Sep 9 2004
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Pol铆tica

La criminalizaci贸n, de M茅xico a Usuhaia

Aparecida en la revista Piel de Leopardo, integrada a este portal.

Luego de tres d铆as de sesiones y talleres, la III Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos resumi贸 en una Declaraci贸n Final el panorama que presentaron los representantes de los 20 pa铆ses de Am茅rica Latina que se reunieron en este encuentro. Las principales conclusiones y compromisos son:

– La criminalizaci贸n de los movimientos sociales es una tendencia y precisa ser denunciada. En este sentido, los representantes se comprometieron a iniciar una campa帽a para denunciar la pol铆tica de criminalizaci贸n de los reclamos y protesta social como forma del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos econ贸micos, sociales y culturales de la poblaci贸n. Tambi茅n solicitar谩n a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que realice una investigaci贸n y un monitoreo sobre la criminalizaci贸n del reclamo y la protesta social.

– Se presentar谩n ante la Comisi贸n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, los informes nacionales preparados para la Consulta y la Declaraci贸n Final.

– Se compartir谩n los resultados de la III Consulta con la Uni贸n Europea para que esta organizaci贸n asuma un rol m谩s activo en lo que se refiere a la protecci贸n de los defensores y defensoras.

– Qued贸 conformada una red de comunicaci贸n y articulaci贸n que dar谩 continuidad a los procesos y las acciones. Este Comit茅 Articulador trabajar谩 entre Consulta y Consulta. Por la Argentina, la representaci贸n ha reca铆do en Alerta Salta. El Comit茅 se completa con representaciones de Brasil, Ecuador, Colombia y Guatemala, adem谩s de las organizaciones Amnesty Internacional y el Center for Justice and International Law (CEJIL).

– Los participantes solicitar谩n una audiencia con la Comisi贸n Interamericana a donde presentar谩n los informes por pa铆ses presentados en esta Consulta y exigir谩n que haya m谩s recursos financieros y humanos para la representaci贸n de los defensores de derechos en las Naciones Unidas.

– Tambi茅n se elabor贸 un pronunciamiento espec铆fico sobre la militarizaci贸n del continente por parte de los Estados Unidos donde se expresa la preocupaci贸n por el proceso de militarizaci贸n y se proponen espacios de intercambio de informaci贸n, an谩lisis y denuncia para monitorear este problema.

芦El Comit茅 Articulador ser谩 el encargado del seguimiento de los temas denunciados en esta Consulta y la coordinaci贸n de las campa帽as y presentaciones -informa el doctor Claudio Pandolfi quien particip贸, junto a las delegadas argentinas Carolina Fern谩ndez, del MTR y la doctora Mara Puntano, de la UTD, de esta reuni贸n-. La Comisi贸n Interamericana sesiona en las primeras semanas de octubre y la idea es que una comisi贸n viaje a Washington para presentar los informes por pa铆ses, la Declaraci贸n Final y denunciar, espec铆ficamente, el tema de la criminalizaci贸n. Lo que hemos entendido en esta Consulta es que el tema de la criminalizaci贸n recorre toda Latinoamerica, muy especialmente como una forma de perseguir a los sectores gremiales y estudiantiles, que son los que han protagonizado las luchas de resistencia al modelo de globalizaci贸n neoliberal.

Se han presentado denuncias, como en el caso de Colombia, de conflictos que han sido calificados por la justicia de 芦actos de terrorismo禄. En el resto de Latinoam茅rica la palabra que usan en 芦judicializaci贸n禄, nosotros usamos 芦criminalizaci贸n禄, pero estamos hablando de lo mismo y esto despert贸 mucha preocupaci贸n por parte de todos los delegados: comprobar que de M茅xico a Ushuaia demandar el cumplimiento de los derechos sociales est谩 siendo considerado un delito.

-驴C贸mo fue recibido el informe sobre la situaci贸n en la Argentina que present贸 Alerta Salta?

-Con mucho inter茅s. Hab铆amos llevado sesenta copias en CD y tuvimos que hacer 30 m谩s ah铆 mismo porque nos ped铆an en informe en todos lados. El inter茅s se multiplic贸 porque muchos delegados lo leyeron el primer d铆a y comenzaron a comentarlo. Tal cual previmos, no ten铆an un panorama claro sobre la situaci贸n actual en la Argentina y el informe, en ese sentido, fue para muchos esclarecedor.

-驴C贸mo se garantizar谩, a partir de ahora, la continuidad de las tareas propuestas en esta Consulta?
-A partir del Comit茅 Articulador, que Alerta Salta integra. Este Comit茅 ser谩 el encargado del seguimiento y coordinaci贸n de las tareas propuestas. La primera es consensuar la delegaci贸n que ir谩 a Washington para presentar ante la Comisi贸n Interamericana los informes que elabor贸 cada pa铆s para esta Consulta, as铆 como la Declaraci贸n Final. Tambi茅n se presentar谩 una denuncia sobre el tema de la criminalizaci贸n que se tendr谩 que preparar de aqu铆 a octubre.

Este es el texto completo de la Declaraci贸n Final de la III Consulta Latino-Americana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos realizado en San Pablo, Brasil, entre el 25 y el 27 de agosto:

芦Ochenta y siete defensores y defensoras provenientes de 20 pa铆ses de las Am茅ricas y observadores internacionales de Africa, Asia y Europa, en representaci贸n de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, nos hemos reunido con el objeto de conocer y analizar las nuevas situaciones de violaciones de derechos humanos que enfrentan y sufren defensores y defensoras, incluidos los movimientos sociales. As铆 como, tambi茅n, asumir el desaf铆o de proponer e instrumentar pol铆ticas activas para resolver estas situaciones.

La III Consulta se realizo en seguimiento de las Primera y Segundas Consultas, con una amplia representaci贸n de sectores y activistas, que van desde comunidades ind铆genas, ONG de defensa de derechos humanos, grupos de defensa de los derechos de la mujer, ambientalistas, de la comunidad gay y de lesbianas, defensores de derechos de infancia y adolescencia, movimientos campesinos, sindicalistas, afro-descendientes y luchadores sociales, entre otros.

Considerando

– Que el concepto de defensor contenido en la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada en 1998, incluye como tales a todas las personas que defienden los derechos humanos consagrados en los diversos Tratados, Convenios y Declaraciones Regionales e Internacionales, incluido los integrantes de los diversos movimientos sociales que en el continente reclaman la vigencia de los derechos humanos, civiles y pol铆ticos econ贸micos, sociales y culturales y colectivos.

– Que desde la realizaci贸n de la segunda consulta latinoamericana (Guatemala Julio 2002) a la actualidad la situaci贸n de ataques, amenazas y hostigamiento hacia los defensores y defensoras se ha agravado, a la vez que ha tomado nuevas formas.

– Que las mujeres defensoras sufren violaciones especificas a sus derechos como tales.

– Que el Estado debe ser el garante de la plena vigencia de los derechos humanos y de la seguridad y protecci贸n de la actividad de los defensores y defensoras y que por lo tanto tiene obligaciones indelegables tanto de respetar como impedir la acci贸n de sus agentes, como la de particulares que actuan con su adquicencia o cooperaci贸n, o que lo hacen por su omisi贸n o falta de regulaci贸n. En consecuencia la situaci贸n y garant铆as de los defensores y defensoras en la regi贸n es responsabilidad de pol铆ticas y acci贸n de los Estados.

– Que pocos Estados han adoptado pol铆ticas de protecci贸n hacia los defensores y defensoras.

– Que vivimos bajo los impactos de la guerra contra el `terrorismo` como reacci贸n del gobierno de los Estados Unidos y su coalici贸n al repudiable atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta guerra, que se produce en el marco de la globalizaci贸n y el neo-liberalismo que operan para la exclusi贸n econ贸mica y social, considerando que el individuo y el ciudadano son ef铆meros y descartables, constituye una nueva expansi贸n del modelo neoliberal.

– Que producto de la implementaci贸n de las medidas econ贸micas neoliberales impuestas por el BID y el FMI y Banco Mundial en los diferentes pa铆ses se ha precarizado la situaci贸n de la vida humana haciendo de esta forma m谩s dif铆cil pero m谩s necesario el trabajo de las defensores y defensoras de los derechos humanos.

– Que adem谩s de los grupos paramilitares y fundamentalistas, la globalizaci贸n ha tra铆do nuevos actores no estatales (por ejemplo: multinacionales, grupos de poder econ贸mico, que incluso manejan medios masivos de comunicaci贸n), que participan activamente en las violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, en particular contra comunidades ind铆genas, afro-descendientes, campesinos, los movimientos sociales, poblaci贸n desplazada y sindicalistas, entre otros.

– La globalizaci贸n neoliberal y la imposici贸n de pol铆ticas por parte de los organismos financieros multinacionales ha hecho que la violaci贸n de los derechos econ贸micos, sociales y culturales se transforme en una violaci贸n estructural a los derechos humanos.

– Que ante la falta de recursos humanos y financieros de las instancias regionales e internacionales de protecci贸n de derechos humanos, hay un debilitamiento de los mecanismos de protecci贸n espec铆ficos para defensores y defensoras.

– Que todas y cada una de las amenazas, intimidaciones, persecuciones, judicializaciones y dem谩s ataques que sufren los defensores y defensoras tienen como claro objetivo pol铆tico el sancionar, obstruir o impedir el trabajo que los mismos realizan y que por consiguiente no son un ataque personal sino un ataque com煤n a toda la sociedad

Declaramos

– Que en el continente, los defensores y defensoras contin煤an siendo v铆ctimas de amenazas, detenciones arbitrarias, exilio, secuestro y asesinato.

– Que dentro de las nuevas formas de persecuci贸n de los defensores y defensoras, esta la judicializaci贸n de sus actividades, con una grave tendencia a la criminalizaci贸n del reclamo y protesta social, utilizando figuras que van desde delitos de menor gravedad hasta imputaciones de terrorismo.

– Que en este contexto, algunos Estados de la regi贸n han modificado y otros pretenden modificar legislaci贸n con el objeto de limitar e incluso penalizar la actividad de los defensores y defensoras, as铆 como tambi茅n el leg铆timo ejercicio del reclamo y protesta social, aplicando contra las mismas leyes antiterroristas.

– Que en muchos pa铆ses hay una planificada campa帽a de desprestigio, con el objetivo de aislar el trabajo de los defensores y defensoras pretendiendo hacerlos responsables de las situaciones de inseguridad y aumento de la delincuencia, generando una peligrosa y falsa asociaci贸n entre defensa de derechos humanos y delito.

– Que a la inversa de estas posiciones, reivindicamos el papel legitimo de los defensores y defensoras en la construcci贸n de la justicia social, la democracia y el Estado de Derecho.

– Que reivindicamos la legitima naturaleza pol铆tica de la defensa y la promoci贸n de los derechos humanos, fundamentos esenciales de la democracia, del estado de derecho y de una sociedad justa y participativa, en la que se hayan eliminado la opresi贸n, la miseria, las desigualdades y todas las formas discriminaci贸n.

– La necesidad de instrumentar pol铆ticas activas para enfrentar y revertir el ataque hacia el trabajo de los defensores y defensoras.

– Que los programas estatales y los mecanismos internacionales de protecci贸n a defensores y defensoras deben garantizar no solo la seguridad del defensor, sino tambi茅n la continuidad de su trabajo. En forma integral estos programas deben prevenir los ataques e implementar pol铆ticas activas de desarticulaci贸n, desmantelamiento y penalizaci贸n de los agentes agresores, sean estos estatales y – o para estatales.

– La necesidad de articular la actividad de los defensores y defensoras con los movimientos sociales y con otras redes y sectores para una acci贸n conjunta en la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos econ贸micos, sociales, culturales y colectivos.

– Solo cuando la sociedad en su conjunto asuma los derechos humanos como propios se iniciara un efectivo proceso de construcci贸n e implementaci贸n de los mismos.

– La urgente necesidad de fortalecer las instancias internacionales, regionales, nacionales y locales de protecci贸n de los defensores y defensoras.

– Que las luchas sociales y el reclamo por la vigencia de los derechos universalmente consagrados nunca debe considerarse como delito o acto criminal, sino una reivindicaci贸n justa. Por el contrario debe ser denunciado como criminal aquel Estado que no cumple con sus obligaciones, ni garantiza los derechos de su poblaci贸n.

Proponemos

– Seguir fomentando el concepto amplio de defensor y defensora de derechos humanos y la aprobaci贸n del mismo, conforme a la Declaraci贸n de Naciones Unidas de 1998, haciendo una clara reivindicaci贸n de la legitimidad de la actividad pol铆tica que ejercen los defensores y defensoras en la construcci贸n de un verdadero Estado de Derecho y de justicia social.

– Formular pol铆ticas activas para detener las continuas agresiones y violaciones a los derechos humanos en general y ataque a los defensores y defensoras en particular, provenientes de agentes estatales y no estatales, no solamente para reclamar su sanci贸n sino tambi茅n para evitar que las mismas se produzcan.

– Iniciar campa帽as para enfrentar no solo las formas habituales de persecuci贸n que sufren los defensores y defensoras sino tambi茅n para combatir las nuevas tendencias, en particular la criminalizaci贸n del reclamo y la protesta social y las campa帽as de desprestigio contra el activismo social y de defensa de derechos humanos.

– La continua organizaci贸n y desarrollo de procesos nacionales para examinar la situaci贸n en la que se encuentran los defensores y defensoras, sus necesidades y elaborar propuestas e implementar pol铆ticas activas de protecci贸n de la actividad que realizamos.

– Que los grupos espec铆ficos de defensores y defensoras deben ser escuchados en la elaboraci贸n de las medidas para su protecci贸n atendiendo a las necesidades particulares de los mismos.

– Implementar pol铆ticas y mecanismos de comunicaci贸n de la consulta latinoamericana.

Nos comprometemos a:

– Trabajar por la ratificaci贸n y cumplimiento por parte de los Estados de toda la normativa internacional de derechos humanos.

– Trabajar para que los Estados adopten en sus legislaciones nacionales y pol铆ticas p煤blicas, la Declaraci贸n de Naciones Unidas de 1998, como marco inicial de protecci贸n de los derechos de los defensores y defensoras.

– Denunciar la utilizaci贸n de los aparatos de inteligencia del Estado para monitorear, interferir y impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.

– Denunciar la pol铆tica de criminalizaci贸n de los reclamos y protesta social como forma del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos econ贸micos, sociales y culturales de la poblaci贸n.

– Ejercer la protesta social como legitima forma de reclamar derechos conculcados, en concordancia con la Declaraci贸n de Naciones Unidas de 1998.

– Solicitar a la Comision Inter-Americana la celebraci贸n de una audiencia sobre defensores en su pr贸ximo periodo de sesiones.

– Presentar ante la Comision Inter-Americana los informes por pa铆ses, elaborados para esta Consulta y la Declaraci贸n Final de la misma.

– Presentar ante la Comisi贸n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, los informes nacionales preparados para la Consulta y la Declaraci贸n Final.

– Pedir a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que realice un estudio sobre la criminalizaci贸n del reclamo y la protesta social.

– Pedir tambi茅n a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos revisar el procedimiento de las acciones urgentes para mantener informado a los peticionarios de las acciones emprendidas.

– Pedir a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de respaldar adecuadamente el mandato de la Representante Especial para los Defensores de Derechos Humanos, con mayores recursos humanos y financieros.

– Compartir los resultados de la III Consulta con la Uni贸n Europea para que esta organizaci贸n asuma un rol m谩s activo en lo que se refiere a la protecci贸n de los defensores y defensoras.

– Promover los lineamientos de la Uni贸n Europea sobre defensores de derechos humanos entre los defensores y defensoras de la regi贸n con el fin de que estos puedan demandar su implementaci贸n.

– Convocar a que los defensores y defensoras documenten las violaciones que sufren, incluyendo los casos de criminalizaci贸n, para formular denuncias nacionales, regionales e internacionales, definir e impulsar acciones, y proponer pol铆ticas para enfrentar estas situaciones.

– Sumarnos a la campa帽a internacional sobre defensoras de derechos humanos e integrar el tema de la protecci贸n de las defensoras en nuestras actividades.

– Continuar la campa帽a de divulgaci贸n de la Declaraci贸n de Naciones Unidas para Defensores en otras redes sociales.

– Adoptar el pronunciamiento sobre el militarismo emitida por las organizaciones en esta III Consulta y cuyo texto forma parte anexa de esta Declaraci贸n.

– Mantener y fortalecer la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos como camino y proceso social de articulaci贸n, comunicaci贸n y solidaridad en la defensa y vigencia del urgente y digno trabajo que desarrollamos las y los defensores de derechos humanos.

– Difundir la Declaraci贸n Final, acuerdos e informes de la III Consulta a nivel nacional, regional e internacional.

San Pablo, 27 de agosto de 2004

Anexo

Pronunciamiento de Organizaciones Frente al Militarismo

Nosotros y nosotras, en representaci贸n de nuestras organizaciones, reunidos en el marco de la III Consulta Latinoamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, los d铆as 25 a 27 de agosto de 2004 en Sao Paulo, Brasil, realizamos un espacio de di谩logo e intercambio en torno al fen贸meno del militarismo en el mundo y en nuestra regi贸n, el cual vemos como un grave problema que genera violaci贸n de los derechos humanos y derechos de los pueblos.

Fue de gran preocupaci贸n para todos y todas las expresiones actuales y pasadas de la presencia militar de Estados Unidos en diferentes formas y sus fatales consecuencias en la vida de nuestros pueblos.

Es as铆 que se帽alamos las bases militares implantadas en Comalapa, El Salvador; Palmerola, Honduras; Malta, Ecuador; Guant谩namo; Cuba; Aruba y Cura莽ao, como tambi茅n la contaminaci贸n con t贸xicos qu铆micos y explosivos no detonados en Vieques, Puerto Rico, y en Panam谩. Operaciones militares camufladas de asistencia social y de gestiones de paz. Fronteras militarizadas como M茅xico, Colombia, y Argentina, ocupaciones, ejercicios e intervenciones militares, el adiestramiento y transferencia militares y policiales a fuerzas de seguridad y ej茅rcito en la regi贸n y en el hemisferio a trav茅s de m谩s de 200 centros de capacitaci贸n como la SOA / WHINSEC (la famosa Escuela de Asesinos), y la propuesta de crear el ILEA (International Law Enforcement Academy), entre otras muchas manifestaciones de esta pol铆tica de los Estados Unidos en el mundo.

Dada la gravedad del problema concluimos con la necesidad de:

1. Abrir entre las organizaciones un espacio de contacto permanente, di谩logo, intercambio e iniciativas con la idea de darle seguimiento a este problema.

2. Poner en com煤n informaci贸n, an谩lisis, estudios y experiencias de lucha de nuestros pueblos referente al militarismo colonial, intervenciones militares y todo tipo de manifestaci贸n de esta pol铆tica hegem贸nica que afecta a nuestros pueblos.

3. Invitar y motivar a otras organizaciones nacionales y regionales a incluir en sus agendas en esta iniciativa.

Concluimos expresando un saludo a las iniciativas semejantes surgidas en el mundo, particularmente en nuestra regi贸n latinoamericana con la expectativa de unir esfuerzos para enfrentar este grave reto.

Sao Paulo, Brasil, 27 de agosto de 2004.

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