La extracción de minerales para energía limpia afecta la Amazonia
Luiz Felipe Fernandes
– La demanda de minerales para producir tecnologías limpias conlleva riesgos potenciales para Amazonía. Territorios indígenas y áreas protegidas son los dos sectores en mayor riesgo de explotación minera. Especialistas advierten que no se puede descarbonizar a países desarrollados a costa del Sur Global
La Amazonía Legal brasileña corre el riesgo de verse afectada, directa o indirectamente, por la expansión de la minería impulsada por la demanda de materiales usados en tecnologías de energía limpia, como cobre, bauxita, manganeso y hierro.
La Amazonía Legal comprende ocho estados brasileños en su totalidad y el 79 por ciento del estado de Maranhao. En conjunto, abarca más de cinco millones de kilómetros cuadrados.
Un estudio que se publicará en la edición impresa de abril de la revista Resources Policy señala que casi 363.000 kilómetros cuadrados de esos territorios –que albergan cerca de 178.000 pobladores indígenas y más de 17.000 quilombolas (comunidades de descendientes de esclavos)– están amenazados por la expansión minera.
Tras analizar la ubicación de los yacimientos, así como las solicitudes de explotación y las concesiones aprobadas, el estudio determinó que un tercio de las áreas protegidas de la Amazonía brasileña soporta algún nivel de presión minera potencial.
La mayor parte de las áreas potencialmente afectadas se compone de bosques. Según el estudio, el 73 por ciento de la superficie amenazada corresponde a cobertura forestal, equivalente a unos 267.000 kilómetros cuadrados dentro de áreas protegidas.
“Aunque estamos hablando de un área potencialmente impactada en un escenario en el que todos los minerales fueran explotados –es decir, el peor– esta cifra es preocupante, pues demuestra la presión económica de proyectos mineros en proceso de licenciamiento cerca de esos territorios”, dice a SciDev.Net la ingeniera ambiental Beatriz Carneiro, primera autora del artículo.
Colonialismo verde
Un informe de la Agencia Internacional de Energía prevé que, bajo la tendencia actual, la demanda de minerales para tecnologías limpias se duplicará para 2030. En un escenario de eliminación de emisiones de carbono, sería hasta cuatro veces mayor para 2040. Otro reporte, de Oxfam, muestra que el 70 por ciento de las reservas minerales cruciales para la transición energética se encuentran en el Sur Global.
A esta paradoja de la transición energética se le denomina “colonialismo verde”, sostiene el geógrafo Rhuan Sartore, que no formó parte del estudio. Se trata de un modelo colonial corporativo que propone lograr la descarbonización del Norte Global tratando a los ecosistemas del Sur Global como “zonas de sacrificio”, dice a SciDev.Net.
El estudio también señala la paradoja de sustituir la matriz global basada en combustibles fósiles por tecnologías limpias —turbinas eólicas, paneles solares y baterías— que requieren grandes cantidades de minerales, y cuya extracción aumenta la presión sobre ecosistemas sensibles como el Amazonas.
Para Carneiro, se trata de una transición energética injusta: “Mientras los países más ricos logran ‘limpiar’ su matriz energética, la ‘contaminación’ se traslada a otros lugares”.Agrega que la creciente deforestación de la Amazonía genera una perturbación mucho mayor “pues el bosque juega un papel esencial en la regulación climática”.
Poblaciones vulnerables
La deforestación fue el principal impacto considerado en el estudio. Puede estar relacionada con la actividad minera directamente, pero también con factores indirectos como la construcción de carreteras, la expansión urbana y la migración de trabajadores. En ese contexto, las tierras indígenas aparecen como las más expuestas: aproximadamente el 17 por ciento de sus territorios se localizan a menos de 50 kilómetros de yacimientos mineros estratégicos.
Algunos puntos críticos son las tierras indígenas Yanomami y Raposa Serra do Sol, en el norte de la Amazonía, rodeadas de yacimientos de interés económico como bauxita, cobre, hierro, níquel, molibdeno, silicio y niobio. También los territorios quilombolas de Alto Trombetas, en el estado de Pará, sufren diversos impactos de las minas de bauxita en funcionamiento.
Desafío de transición energética
Para disminuir los impactos, los investigadores recomiendan priorizar los proyectos en áreas ya degradadas, evitar expansiones cerca de áreas protegidas y dejar de otorgar licencias de forma aislada, sin considerar los impactos acumulativos a nivel regional. También, fortalecer los derechos territoriales de los pueblos tradicionales, incluyendo la creación de nuevas unidades de conservación y la titulación de tierras indígenas y quilombolas.
Sin embargo, el esfuerzo debe ser global, advierten los especialistas. Para Carneiro, es imprescindible que los países importadores de minerales rastreen su origen y sean más estrictos con los impactos socioambientales de su explotación.
La solución también pasa por reducir el consumo de energía. Según Carneiro, muchos países en lugar de sustituir la matriz fósil por energías renovables simplemente aumentan la capacidad con nuevas fuentes de energía “limpia”.
“La búsqueda incesante de nuevas fronteras de recursos en la Amazonía para mantener patrones de consumo insostenibles en el Norte Global no hace sino perpetuar una lógica colonial bajo un nuevo disfraz ecológico”, concuerda Sartore.
Biocombustibles mitigan ahora los impactos de las guerras fósiles
Mario Osava
Los biocombustibles, alimentados primero por alzas abruptas de los precios petroleros en 1973 y 1979, luego impulsados como mitigadores de la contaminación urbana y del cambio climático, se destacan ahora como protección contra azares de las guerras y de la energía fósil.
Un amplio desarrollo de la agricultura energética es un “arma secreta” de que dispone Brasil ante la nueva crisis del petróleo, desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, según publicó la revista británica The Economist del 26 de marzo.
El etanol, producido principalmente de la caña de azúcar, equivale a casi el mismo volumen de gasolina consumida en el país, cuyos automóviles de fabricación nacional son casi todos flexibles, es decir, usan tanto gasolina como etanol puros o mezclados en cualquier proporción. Son “total flex”, una tecnología nacional dominante desde 2003.
Además, la legislación de incentivo a los biocombustibles exige 30 % de etanol anhidrido adicionado en la gasolina y 15 % de biodiesel en el diésel fósil, desde agosto de 2025.
“Diversificar, no depender de un solo producto, es prioritario. La crisis actual no es solo energética, involucra también los fertilizantes. Muchos insumos esenciales para la agricultura provienen del petróleo”: Suzana Kahn.
La Ley Combustible del Futuro, aprobada en 2024, autoriza adiciones a la mezcla de hasta 35 % y 25 %, respectivamente. El aumento gradual de esas mezclas tiende a acelerarse si se prolonga la guerra en Medio Oriente, que ya provocó un alza de cerca de 50 % en el precio internacional del petróleo.
Esa realidad, construida en los últimos 40 años, permite a Brasil atenuar los efectos inflacionarios de la nueva crisis del petróleo. Los precios de la gasolina subieron poco más de 7 % desde el comienzo de la guerra y los del diésel cerca de 23 %, alzas limitadas a una cuarta parte y la mitad, respectivamente, de las de Estados Unidos.
Ambos países son exportadores netos de petróleo y Estados Unidos produce más etanol que Brasil en términos absolutos, 62 430 millones de litros frente a 32 740 millones en 2025, según la estadounidense Asociación de Combustibles Renovables, pero menos en proporción al consumo nacional.
Ambos países concentran 79 % de la producción mundial del biocombustible.
Un mar de soja invadió la región Centro-oeste de Brasil, especialmente el estado de Mato Grosso. El aceite, uno de sus subproductos, es la principal materia prima del biodiesel, que ya compone 15 % del diésel que abastece los vehículos pesados en Brasil. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Los biocombustibles neutralizan el alza del petróleo?
Los biocombustibles limitan pero no logran evitar alzas de precios porque Brasil, aunque autosuficiente en petróleo desde 2006 y luego exportador neto, aún importa diésel y gasolina. Sus refinerías no atienden toda la demanda. “Brasil es menos vulnerable, pero sigue vulnerable”, reconoció Felipe Barcellos e Silva, ingeniero eléctrico e investigador del no gubernamental Instituto de Energía y Medio Ambiente.
“Los biocombustibles ejercen un papel saludable, ofrecen seguridad energética, pero no estabilizan precios, tienden a seguir las alzas de los fósiles, aunque de forma limitada”, explicó a IPS desde São Paulo.
Es “una decisión de mercado”, los productores de etanol pueden contener sus precios para hacerse más competitivos y aumentar sus vendas, acotó. O ampliar sus utilidades por otra vía: el alza de precios. Brasil creó en 1975 el Programa Nacional del Alcohol (Proalcohol) como reacción al shock del petróleo de dos años antes, cuando la Organización de los Países Productores de Petróleo (Opep) decidió reducir la producción para aumentar sus precios, que más que triplicaron enseguida.
La crisis golpeó duramente la economía brasileña y puso fin a su período de “milagro”, de cinco años con crecimiento superior a 10 %. Brasil importaba entonces más de 80 % del petróleo consumido y su auge se basaba en la industria automotriz. La crisis debilitó la dictadura militar iniciada en 1964 y de creciente impopularidad hasta su final en 1985, en medio a una elevada inflación y deuda externa.
El Proalcohol tuvo sus altibajos, con momentos de pérdida de credibilidad por escasez de oferta y desastres ambientales, pero creció y se consolidó a partir de 2003 con el automóvil “total flex”, que generó seguridad a productores y consumidores.
¿Por qué se rechazó el etanol?
En esa época a las polémicas sobre la validez del etanol, antes concentradas en las cuestiones ambientales, se incorporaron de forma aguda las vinculadas a la seguridad alimentaria. Ganó fuerza en los años siguientes las denuncias de que los biocombustibles estarían quitando tierras a la producción de alimentos y encareciéndolos.
Las acusaciones más dramáticas se dirigían al uso del maíz para hacer etanol en Estados Unidos, con impacto directo en México, país de gran consumo del cereal. /
Ese argumento fue decisivo para que Cuba no se sumara a la producción del etanol carburante, pese a sus sucesivos planes para diversificar sus fuentes energéticas y los intentos brasileños de atraer países productores de caña de azúcar a la actividad.
Brasil, especialmente durante los gobiernos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010 y 2023-2026), desplegó un gran esfuerzo para fomentar el etanol en otros países en desarrollo, ofreciendo cooperación y el conocimiento acumulado en su país.
Buscaba convertir el combustible alternativo en un producto libremente comercializado en el mundo, un objetivo imposible con su producción prácticamente monopolizada por Brasil y Estados Unidos
¿Qué países se sumaron al etanol en América Latina?
Por eso en marzo de 2007, Lula firmó con el entonces presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) una alianza para fomentar el etanol en otros países. No resultó y extendió hasta Brasil el rechazo ambientalista al aprovechamiento energético del maíz, más fuerte que en relación a la caña.
El etanol brasileño era solo de caña hasta 2017, cuando se sumó el maíz, con sus grandes excedentes en la región Centro-oeste, producto de la segunda siembra anual donde antes se cosechó la soja. Hoy el cereal ya responde por cerca de 20 % de ese biocombustible destilado en Brasil.
Cuba, el mayor exportador mundial de azúcar de caña hasta el comienzo de los años 90, hubiera sido un socio obvio, pero se frustró al adherir el entonces presidente Fidel Castro la oposición al uso no alimentario de la caña.
Pero otros países latinoamericanos, también productores caña, como Argentina y Colombia fueron estimulados y se sumaron más de 25 años después de Brasil, al comenzar este siglo, y siguen sumando etanol a su combustible.
Colombia adoptó una ley en 2001 que mezcla a la gasolina 10 % de etanol, que promovió programas ambiciosos tanto de etanol de caña como de biodiésel de aceite de palma, en un desarrollo que ha enfrentado problemas sociales y ambientales, además de la guerra interna, apaciguada tras el Acuerdo de Paz de 2016 con la guerrilla mayoritaria.
En Argentina una ley de 2006 fijo la mezcla de al menos 5 % de etanol en la gasolina desde 2010.
“La expansión del etanol enfrentó resistencias a causa de incertidumbres en la oferta de gran escala, temas como alimentos versus combustible, el proteccionismo europeo a su etanol de remolacha, mucho más caro, y la falta de una política más agresiva del gobierno y el sector privado de Brasil”, evaluó el economista Jorge Abache, profesor de la Universidad de Brasilia.
Ahora se suman factores geopolíticos, de autonomía energética, sospechas de deforestación para ampliar la producción del etanol, uso de trabajo esclavo, es decir mucho proteccionismo, especialmente en Europa, acotó.
“Pero hechos geopolíticos actuales se imponen y muchos países consideran ahora la adición de etanol a la gasolina, como forma de reducir la dependencia de los fósiles y la contaminación. India es un ejemplo reciente”, matizó a IPS desde Brasilia.
¿Europa aprueba los biocombustibles?
“Muchos países desarrollados, europeos en particular, no reconocen los biocombustibles como verdes. Argumentan la falta de claridad sobre el impacto de la siembra de caña y otras materias primas agrícolas, como la deforestación, o que ocupan tierras que deberían destinarse a alimentos”, corroboró Sandra Rios, directora del brasileño Centro de Estudios de Integración y Desarrollo.
Es lo que se denomina barrera no arancelaria. En el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, se prevé cotas de los biocombustibles en el libre comercio entre los dos bloque, dijo Rios, en entrevista a IPS en Río de Janeiro.
Pese a todo ha habido avances en los últimos años, con más de 70 países adoptando adiciones variadas a la gasolina. En septiembre de 2023, se firmó en Nueva Delhi, durante la cumbre del Grupo de 20 (G20) de mayores economías industriales y emergentes, la Alianza Global de Biocombustibles, que ya cuenta 33 países y 14 organizaciones internacionales.
Cuadruplicar la producción de combustibles sostenibles para 2035 en el mundo es la meta del “Compromiso de Belém”, lanzado por Brasil, India, Italia y Japón, en la 30 Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático, que tuvo lugar en noviembre de 2025 en Belém, en la Amazonia brasileña.
El papel de Brasil de pionero y líder se acentúa con el etanol de segunda generación, que ya produce con la paja de la caña y otros residuos celulósicos. Se suman investigaciones que apuntan ventajas en el uso del etanol en la producción del combustible sostenible de aviación (SAF, en inglés) y de hidrógeno verde.
¿Cómo queda Brasil?
Así, Brasil enfrenta la nueva crisis del petróleo como una referencia mundial en energías renovables y biocombustibles. No es pionero en otros frentes, pero como mayor productor y exportador de soja, le sobra el aceite para producir el biodiesel y elevar pronto a más de 15 % su participación en la mezcla al diésel fósil.
“Diversificar, no depender de un solo producto, es prioritario. La crisis actual no es solo energética, involucra también los fertilizantes. Muchos insumos esenciales para la agricultura provienen del petróleo”, advirtió Suzana Kahn, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde dirige el Instituto de Posgrado e Investigación de Ingeniería.
Esa diversificación se refiere a las fuentes de energía y también a los derivados. “La independencia en relación al petróleo no se limita al biocombustible”, sino mirar la cadena integrada, que involucra el aprovechamiento del bagazo de la caña de azúcar para generar electricidad, su vinaza para hacer biogás y biometano, ejemplificó a IPS.
Además, desarrollar alternativas a la petroquímica, producir plástico, medicamentos y otros derivados del etanol y la biomasa, acotó.
Brasil no está aprovechando sus ventajas, “la flexibilidad y diversidad” de sus alternativas energéticas, al reaccionar al alza de los precios del petróleo con subsidios para evitar la inflación, según Adriano Pires, economista y director del Centro Brasileño de Infraestructura, una empresa de consultoría.
El gobierno brasileño intentó desgravar los derivados como diésel y gasolina para contener el alza de precios luego de estallar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Ante resistencias de los gobiernos de los 26 estados brasileños, optó por subsidiar los combustibles.
“Abaratar los derivados petroleros le quita competitividad a los biocombustibles, puede inviabilizarlos porque ellos necesitan de inversiones privadas a largo plazo que rechazan el control de precios”, argumentó Pires a IPS.
La tendencia, acentuada por la crisis, es de incremento de los biocombustibles, de matrices energéticas más diversificadas, luego de un siglo XX dominado por los fósiles, concluyó.
Acaparan mil personas una cuarta parte de la riqueza en México
Dora Villanueva
Situado en la segunda región más desigual del mundo, México es el país que más ingresos generaría por imponer un impuesto mínimo sobre la riqueza extrema. No sólo porque tiene uno de los mayores números de milmillonarios, sino porque éstos son los que más patrimonio acumulan en América Latina, muestra un informe elaborado por el Observatorio Fiscal Internacional (ITO, por sus siglas en inglés), que dirige el economista Gabriel Zucman.
Los mexicanos con riquezas superiores a 100 millones de dólares en conjunto acumulan 503 mil millones de dólares, prácticamente lo mismo que el producto interno bruto (PIB) combinado de Chile y Uruguay. Esto lleva a una desigualdad de tal dimensión que menos de mil personas acaparan una cuarta parte de la riqueza del país, mientras la mitad más pobre se reparte 2 por ciento, destaca el ITO en una nota para México.
El análisis, a cargo de Vicente Silva, expone: mientras en los recientes 26 años la fortuna de los milmillonarios mexicanos ha aumentado más de 400 por ciento, la riqueza de la mitad de la población con menos recursos se quedó prácticamente estancada, y se debe a que “México presenta una distribución del ingreso extremadamente desigual”, puntualiza el ITO. El uno por ciento más rico concentra 23 por ciento del ingreso nacional, mientras la mitad más pobre recibe 7 por ciento.
Esa disparidad en los flujos de ingreso agudiza la desigualdad cuando se mide la riqueza. Mientras el 50 por ciento más pobre de la población en México concentra 2 por ciento del patrimonio total; el 10 por ciento más rico acapara 70 por ciento, y esta brecha es la parte menos aguda de la desigualdad.
El uno por ciento más rico del país posee 43 por ciento del patrimonio nacional y, si se quiere hacer un acercamiento mayor, menos de mil personas acaparan cerca de 25 por ciento de la fortuna total del país, detalla en el informe.
Tan sólo Carlos Slim Helú y familia tienen el control de 125 mil millones de dólares; Germán Larrea y familia, de 67 mil 100 millones, y Alejandro Baillères y familia, de 19 mil 500 millones.
Dicha concentración se debe a un sistema tributario que no sólo mantiene a México como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos recauda como proporción de su PIB –18.3 por ciento, frente a 34.1 por ciento promedio del grupo–, sino que “es altamente regresivo”.
Los ricos pagan 12% o nada al fisco; otros, hasta 24
Un tercio de lo “poco que capta” el sistema tributario mexicano es mediante los impuestos más regresivos que existen: el impuesto al valor agregado (IVA) y otros al consumo, subraya el informe.
Al final, el 50 por ciento más pobre de la población mexicana paga en impuestos una tasa efectiva de 24 por ciento, mientras el 10 por ciento más rico contribuye con 16 por ciento y el uno por ciento más rico entrega sólo 12 por ciento.
El ITO refiere que esos comparativos subestiman la regresividad en la cúpula de milmillonarios, dado que en ese grupo los impuestos sobre la renta personal prácticamente desaparecen. México no está solo en este subsidio a los más ricos. La misma erosión de la tasa efectiva a mayor ingreso se repite en Francia, Estados Unidos y Países Bajos, de acuerdo con lo que se reporta en el marco de la presidencia de Brasil en la Plataforma Permanente para la Cooperación Tributaria en América Latina y el Caribe.
Si bien hay antecedentes de mecanismos para intentar nivelar la situación, como los impuestos patrimoniales de la Unión Europea, éstos no han sido efectivos para dar ese piso mínimo de tributación, señala.
Zucman propone un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza (IMER), el cual, a diferencia de los tributos patrimoniales tradicionales, funcionaría como un “piso”. Es decir, si los impuestos pagados sobre el ingreso y la riqueza no alcanzan ese umbral mínimo, se cobra la diferencia; si lo alcanzan, el fisco no cobra nada adicional.
El tributo mínimo que marcaría la diferencia
De acuerdo con los estimados presentados por el ITO, gravar con un impuesto mínimo de 2 por ciento en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay generaría cerca de 24 mil millones anuales, equivalente a 0.6 por ciento del PIB conjunto. Si se elevara sólo un punto porcentual esa tasa, a 3 por ciento, la recaudación llegaría a 36 mil millones (0.9 puntos del PIB).
En el caso de México, un impuesto mínimo de 2 por ciento sobre las riquezas de más de 100 millones de dólares podría recaudar alrededor de 10 mil millones de dólares –que equivaldría a una tercera parte del presupuesto necesario para desarrollar un sistema nacional de cuidados–, mientras con una tasa de 3 por ciento captaría cerca de 15 mil millones de dólares, equivalente a uno por ciento del PIB.
La riqueza de los milmillonarios de la región se multiplicó por seis entre 2000 y 2026, pasando de 117 mil millones de dólares a cerca de 700 mil millones, de acuerdo con el estudio, mientras el patrimonio del 50 por ciento más pobre de la región se ha visto prácticamente estancado.
“De mantenerse esta trayectoria de concentración acelerada, la riqueza de los milmillonarios podría acercarse a 2 billones de dólares en 2040”, advierte.
Fracaso en la concentración patrimonial
Zucman sostiene que si bien en América Latina y el Caribe ha avanzado la reducción de la pobreza, ha fracasado en lograr una reducción significativa de la concentración de riqueza y poder en la cúspide y, al no gravar de manera efectiva a los individuos de ultraalto patrimonio, se consolida y agrava la desigualdad.
Perú: Un nuevo comienzo
El crecimiento económico se ha moderado durante la década de crisis política con niveles inferiores a los observados tras la Gran Recesión. «Perú tenía un potencial de crecimiento de 3.5% anual, pero la realidad fue otra: la economía solo creció 2.6% anual entre 2017 y 2025, excluyendo 2020 y 2021, que fueron los años afectados por la crisis sanitaria».
A fines de junio de 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el reporte de su visita anual al Perú, en el que señalaba que nuestro país seguía liderando el crecimiento entre las economías latinoamericanas. El nuevo gobierno, que asumiría el poder un mes después, heredaba una economía con “fundamentos sólidos, marcos institucionales adecuados y reformas estructurales en marcha”.I
Para el FMI de entonces, Perú tenía un potencial de crecimiento de 3.5% anual, pero la realidad fue otra: la economía solo creció 2.6% anual entre 2017 y 2025, excluyendo 2020 y 2021, que fueron los años afectados por la crisis sanitaria. La diferencia no es menor: un punto porcentual adicional de crecimiento sostenido implica, al cabo de tres décadas, ingresos alrededor de 35% más altos, una vez descontada la inflación.
La crisis política en la que nos hemos visto enfrascados desde 2016, con presidentes y ministros cada vez más breves y un Congreso ampliamente rechazado por la población por su pésimo desempeño, constituye en parte la explicación. En los últimos diez años, la política peruana ha logrado, primero, detener o incluso revertir las reformas estructurales que estaban pendientes (para lidiar con la informalidad, incentivar la competencia y mejorar la educación, solo por mencionar algunas).
Los marcos institucionales también se han debilitado. El Perú incumple de manera reiterada las reglas fiscales aprobadas en 2013, y el Consejo Fiscal —creado en 2015— no ha dejado de advertir sobre los riesgos derivados de medidas populistas impulsadas tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. A ello se suma el nombramiento de funcionarios a todo nivel, no por su idoneidad, sino por criterios políticos o de afinidad partidaria, reduciendo la capacidad técnica del Estado, entorpeciendo la ejecución del gasto y haciendo casi imposible sostener políticas públicas de largo plazo.
Tampoco los fundamentos económicos son tan sólidos como antes. La deuda pública se ha incrementado de 23% del PBI en 2015 a 30% en 2025, y la expectativa es que siga aumentando en los próximos años de la mano de un gasto público creciente. El crecimiento se ha visto reducido y, si bien se espera que este año la economía se expanda alrededor del 3%, esto no se compara con lo que experimentamos hace 10 años, más aún si se toma en cuenta que atravesamos un entorno externo extremadamente favorable para la inversión minera, con precios de cobre y oro en máximos históricos. Ese motor de la economía peruana ha perdido fuerza: la inversión privada ha pasado de representar 20% del PBI (promedio 2011-2015) a 17.6% en promedio durante el periodo 2016-2025 (excluyendo 2020 y 2021). La inversión directa extranjera ha disminuido de 4.5% de PBI a 2.9% en esos mismos periodos.
Las agencias calificadoras de riesgo evalúan justamente el marco institucional y los fundamentos económicos de los países para determinar su riesgo de impago. En el caso del Perú, las tres más importantes le han rebajado la calificación crediticia en los últimos diez años: 1 peldaño en el caso de Fitch y Moody’s y 2 en el caso de Standard & Poor’s. Esta última tiene al Perú a una rebaja de perder el grado de inversión y probablemente lleve a cabo una nueva evaluación en lo que resta del año.
Sin embargo, quedan aún algunos pilares en pie. El más evidente es el Banco Central de Reserva (BCR), que ha sido, y sigue siendo, exitoso en el control de la inflación y el manejo de las reservas internacionales, ese colchón que amortigua salidas de capital y choques externos. El sistema financiero mantiene su solidez y la supervisión del mismo es buena, mientras que el acceso a los mercados financieros internacionales se mantiene favorable, como lo demuestra la demanda por deuda soberana peruana.
Sería un error creer que la reserva institucional que nos queda sobrevivirá indefinidamente al deterioro político. Hay voces que claman por una mayor injerencia del Gobierno en el quehacer del BCR, mientras proliferan iniciativas demagógicas que amenazan con minar la estabilidad del sistema financiero e incrementar aún más el gasto público. Un nuevo gobierno es una oportunidad para corregir el rumbo, reconstruir instituciones y recuperar el terreno perdido en nombre del bienestar de todos los peruanos, pero también puede convertirse en el desencadenante de una crisis aún más profunda.
La elección, por tanto, no es el final de nada. Es apenas el comienzo. Y, frente a lo que está en juego, toca vigilar, exigir y no volver a resignarnos al deterioro como si fuera nuestro estado natural.
Venezuela posee 5 mil millones de dólares en el FMI
Los Derechos Especiales de Giro son como las reservas que poseen los países miembros dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el caso venezolano, la nación cuenta con recursos importantes que se encuentran actualmente bloqueados.
«A Venezuela le correspondió 5 mil millones de dólares que están ahí represados. Son Derechos Especiales de Giro que, ahora incorporados en el FMI. Podemos decirle al Fondo que necesitamos un plan de inversiones para poder utilizar parte de esos recursos», dijo el economista y docente universitario Blagdimir Labrador en una entrevista aun portal web.
Reiteró que el acceso a estos recursos permitiría al Estado disponer de liquidez inmediata para ejecutar planes de inversión productiva, lo que impactaría directamente en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos a través de la estabilización del poder adquisitivo.
A su juicio, el uso de estos activos financieros debe complementarse con la recuperación de las utilidades de Citgo y otros activos petroleros en el exterior. Labrador calificó este punto como uno de los más estratégicos para la planificación económica actual.
«Las utilidades que tiene Citgo las podemos reinvertir en el país para producir más petróleo y diversificar nuestra economía, pero también para ir compensando la recuperación del salario», puntualizó Labrador durante la entrevista.
El retorno al escenario financiero global.
Para el asesor financiero José Ignacio Guarino, la presencia de la representación venezolana ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) marca el retorno del país al escenario financiero global.
Guarino considera que el reconocimiento de organismos como el Banco Mundial, Banco Interamericano y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe es un paso fundamental hacia la reestructuración de la deuda externa nacional.
Señaló que este regreso al “juego internacional” abre “paso a algo muy importante y necesario: reestructuración de deuda venezolana a más de 170 mil millones de dólares”.
En este sentido, explicó que este avance permite superar limitaciones críticas generadas por el bloqueo, como la falta de acceso al sistema SWIFT y la imposibilidad de disponer “de 4.900 a 5.000 derechos especiales de giro, que fortalecen las reservas internacionales”.
Panamá avanza en la protección de los recursos marinos
La Autoridad Nacional de Aduanas anunció avances contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con el objetivo de que Panamá recupere la tarjeta verde de la Unión Europea en 2026.
Según explicó a la prensa la subdirectora general de esa entidad, Carmen Tapia, se definieron lineamientos estratégicos y metas operativas, incluyendo capacitaciones al personal técnico en puntos de control de la zona central y Azuero.
Aduanas juega un rol fundamental en este proceso al garantizar la fiscalización del comercio exterior, la gestión de riesgos en operaciones aduaneras y la trazabilidad de las exportaciones pesqueras, precisó.
La última revisión de la UE se realizó en octubre de 2025, cuando Panamá presentó avances en trazabilidad y supervisión de flota.
La Viejo Continente en la protección de los recursos marinos.
Según trascendió, la estrategia no solo busca cumplir con estándares europeos, sino apunta a reposicionar a la nación canalera como jurisdicción marítima confiable, capaz de equilibrar competitividad económica con sostenibilidad oceánica.
La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en 2014, pero en 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a multar al país con una tarjeta amarilla en 2019, de acuerdo con estadísticas oficiales.
La próxima evaluación está prevista para el primer semestre de 2026, momento en que el país espera recuperar la tarjeta verde y consolidarse como aliado estratégico del Viejo Continente en la protección de los recursos marinos.
Según trascendió, la estrategia no solo busca cumplir con estándares europeos, sino apunta a reposicionar a la nación canalera como jurisdicción marítima confiable, capaz de equilibrar competitividad económica con sostenibilidad oceánica.
La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en 2014, pero en 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a multar al país con una tarjeta amarilla en 2019, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Panorama Internacional
1.- China y la desdolarización
Pedro Brarragán
Durante años, la expansión del yuan fuera de China se ha desarrollado dentro de un proceso lento y con muchas limitaciones. Sin embargo, desde 2023 y especialmente entre 2025 y 2026, ese panorama ha cambiado de forma notable. Lo que antes parecía una estrategia lenta y con mucha cautela se ha convertido en un avance del yuan decidido, coordinado y mucho más dinámico de lo que han podido anticipar muchos analistas en Europa y Estados Unidos.
Hoy, el yuan está ganando terreno en ámbitos clave del sistema financiero global y lo está haciendo con herramientas propias que están alterando el funcionamiento tradicional de los pagos internacionales.
Un cambio claro en la estrategia china
La posición oficial de Pekín ha evolucionado. El Banco Popular de China y el XV Plan Quinquenal para el periodo 2026 a 2030 están marcando una hoja de ruta mucho más ambiciosa. El objetivo es avanzar hacia un sistema monetario donde el peso del yuan se vaya adecuando al de la economía china.
Esta nueva fase se apoya en varias líneas de actuación. Una de las más relevantes es el impulso del yuan digital o e-CNY, que desde enero de 2026 funciona también como un depósito digital con intereses y se está promoviendo activamente para operaciones internacionales. Esto permite realizar transacciones sin depender de infraestructuras financieras dominadas por países occidentales.
Al mismo tiempo, China está reforzando su propia red de pagos. El sistema CIPS (Sistema de Pago Interbancario y Transfronterizo -del inglés Cross-border Interbank Payment System-) sigue ampliando su alcance, con más bancos conectados fuera del país. También se incentiva el uso del yuan en el comercio de materias primas y en acuerdos con socios estratégicos, especialmente dentro de los BRICS y la iniciativa de la Franja y la Ruta.
En paralelo, se están facilitando las inversiones en yuanes mediante instrumentos como los llamados Bonos Panda (Títulos de deuda en yuanes emitidos por entidades extranjeras) y reformas para atraer capital extranjero. Todo ello acompañado de una política de estabilidad cambiaria para evitar fluctuaciones bruscas que desincentiven su uso.
El verdadero avance en el comercio internacional
Si se observan los datos más conocidos como los de SWIFT, el papel del yuan puede parecer limitado. Su cuota ronda el 2,7 por ciento y ocupa la sexta posición global. Pero esa imagen no refleja lo que está ocurriendo en la economía real.
Recordemos que SWIFT es la principal red global de mensajería financiera, estrechamente vinculada al predominio del dólar y utilizada en la práctica como herramienta clave dentro de las políticas de sanciones impulsadas por las economías occidentales.
Volviendo al yuan, su crecimiento más significativo se está produciendo en la financiación del comercio internacional. En este ámbito ya es la segunda moneda más utilizada del mundo, con una cuota cercana al 8,5 por ciento a comienzos de 2026. Ha superado claramente al euro, aunque todavía se encuentra muy lejos del dólar, que domina con más del 80 por ciento.
Este dato es importante porque el comercio es el núcleo de la actividad económica global. China, como gran potencia exportadora, está utilizando su peso para fomentar el uso de su moneda en transacciones clave.
Además, el ritmo de crecimiento ha sido muy rápido. En pocos años, el yuan ha pasado de cifras marginales a ocupar una posición destacada. Esa aceleración es lo que ha sorprendido a muchos observadores.
Dos sistemas de pagos que conviven y compiten
Para entender bien lo que está ocurriendo, es clave comparar directamente las dos infraestructuras principales de pagos internacionales.
SWIFT sigue siendo la red dominante a escala global, mientras que CIPS es el sistema impulsado por China para operar en yuanes. La diferencia de escala sigue siendo enorme, pero el ritmo de crecimiento de CIPS es claramente superior.
En términos de volumen, SWIFT procesa entre 15.000 y 18.000 millones de mensajes al año, frente a unos 7 a 8 millones de transacciones en CIPS. Sin embargo, el valor total liquidado reduce mucho esa distancia, con un promedio diario en SWIFT que mueve aproximadamente entre 400.000 y 500.000 millones de dólares, mientras que CIPS se sitúa entre 100.000 y 120.000 millones equivalentes. Mientras a nivel de mensajes SWIFT mueve dos mil veces más transacciones que CIPS, a nivel económico esta diferencia se reduce a tan solo cuatro veces.
Estos datos muestran una diferencia estructural importante. SWIFT funciona como una red de mensajería global que incluye todo tipo de pagos, desde operaciones pequeñas hasta grandes transferencias. CIPS, en cambio, se concentra en operaciones de alto valor, especialmente en sectores como energía, materias primas e infraestructuras.
Por eso, aunque el número de operaciones es mucho menor, el peso económico de cada transacción es significativamente mayor.
Más allá de los datos tradicionales
Uno de los errores habituales al analizar este fenómeno es centrarse únicamente en SWIFT, porque aunque esta red tiene un papel central, no recoge toda la actividad.
Una parte creciente de los pagos en yuanes no pasa por ese sistema. Se realiza a través de CIPS, acuerdos bilaterales o sistemas internos de grandes bancos. También empieza a influir el uso del yuan digital, que permite transferencias directas sin intermediarios.
Cuando se tienen en cuenta todos estos canales, la imagen cambia de forma clara. El yuan podría representar aproximadamente el 6 por ciento de los pagos internacionales, situándose entre las principales monedas del sistema global.
Expansión geográfica
El uso del yuan se está extendiendo en distintas regiones. Rusia es uno de los casos más visibles, en parte por las restricciones que limitan su acceso a sistemas tradicionales. Pero no es el único.
En los países BRICS como Brasil o India se está incrementando su uso en el comercio bilateral. En Oriente Medio, algunos productores de energía ya lo utilizan en determinadas operaciones. En el sudeste asiático, su adopción crece de forma natural por la intensidad de los intercambios con China.
Europa también participa, con bancos en centros financieros relevantes que operan como intermediarios en yuanes. En América Latina, varios países están explorando su uso como forma de reducir presión sobre sus reservas en dólares.
Los costos de cada sistema de pago
Más allá de la política o la estrategia, el ahorro económico está impulsando este cambio en los sistemas de pago.
Realizar una transferencia internacional de gran volumen a través del sistema tradicional puede implicar costes elevados, en gran parte por los intermediarios y el tipo de cambio. En muchos casos, estos costes pueden superar los diez mil dólares en una operación de un millón.
En cambio, utilizar yuanes a través de CIPS reduce de forma significativa ese coste. La diferencia puede situarse entre aproximadamente la mitad y dos tercios menos. Además, el tiempo de ejecución es mucho menor, pasando de varios días a menos de 24 horas.
Para empresas que operan con grandes volúmenes, esta diferencia es determinante y afecta a la eficiencia operativa.
El uso del yuan en las transacciones internacionales está ganando velocidad apoyado en un soporte económico real, en infraestructuras propias y en una red de socios cada vez más amplia. Este impulso no es coyuntural y responde a una lógica estructural en la que el peso financiero de una moneda tiende a reflejar el tamaño de la economía que la respalda. En ese contexto, resulta razonable pensar que la expansión del yuan continuará hasta acercarse al lugar que ocupa China en la economía mundial.
*Economista, asesor de la Fundación Cátedra China y autor del libro “Por qué China está ganando”
2. Crisis mundiales sitúan la geoeconomía en el centro escénico
Umar Manzoor Shah
La guerra en Medio Oriente haprovocado desde el 28 de febrero una onda de choques en los mercados mundiales, y responsables políticos, economistas y líderes empresariales que se reunieron en la capital estadounidense coincidieron en que la economía ya no es independiente de la geopolítica. Ahora es su instrumento fundamental.
En el Foro de Geoeconomía organizado por Foreign Policy, en paralelo a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial -del lunes 13 al sábado 18 de abril-, los ponentes señalaron repetidamente un mundo marcado por las crisis, en el que las cadenas de suministro, los flujos energéticos y la tecnología se han convertido en herramientas de poder.
«La geoeconomía ya no es un telón de fondo de la política mundial. Es el elemento clave y fundamental», afirmó el director ejecutivo de Foreign Policy, Andrew Sollinger, en su discurso de apertura el miércoles 15 de abril.
La urgencia de ese cambio está estrechamente ligada al conflicto en curso en el Golfo, que ha perturbado los mercados energéticos y puesto de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas comerciales mundiales, y que vive una tregua de 10 días desde el jueves 16.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano ha hecho comprender al mundo la rapidez con la que las crisis regionales pueden derivar en inestabilidad económica mundial, afectando a todo, desde los precios del combustible hasta la producción industrial.Los participantes en el foro describieron un orden mundial transformado en el que los gobiernos utilizan cada vez más herramientas económicas que antes se consideraban neutrales o técnicas.
La política comercial, los flujos de capital y las cadenas de suministro sirven ahora a objetivos estratégicos. Los minerales críticos, esenciales para los semiconductores y los sistemas de inteligencia artificial, se han convertido en puntos de influencia geopolítica. Adicionalmente, las rutas energéticas, como el estrecho de Ormuz, se han transformado en posibles puntos de estrangulamiento con consecuencias globales, en lugar de ser meros corredores de tránsito.
«La geopolítica y la economía siempre han estado vinculadas. Estamos volviendo a una corriente de pensamiento que las considera inseparables», afirmó durante su participación Jacob Helberg, subsecretario de Asuntos Económicos de Estados Unidos.
Helberg señaló la creciente competencia por los minerales de tierras raras, donde China domina el procesamiento y ha comenzado a utilizar los controles de exportación como herramienta estratégica. Al mismo tiempo, los corredores logísticos y los centros de fabricación han surgido como puntos de presión adicionales en el sistema global.
«Todo está totalmente interrelacionado», afirmó, refiriéndose a la cadena que va desde las materias primas hasta la tecnología acabada. «Hay puntos de estrangulamiento en cada nivel», confirmó.
El foro volvió repetidamente a un tema central: la fragmentación.
Los países se están adaptando a un mundo «propenso a las crisis», marcado por los conflictos, las pandemias y la inestabilidad financiera. Esto ha llevado a un alejamiento de la integración global hacia bloques económicos más regionales y estratégicos.
Las potencias medias, en particular, se enfrentan a decisiones difíciles. A medida que se intensifica la competencia entre Estados Unidos y China, muchas naciones están sopesando cómo alinear su futuro económico y tecnológico.
Pedro Abramovay, vicepresidente de Programas de Open Society Foundations, argumentó que el momento actual ofrece tanto riesgos como oportunidades para estos países.«Debemos asegurarnos de que las potencias medias actúen como potencias medias y no solo como intermediarios», afirmó, subrayando que la democracia puede moldear su papel en un orden cambiante.
Abramovay señaló que el momento actual ha puesto de manifiesto desequilibrios de larga data en el sistema global.«Pone al descubierto la realidad que existía antes», dijo, refiriéndose a acuerdos mundiales anteriores que a menudo no servían a los intereses del Sur global.
Señaló que la presión política interna está redefiniendo ahora la forma en que los países interactúan a nivel mundial. Los líderes ya no pueden alinearse externamente sin responder a sus electores internos «Esa presión interna puede empoderar a esas potencias medias para que hagan valer su soberanía y negocien de manera efectiva», afirmó Abramovay.
El foro puso de relieve los crecientes llamamientos a un orden internacional reformulado, basado en la soberanía y el interés público, en lugar de en el mero beneficio económico.«Necesitamos tener una agenda muy clara. Necesitamos el compromiso de aquellos líderes que expresen que están ahí, no representando a grandes corporaciones o, de nuevo, a intereses y organizaciones que hablan por sí mismas, sino hablando exactamente en nombre y representando a la mayoría del mundo», destacó Abramovay.
Frank McCourt, fundador de Proyecto Libertad, advirtió contra la idea de plantear el futuro como una elección binaria entre el dominio del sector privado estadounidense y los modelos estatales chinos. «Se trata de una falsa dicotomía», afirmó, abogando por una tercera vía que alinee la tecnología con los valores democráticos.
Destacó la creciente inquietud entre los países que se sienten atrapados entre sistemas rivales, señalando que muchos están explorando marcos alternativos para la gobernanza digital y la cooperación económica.
El impacto humano detrás de la estrategia
Aunque gran parte del debate se centró en la estrategia de alto nivel, los ponentes reconocieron las consecuencias humanas de los cambios geoeconómicos. Las crisis energéticas se traducen en mayores costes para los hogares. Las interrupciones en la cadena de suministro afectan al empleo y al acceso a los bienes. Las decisiones tomadas en las salas de juntas y los ministerios tienen repercusiones en comunidades de todo el mundo.
«Los planes mejor trazados pueden verse interrumpidos por circunstancias imprevistas. Hay que dar un giro, adaptarse y construir mejor», afirmó Sollinger. Ese mensaje resonó a lo largo de todas las participaciones en el foro.
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