Un estudio revela que 4,6 millones de menores estadounidenses viven con un progenitor en riesgo de deportación, aunque estima que el número de afectados es mucho mayor a lo calculado
Más de 145.000 niños estadounidenses han sufrido la detención de uno de sus padres desde que el presidente Donald Trump volvió al cargo en enero de 2025 y más de 22.000 de ellos la de ambos progenitores, según un informe de la Brookings Institution, que establece que son 146.635 menores los afectados por las políticas migratorias de Trump y que, de esta cifra, el 36,5% son menores de seis años, el 36,1% tienen entre seis y 12 años y el resto, entre 13 y 17.
Los hallazgos apuntan a una escala de separaciones familiares que eclipsa con creces la de la política de “tolerancia cero” del primer gobierno de Trump en 2018, cuando unos 5.500 niños fueron separados de sus padres inmediatamente después de cruzar la frontera sur. Tres cuartas partes de los niños separados de sus padres son probablemente ciudadanos estadounidenses, según estimaciones de la Institución Brookings
Las organizaciones humanitarias coinciden en que la orden ejecutiva de Trump pone en peligro una veintena de derechos humanos como los de expresión, información, asilo o reunión. AI alerta de ataques a la libertad de prensa; castigos por discursos y protesta; coerción a la sociedad civil y las universidades; represalias contra los críticos; señalamiento del sistema judicial; expulsiones ilegales del país; ataque a los derechos de los refugiados y los migrantes; la militarización; alimentar la vigilancia y la inteligencia artificial, permitiendo la rápida represión; señalamiento de colectivos así como el retroceso en la lucha contra la corrupción y de sistemas que apoyan los derechos humanos globalmente.
Desde la reelección de Trump como presidente de los EU, el país se dirige a un estado autoritario donde se ven coartados derechos básicos como la libertad de expresión, la independencia judicial o las acciones militares ilegales fuera de sus fronteras. En este sentido, Amnistía Internacional (AI) identifica 12 indicativos de esta deriva en el informe publicado este martes bajo el título Suenan las alarmas: aumento de las prácticas autoritarias y erosión de los derechos humanos en los Estados Unidos.
La organización denunció prácticas autoritarias en EU que ya han visto en países como El Salvador, Hungría, Argentina o Etiopía. Una forma de gobernar, a golpes de orden ejecutiva, que la organización asegura que pone en peligro una veintena de derechos humanos como los de expresión, información, asilo o reunión.
AI considera que Trump ha hecho uso de recursos militares de manera «innecesaria e inapropiada» para hacer frente a las protestas y «apoyar la persecución agresiva e ilegal de los migrantes bajo el pretexto de un crimen urbano falso». A ello se suma la constante presencia en las calles del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que arresta a migrantes de manera indiscriminada y se ha cobrado la vida de Renee Good el pasado 7 de enero en Mineápolis, que ha desatado una nueva ola de protestas contra la actuación del ICE en todo el país. Una utilización de recursos federales que AI considera que ha «evadido las estructuras de gobierno locales y estatales» para «poner a prueba los límites del poder ejecutivo».
Militarización de las calles
Amnistía Internacional denuncia que una de las prácticas autoritarias que ha puesto en peligro los derechos de expresión y libertad de los estadounidenses, es convertir la militarización de las calles en la «nueva normalidad» para aplicar la ley. La organización considera que el despliegue de militares en las ciudades aumenta el riesgo de «intimidación, uso de la fuerza y supresión del derecho a reunión».
El análisis de Brookings matiza que no existen datos fiables sobre cuántos detenidos o deportados tienen hijos en Estados Unidos, ni sobre qué sucede con ellos una vez que su progenitor es arrestado, por lo que se centran en los detenidos, sobre quienes tienen «mejor información que sobre los deportados». Estas cifras, relativas a los menores afectados por las decisiones en política migratoria de la Casa Blanca, reflejan la intensidad de la labor realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), desde que Trump regresó al poder y que ha generado protestas por todo el país.
Actualmente, y según el informe de Brookings, unas 60.000 personas se encuentran detenidas, y casi 400.000 han sido trasladadas a centros de detención del ICE. El análisis de Brookings recoge las dudas sobre qué sucede con los niños luego de ser separados de sus padres. Asociaciones citadas en el informe «animan a los padres que desean que sus hijos permanezcan en Estados Unidos a elaborar un plan de preparación familiar, designando a un amigo o familiar cercano que se hará cargo del niño si ellos no pueden hacerlo».
«En muchos de estos casos, el Gobierno desconoce la existencia de niños que se quedan atrás, y la mayoría de los padres prefieren evitar el contacto con el sistema de bienestar infantil, incluso si solo cuentan con opciones de cuidado deficientes», señala el estudio.
Aún así, el informe apunta que el número de niños ciudadanos estadounidenses que enfrentan la amenaza de separación familiar es mucho mayor que los 145.000 que se estima que la han sufrido durante el tiempo de la segunda administración Trump.
Brooklings calcula que hay 13 millones de adultos «indocumentados» o con estatus migratorio irregular, con protección parcial y que, entre sus familias se encuentran más de 4,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses que viven con un progenitor en riesgo de deportación, incluyendo casi 2,5 millones de niños que podrían enfrentar la detención de ambos.
En paralelo, el miedo a ser apresado por el ICE también se ha extendido a toda aquella persona con residencia legal en el país que exprese ideas contrarias a la Administración. El precedente está en la detención de los estudiantes Mahmoud Khalil y Rumeysa Ozturk por su participación en las protestas propalestinas que ya desató un miedo generalizado en los campus universitarios, tanto entre alumnado como investigadores, a que sus líneas de investigación o posicionamientos políticos pusieran en peligro sus visados.
Indirectamente, el cuerpo de Inmigración tenía una función de policía política y aunque el número de detenciones de este tipo no sea altísimo, bastó con unos pocos casos para sembrar el temor en la mente de toda la comunidad educativa.
Secuestro de migrantes
La nueva cotidianidad de los Estados Unidos de Donald Trump está marcada por escenas donde, a plena luz del día, hombres encapuchados detienen en medio de la calle a personas y las cargan dentro de furgones negros. Los pasamontañas, gafas de sol y derivados para mantener el anonimato se han convertido en parte del uniforme de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Antes de usar la Guardia Nacional para intimidar a los bastiones demócratas, Donald Trump ya había enviado a Los Ángeles, Chicago y Portland grandes contingentes del ICE para sembrar el terror.
A falta de la existencia de una policía federal con jurisdicción para controlar el orden público -eso recae en cuerpos estatales y locales en primera instancia-, el presidente estadounidense ha encontrado en el cuerpo de inmigración su propio brazo policial al que puede movilizar donde quiera bajo el pretexto de su cruzada contra los migrantes. Del mismo modo, Trump también ha encontrado un resquicio en la Guardia Nacional para poder desplegar militares dentro del territorio doméstico bajo la declaración de supuestas emergencias. Para muchas ciudades demócratas, ambas facciones se han convertido en un binomio inseparable en los nuevos mecanismos que el presidente está encontrando para extralimitar su poder.
El segundo mandato de Trump trajo consigo un aumento de los arrestos en la vía pública, inclusive en los tribunales de migración, con detenciones a personas que acudían a audiencias rutinarias. Esto generó que organizaciones civiles interpusieran denuncias por el impacto disuasorio de esta práctica sobre la asistencia a los tribunales. Los demandantes argumentaron que estas detenciones provocaban miedo entre las personas migrantes y podían afectar el acceso al debido proceso, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida como una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación.
Un juez federal en Nueva York, Kevin Castel, prohibió que agentes del ICE realicen en gran medida detenciones dentro o en las inmediaciones de tribunales de migración en la ciudad, en una decisión que revierte fallos previos y cuestiona la base legal de la práctica, que había sido un componente central y controversial de la estrategia migratoria de Trump en la ciudad. El juez emitió la orden este lunes en el distrito sur de Nueva York, al considerar que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.
* Economista, politólogo y analista estadounidense, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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