«Espero que en Italia se haga justicia, en Chile fue imposible»
Nicolò Aldobrandini*
Lo dice Fresia Cea, viuda de Omar Venturelli, por cuyo asesinato se juzga en Roma al ex fiscal militar de Temuco, Alfonso Podlech (der). Otra mujer, cuyo cónyuge. el médico Hernán Henríquez, fue también muerto durante la dictadura, afirma que no es venganza el proceso a Podlech, es para que las futuras generaciones crean en las instituciones y la democracia. La parte acusadora pide prisión perpetua para la bestia humana, famoso también por el brutal trato dado a la población mapuche.
Podlech está recluido en la cárcel de Rebibbia, en Roma, donde goza de buena salud tras ser extraditado desde España en agosto de este año; en su calidad de fiscal militar de la ciudad de Temuco –y fervoroso partidario de la dictadura militar cívica instaurada en 1973 en el país austral– contribuyó de manera efectiva a engrosar el listado de "desaparecidos" y muertos por los agentes de gobierno y otros esbirros de la junta.
Como la enorme mayoría de los represores y quienes dieron un marco de aparente juridicidad a su actuar, durante todos estos años el ex fiscal se benefició de la "omerta" (o ley del silencio) que protege todavía a quienes protagonizaron la triste violación de los principios humanitarios de la civilización en Chile.
Para Podlech, empero, podría caer el ocaso defintivo. El abogado a cargo de la representación del asesinado Omar Venturelli, Giancarlo Maniga, dijo que pediría al tribunal "el máximo castigo que existe en Italia", prisión perpetua, y que demandará no se le conceda el beneficio de arresto domiciliario por "temor a que escape a Chile", donde con pocas dudas sus andanzas seguirán envueltas en el manto de la impunidad.
El tribunal dará su fallo sobre este asunto en enero de 2009. Mientras, el fiscal italiano Giancarlo Capaldo continúa diligenciando el caso. Hasta la fecha ha firmado no menos de 130 órdenes de detención contra responsables de diversos crímenes cometidos durante la vigencia de la Operación Cóndor –suerte de "solución final" coordinada por las dictaduras del Cono Sur para eliminar sin mayores trámites a quienes juzgaban sus enemigos–; sin embargo los actores de la justicia europea no logran hacerse escuchar, al menos no correctamente, por sus pares en América Latina, y en Chile en particular.
Venturelli, ex sacerdote y partidario del proceso social de la Unidad Popular, tras colgar los hábitos casó con Fresia Cea, con quien tuvieron una hija. Al ser detenido en octuibre de 1974 era profesor de la Universidad Católica de Temuco, ciudad ubicada en el corazón de la tierra mapuche a unos 680 kilómetros al sur de la capital del país.
La viuda de Venturelli se manifestó esperanzada de que en Italia se pudiera conseguir justicia, puesto que en Chile no había sido posible enjuiciar al asesino de su esposo. Dijo Cea a una agencia internacional de noticias (AP) que había escrito a la presidenta Bachelet pidiendo alguna acción o apoyo del gobierno, pero que nunca "tuve ni siquiera una respuesta".
Ruth Kries, viuda del médico Hernán Henríquez, que vive en Alemania, fue interrogada en el marco de esta causa por el fiscal Capaldo, acusando a Podlech por el asesinato de su marido; señaló luego que estos crímenes deben ser cast igados de acuerdo con la ley "no por venganza, sino para que las generaciones futuras crean en las instituciones y en la democracia".
El fiscal italiano demás interrogó a Jeremías Levinao, que integraba una comunidad mapuche, quien afirmó que el ex fiscal militar ordenó su detención, la que se prolongó por un año y medio; hizo hincapìé en la brutalidad de la conducta de Podlech para con las comunidades indígenas.
* Desde Roma.