Al negocio de los mercados de carbono se suma ahora el mercado de carbono entre países, mediante sus estados. Ya no se trata sólo de comercio de carbono entre o con empresas, sino que también los países pueden vender cuotas de contaminación a otros países.
Es grave por muchos motivos. No son reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que se sigue empeorando la crisis climática con esta nueva excusa. Además, los estados, como “dueños” del carbono, disponen de la fuerza pública para garantizar las transacciones, por ejemplo, contra comunidades que defiendan sus territorios.
El informe de Grain “La fiebre del carbono de los estados: más amenazas para las comunidades y el clima”, explica esta nueva tendencia y cómo los estados del Sur Global ven una nueva fuente de ingresos en la venta de la capacidad de sus ecosistemas de absorber carbono a los países del Norte Global, que lo contabilizan como si fuera su propia acción climática. (https://grain.org/e/7368)
El nuevo mecanismo, bautizado con el críptico nombre de “resultados de mitigación transferidos internacionalmente” (ITMO, por sus siglas en inglés), se enmarca en el artículo 6 del Acuerdo de París sobre cambio climático. Este artículo trata sobre cómo negociar, intercambiar o compensar emisiones, no sobre reducir emisiones. El artículo 6.2 establece el marco para intercambiar entre países el secuestro de carbono y otras medidas de mitigación del cambio climático, algo novedoso en el contexto.
El artículo 6.4 refiere a las demás formas de mercado de carbono, similares a las que ya existen, pero con supuestas nuevas metodologías y reglas. Es el artículo preferido de las trasnacionales petroleras y otras grandes industrias causantes del cambio climático, porque remoza a los desprestigiados mercados de carbono, agrega nuevas áreas que pueden ser objeto de esos mercados –como suelos agrícolas, mares y costas– y, además, le da una apariencia de “integridad” a esos mercados, al estar sancionados por normas de la ONU, aunque éstas sean voluntarias.
La limpieza de imagen les urge a los comerciantes del carbono porque el mercado está atravesando la falta de credibilidad, luego de una secuela de escándalos en años recientes que revelaron que la mayor parte de los créditos de carbono, materia prima de esos mercados, no tienen una base real, sino que son créditos fraudulentos porque no generan nueva captación de carbono y, en muchos casos, favorecen el aumento del cambio climático (https://tinyurl.com/ycy8jx8p).
Por ello, se quiere dar la imagen de que los proyectos que se aprueban bajo las normas del artículo 6 del Acuerdo de París garantizan créditos de carbono de “alta integridad”. No obstante, la organización Carbon Market Watch analizó el primer lote de proyectos aprobados a inicios de 2025 y descubrió que sólo uno de cada 26 créditos emitidos sobre esos proyectos podrían ser reducciones reales de emisiones de carbono (https://tinyurl.com/42mme7v3).
México es un país muy buscado para proyectos de carbono, de los cuales casi 90 por ciento son forestales y se trata de contratos con comunidades o ejidos. No es extraño, porque –además de la riqueza de sus ecosistemas– hay un gran marco de ambigüedad legal, la vasta mayoría de proyectos son con mercados voluntarios y las empresas verificadoras y certificadoras ponen sus condiciones tanto en contenidos como en los precios a pagar, además de quedar sujetos a la volatilidad de los mercados financieros.
Las ganancias de esas transacciones van en su gran mayoría (hasta 90 por ciento) a los intermediarios (https://tinyurl.com/mr4yyxzs).
Grain anota que la mayoría de proyectos de los nuevos mercados de carbono se enfocan en monocultivos de árboles a gran escala, delimitación de zonas forestales para su conservación y en la modificación de las prácticas tradicionales de agricultores, pastores y ganaderos, lo cual es probable que se traduzca en más acaparamiento de tierras a fin de destinar más áreas al secuestro de carbono.
El informe constata que entre 2016 y 2024 más de 9 millones de hectáreas de tierras en el Sur
Global ya habían sido expropiadas para proyectos de monocultivos de árboles y otros cultivos destinados a la producción de créditos de carbono. Esto ocurrió antes de que los créditos de carbono contemplados en el artículo 6 comenzaran a implementarse. La fiebre de acaparamiento de tierras comunitarias podría empeorar considerablemente, así como el cercado de tierras y de áreas públicas, ahora con la intervención de los estados.
Crear “un mayor número de créditos de carbono sólo nos alejará de las reducciones reales de emisiones que se necesitan con urgencia. “Este nuevo mercado de cumplimiento es potencialmente más peligroso para las comunidades que el mercado voluntario. Otorga a los gobiernos un interés financiero en los proyectos que autorizan, involucrándolos directamente en cualquier conflicto territorial entre los promotores de proyectos y las comunidades” (https://grain.org/e/7368).
* Investigadora uruguayho-mexicana del grupo ETC
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