bien simple. Todo está en relación con el cálculo de intereses, balances estratégicos y juegos de poder de las grandes potencias especialmente. Los países pequeños solo pueden observar sin espacio alguno para hacer oír su voz. Lo grave es la aceptación implícita de esta práctica que llama a las represalias y donde, otra vez, muchas veces son personas inocentes las que pagan el precio.
*Economista de la Universidad de Zagreb en Croacia y Máster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Exembajador, actualmente es Subdirector de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Chile.