Jun 15 2022
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Pol铆tica

En medio de las protestas populares, Lasso avanza en la criminalizaci贸n a los luchadores

Una acci贸n delineada por el gobierno y la derecha ecuatoriana ha sido el ataque violento a la expresi贸n popular y al derecho social a la resistencia reconocido en la Constituci贸n. Esto lo han realizado incluso en el uso del aparato judicial y la elaboraci贸n de leyes represivas.

En los hechos, mirando poco tiempo atr谩s, se puede recordar la injustificada y violenta represi贸n a las mujeres que realizaban la marcha del 8 de marzo; el ataque a estudiantes de medicina de Guayaquil que reclamaban presupuesto para tener profesores; la represi贸n a acciones pac铆ficas de la Uni贸n Nacional de Educadores que tuvo que realizar una segunda huelga de hambre para que el gobierno cumpla con la Ley que reconoc铆a el derecho a la homologaci贸n salarial.

Asimismo, el arresto, sin que se mire legalidad y raz贸n, de j贸venes a los que acusan de terrorismo; amenazas, en distintos momentos, a dirigentes de lucha antiminera, maestros y otros; entre otras.

En lo legislativo, un hecho muy grave ha sido la aprobaci贸n, el 7 de junio, de una Ley de Uso Progresivo de la Fuerza por parte de las instancias del Estado, que dentro de justos factores de protecci贸n a los polic铆as, introduce normas que puede posibilitar que la Polic铆a y las Fuerzas Armadas atenten contra los derechos humanos de la poblaci贸n civil en los contextos del leg铆timo derecho a la protesta social (Art 23,24 y 25).

La acci贸n de la CONAIE y los movimientos populares

La Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas (Conaie) plante贸 una agenda de diez puntos que no han sido atendidos por el gobierno, a pesar de su presentaci贸n en diversos momentos. Hacen relaci贸n a la situaci贸n econ贸mica y social de las mayor铆as ecuatorianas, la oposici贸n a las privatizaciones y al respeto debido a los 21 derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Con ello se convoc贸 a las acciones indefinidas, a realizarse de manera progresiva en los territorios a lo largo del pa铆s.

Avanza paro nacional indefinido en Ecuador | Noticias | teleSUREl planteo logr贸 r谩pido y creciente respaldo de los ind铆genas evang茅licos (Feine), las organizaciones campesinas ind铆genas y negras (Fenocin), el Frente Popular, la Uni贸n Nacional de Estudiantes (UNE), el Seguro Social Campesino (Feunasc), luchadores contra el extractivismo minero, peque帽os productores agr铆colas de la Costa, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), estudiantes secundarios y universitarios (FESE y FEUE), partidos de izquierda, entre otras.

Muchas de ellas a帽aden demandas propias que vienen de tiempo atr谩s y que, igualmente han sido negadas por el gobierno All铆 est谩n las demandas a un gobierno que no escucha al pueblo y se muestra servil a los mandatos del imperialismo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el primer d铆a, el 13 de junio, ya se realizaron acciones en la mayor parte de provincias y para el segundo d铆a crecieron en fuerza y n煤mero porque se a帽adi贸 la exigencia de libertad a Leonidas Iza, presidente nacional de la CONAIE y otros detenidos.

La prisi贸n del presidente de la CONAIE: viejo objetivo de la represi贸n

En diciembre de 2021, el Presidente Guillermo Lasso tild贸 al presidente de la Confederaci贸n de Nacionalidades Ind铆genas (Conaie) de 鈥渁narquista鈥 que buscaba acabar con la democracia y amenaz贸 con enfrentarlo 鈥渃on todo el poder del Estado鈥 hasta que termine 鈥渃on sus huesos en la c谩rcel鈥. Tambi茅n, en entrevista en el Palacio presidencial se帽alar铆a que 鈥溍塴 odia la democracia, 茅l odia la institucionalidad del Ecuador鈥︹.Qui茅n es Leonidas Iza, el presidente de la Conaie que encabeza el paro

En s铆ntesis, esas son las acusaciones con las que se le arresta poco despu茅s de la una de la ma帽ana del d铆a 14 junto a otros comuneros, al movilizarse en un veh铆culo por una de las carreteras m谩s usadas del pa铆s. A lo largo del d铆a, los voceros del gobierno hab铆an tratado de descalificar las acciones de protesta, por un lado, disminuyendo la participaci贸n real y, por otro, hablando de a comisi贸n de delitos de todo tipo.

As铆, la persecuci贸n permanente se fue justificando antes y durante las protestas. Sin embargo, la prepotencia de los represores les lleva a faltar a todas las normas legales para la detenci贸n. Seg煤n denuncia la Alianza por los Derechos Humanos: 鈥淟a detenci贸n es ilegal, arbitraria e ileg铆tima. Cuatro horas despu茅s de su detenci贸n su paradero sigue siendo desconocido y no se ha presentado ante ninguna autoridad competente a efectos de garantizar su derecho a leg铆tima defensa y tutela judicial鈥.

鈥淓l dirigente Iza permanece desaparecido, incomunicado de sus familiares y sin patrocinio legal. Durante el procedimiento, seg煤n qued贸 registrado, no fue debidamente informado de las razones para su detenci贸n ni de los derechos que lo asisten. Este estado de detenci贸n en indefensi贸n constituye un trato cruel y degradante鈥, a帽ade.

Seg煤n se observa en videos grabados por la ciudadan铆a y difundidos en redes sociales, la detenci贸n se llev贸 a cabo por individuos vestidos como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Polic铆a Nacional, quienes pararon el veh铆culo de uso personal de Iza, irrumpieron con forcejeos, abuso de fuerza, y sin exhibir orden legal de detenci贸n, extrajeron al dirigente ind铆gena.

Se lo llevaron sin rumbo conocido en una camioneta鈥 que no presenta distintivo de uso oficial y la placa no aparece registrada en servicios consultados, incluidos el Servicio de Rentas Internas (SRI), Agencia Nacional de Tr谩nsito y Agencia Metropolitana de Tr谩nsito, indic贸 la Alianza.

La propia Fiscal铆a General del Estado, a las 9h20 del d铆a se帽alaba que conoci贸 del arresto por las redes sociales y que tampoco hab铆a recibido el parte policial correspondiente, el que llegar铆a m谩s de una hora m谩s tarde. Estas condiciones s贸lo demuestran que se trata de un mensaje para atemorizar, sin lograrlo.

La figura gubernamental que aparece con el discurso m谩s agresivo es el Ministro del Interior, general Patricio Carrillo. Se trata de qui茅n ejerc铆a como Comandante de la Polic铆a durante el levantamiento ind铆gena y popular de octubre de 2019. En marzo del a帽o pasado la Defensor铆a del Pueblo denunci贸 al gobierno y funcionarios como Carrillo por presuntamente haber cometido 249 vulneraciones a los derechos humanos durante esos d铆as, seis fallecidos por acci贸n de agentes del Estado y unas 20 personas que perdieron un ojo por la represi贸n.Lasso sobre el 8M: 鈥淵o siempre voy a estar del lado de los polic铆as鈥 | Plan V

Con estos antecedentes, es por lo menos dudosa la actuaci贸n de una autoridad con ese tipo de acusaciones de delitos de lesa humanidad. Desde esa duda, hoy se le escucha sobre la presencia de unos supuestos grupos subversivos, mientras el Ministro de Defensa le acompa帽a diciendo que las protestas distraen su actuaci贸n contra el narcotr谩fico en momentos de la tercera cosecha de la coca en Colombia, y otros funcionarios del Estado pretenden que hay acciones de violencia concertada para derrocar al gobierno.

Esto 煤ltimo no lo plantean las organizaciones sociales y fue el propio Iza que indic贸 a los medios que si hab铆a una respuesta positiva del gobierno a las demandas, de inmediato se suspend铆an las acciones.

Lucha creciente y m谩s descr茅dito gubernamental

Los d铆as venideros anuncian mayor acci贸n de las organizaciones populares, sumadas ya a las convocatorias parciales y a las convocatorias particulares de cada sector. Cuentan con el apoyo de la mayor parte de la poblaci贸n, la misma que tiene al banquero Lasso en uno de los niveles m谩s bajos de aceptaci贸n que se recuerde.

El gobierno, por su parte, reafirma su car谩cter represivo y cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y la mayor parte de los Gobierno y Conaie 'tantearon el terreno' en el primer d铆a de paro nacionalmedios de comunicaci贸n de tipo comercial. En Cotopaxi un polic铆a fue agredido y se usan altos niveles de represi贸n; en Quito, tres abogadas que trabajaban en el monitoreo de la detenci贸n de manifestantes, seg煤n denuncia INREDH, fueron tambi茅n agredidas la noche del d铆a 14.

En estas condiciones, r谩pidamente pueden cambiar las condiciones pol铆ticas y econ贸micas del pa铆s. La crisis se profundiza y se observa un pueblo que busca alternativas valederas. El gobierno no est谩 en condiciones de detenerlo desde la legalidad. Por ello, la defensa de los derechos humanos y constitucionales se convierte en una necesidad del momento, mientras los ind铆genas y de m谩s sectores populares luchan por sus derechos.

*聽聽Acad茅mico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, www.estrategia.la)

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