Panorama Económico Latinoamericano – del 29 de octubre al 6 de diciembre de 2023
Baja la pobreza aunque persiste el hambre en América Latina
La pobreza en la región disminuyó levemente en 2022, pero pesa todavía sobre 181 millones de personas, y 70 millones padecen hambre en un panorama de desigualdad, indicó un informe presentado este jueves 23 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs dijo al presentar el informe que “en total, casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva a 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, una realidad que no podemos tolerar”.
“Casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, una realidad que no podemos tolerar. La pobreza también es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales. No tenemos razones para celebrar”, añadió.
El informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023” señaló que en 2022, el porcentaje de personas en situación de pobreza bajó a 29% de la población de América Latina (181 millones de personas), 1,2 puntos porcentuales menos que antes del inicio de la pandemia de Covid-19.
La pobreza extrema disminuyó a 11,2% de la población de la región (70 millones de personas), manteniéndose en niveles similares a 2019.
El documento advierte que la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) esperada para 2023, de 1,7%, es “significativamente inferior” al 3,8% registrado en 2022 y podría llegar incluso a 1,5% en 2024, lo cual “no permite prever nuevas mejoras en materia de pobreza”.
Salazar-Xirinachs matizó sin embargo al advertir que hace un año la previsión era que habría una pobreza de 201 millones de personas (32,1 %de la población) en 2023, lo que significa que hay 20 millones menos de lo previsto.
En cuanto a la pobreza extrema, personas que no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, los 70 millones actuales (11,2%) también son menos que los previstos 82 millones (13%), apuntó el responsable.
Por otra parte, la creación de empleo entre 2014 y 2023 ha sido la más baja desde la década de 1950. En 2020, durante la pandemia, la creación de empleo disminuyó 8,2%, siendo la única caída registrada en los últimos 70 años.
Del universo de 292 millones de personas ocupadas en la región, uno de cada dos se encuentra en empleos informales, cerca de un quinto vive en situación de pobreza, cuatro de cada 10 posee ingresos laborales inferiores al salario mínimo, y la mitad no cotiza en los sistemas de pensiones, indica el estudio de la Cepal.
Se observa una mejora en algunas dimensiones de los mercados laborales, pero la región “vive una crisis en cámara lenta en materia de inclusión laboral”, entendida no solo como la inserción laboral sino también como las condiciones en que se accede al empleo en ese mercado.
Cepal sostiene que la inserción en el trabajo remunerado es fundamental, pero no suficiente para alcanzar la inclusión laboral. Se requieren trabajos productivos, bien remunerados y con acceso a la protección social, en particular para las mujeres y las personas jóvenes.
El año pasado 54,2 millones de hogares en la región (39% del total) dependían exclusivamente del empleo informal. Más aún, la mayoría de las niñas y niños (menores de 15 años) y las personas de 65 años o más, viven en hogares completamente informales o mixtos (61,2%).
Y si bien la desigualdad de ingresos disminuyó en 2022 hasta niveles inferiores a los registrados en 2019, sigue siendo muy elevada.
En América Latina, el decil de ingresos más altos (decil 10) percibe un ingreso que equivale a 21 veces el del decil de ingresos menores (decil 1). En 2021, la riqueza de solo 105 personas representó casi nueve por ciento del PIB regional.
El informe también da cuenta de la persistencia de las históricas brechas de género en los mercados laborales.
Mientras la tasa de participación laboral de los hombres fue de 74,5% en 2022, la de las mujeres alcanzó solo 51,9% (una brecha de 22,6 puntos porcentuales). Las mujeres tienen, además, mayores tasas de desocupación (8,6% en comparación con 5,8% de los hombres).
La principal barrera para la inclusión laboral de las mujeres es la carga de trabajo de cuidados: la tasa de participación de las mujeres en hogares con niñas y niños (61,6%) es inferior a la de los hogares sin ellos (73,5%).
El trabajo doméstico, subraya el informe, representa una de las principales fuentes laborales para las mujeres de América Latina, pero el ingreso promedio que perciben las trabajadoras domésticas es la mitad del que perciben en promedio las mujeres ocupadas.
De igual forma, indica que las personas migrantes han aumentado su presencia en los mercados de trabajo de la región, contribuyendo con ello a la economía y sociedad de los países de destino.
No obstante, tienden a experimentar mayores dificultades para la inclusión laboral, por sus condiciones laborales más precarias e inestables, que se agravan por las condiciones de irregularidad.
Finalmente, el informe señala que el gasto social del gobierno central aumentó como respuesta a la pandemia, alcanzando un máximo en 2020, pero se viene reduciendo desde entonces.
Salazar-Xirinachs dijo que “la región sigue sumida en una doble trampa estructural, de bajo crecimiento y altos niveles de pobreza y desigualdad”.
Los países “deben transitar desde la inserción laboral a la inclusión laboral, eje del desarrollo social inclusivo. Pero la inclusión laboral requiere un crecimiento económico alto y sostenido. No es posible crear un mejor futuro del trabajo sin crear un mejor futuro de la producción, y viceversa”, concluyó.
Bolivia tendrá hasta cuatro años para adoptar normativa del Mercosur
Una vez que Brasil formalice la incorporación plena de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), el Estado Plurinacional de Bolivia tendrá un plazo de hasta cuatro años para adoptar todo el bagaje normativo del bloque y consolidar el libre comercio recíproco con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
El artículo 13 del Protocolo de Adhesión, firmado en 2015, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará, gradualmente, el acervo normativo vigente del Mercosur, a más tardar en cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento”.
Para ello, el Grupo de Trabajo establecerá el “cronograma de adopción de dicha normativa”. Durante este período, Bolivia deberá adoptar la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el Arancel Externo Común (TEC) y el Régimen de Origen del Mercosur.
Al mismo tiempo se fijó que el Gobierno boliviano cancele acuerdos bilaterales, como el de complementación económica con Venezuela, que está suspendida de sus derechos y obligaciones como miembro del bloque desde 2017. Además, el artículo 6 del documento establece que “las Partes acuerdan alcanzar el libre comercio recíproco a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente protocolo”.
Para consolidar la incorporación plena de Bolivia al bloque, sólo resta que el pleno del Senado de Brasil de curso al proyecto de decreto legislativo (PDL 380/2023) que el 23 de noviembre fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores (CRE) de esa instancia. En esa sesión, el senador Chico Rodríguez (PSB-RR) sostuvo que el ingreso de Bolivia favorece la integración de América Latina.
“Tenemos que vivir un momento nuevo, de integración, multilateral. Entendemos que la posición geopolítica y geoestratégica de Bolivia también es importante para Brasil y obviamente para América Latina”, aseguró.
El viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco, expresó su confianza en que “la próxima semana sea aprobado en plenario y con eso damos un paso más en nuestra adhesión brasilera, el último país que faltaba ratificar”.
“Una vez que Bolivia sea parte del Mercosur vamos a poder ser parte de un bloque de integración, el más grande de la región, con dos actores muy importantes como es Brasil y Argentina, para poder ser parte de esas cadenas de valor. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay son países que se han ido integrando en distintas ramas de la producción”, sostuvo.
El artículo 13 del protocolo establece que éste “entrará en vigencia en el trigésimo día contado a partir de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación”, que realizará, en este caso, Brasil.
Para el diputado del MAS, Omar Yujra, la incorporación de Bolivia al Mercosur representará un “desafío, no solo para el Estado Boliviano, sino también para las empresas y cualquier emprendimiento que se quiera realizar”.
“Es una apertura de mercados, es un desafío para poder producir más, para tener mejor productividad, para tener mejores ingresos para el país”, destacó.
Mientras que el senador de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, definió como un paso importante para el país porque “son varios gobiernos que han intentado llevar adelante esta acción”. “Nos obliga a ser más competitivos, a buscar nuevos mercados y a establecer una política de desarrollo para todo el país”, dijo.
Ocupación crece, con empleos cada vez más precarios
Ec. Claudio Fernández Caetano
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó información sobre empleo y salarios que da cuenta de cómo se viene llevando a cabo el crecimiento y la distribución del ingreso en nuestro país (Uruguay).
En lo que refiere al empleo, el número de personas ocupadas recuperó los valores de diciembre de 2019 en enero de 2022. A partir de allí, comenzó una lenta recuperación, teniendo en el año 2022 unas 10 mil personas ocupadas más.
En los últimos doce meses terminados en setiembre de este año, las personas ocupadas aumentaron en 40 mil, aumentando la tasa de empleo de 56,7% en setiembre de 2022 a 58,5%. Si bien en ese período de tiempo la cantidad de personas empleadas creció, también lo hicieron las desempleadas, aumentando en 14 mil personas, debido al aumento en la población económicamente activa de aquellas personas mayores de 14 años que buscan trabajo y no lo encuentran.
En lo que va de este año, comparando el número de personas empleadas en diciembre pasado con el dato de setiembre de este año, se refleja un aumento de 30 mil pasando de 1.682.400 personas empleadas a 1.712.000. En relación al desempleo, se verifica que las personas desocupadas aumentaron 11 mil en lo que va del año, pasando de 144.500 en diciembre a 155.100 en setiembre.
Si bien existen distintas compensaciones que pueden darse entre los indicadores por sus formas de cálculo, el aumento de las personas ocupadas también tiene su correlato con las tasas de subempleo y trabajo no registrado (informal o “en negro”), lo que da cuenta de la precarización de las condiciones laborales (Gráfico 1). En los últimos doce meses terminados en setiembre, aumentaron en 14 mil las personas subempleadas, que son aquellas que trabajan menos de 40 horas, están dispuestas a trabajar más pero no consiguen hacerlo. También aumentaron las personas con empleo no registrados en la seguridad social en 39 mil en los últimos 12 meses.
El Gráfico 2 muestra la evolución de la cantidad de personas empleadas en el último año así como las subempleadas y las no registradas en la seguridad social. Así vemos como la velocidad que en que crece el empleo es menor que la que crecen las otras dos variables. De confirmarse ese comportamiento como tendencia, se confirmará nuevamente que el modelo de crecimiento es con precarización de la oferta laboral.
Respecto al salario real como indicador del poder de compra de los salarios, en lo que va del año aumentó 1,2%, idéntico porcentaje que lo que aumentó la tasa de empleo desde diciembre pasado. Parece verificarse que el aumento del empleo en estos últimos meses se acompañó con el aumento del salario real.
Sin embargo, con una mirada más de mediano plazo, vemos como desde diciembre 2019, el aumento de las personas empleadas no siempre estuvo de la mano del incremento del poder de compra del salario, pudiendo basarse los últimos movimientos del salario real en el enlentecimiento de la inflación.
Lo anterior puede estar mostrando que luego de la recuperación de los niveles de producción previos a la pandemia, la riqueza que se está generando en el Uruguay de hoy va en la dirección al mercado externo, descuidando a quienes producen para un mercado interno cada vez más disminuido por la vía de salarios que pueden comprar solamente un 2% más que en diciembre de 2019, con un aumento del nivel de ocupación que oculta los problemas de precariedad laboral e indica el incremento del subempleo y del trabajo no registrado en lo que va del año.
GRÁFICO 1
GRÁFICO 2
Reservas internacionales mexicanas a nivel sin precedente
Braulio Carbajal
Las reservas internacionales mexicanas registraron en la última semana un incremento de 361 millones de dólares para ubicarse en 205 mil 623 millones de dólares, la cifra más alta desde que existen registros, es decir, 1995.
Datos actualizados por el Banco de México (BdeM) indican que en lo que va del año el nivel de los activos internacionales del país muestran un crecimiento de 6 mil 529 
millones de dólares, o bien, de 3,3 por ciento.
De acuerdo con el banco central, el incremento de 361 millones en las reservas internacionales durante la última semana es producto de una disminución en el pago anual de la comisión neta correspondiente a la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por el equivalente a 85 millones de dólares, acorde con el monto de acceso solicitado de alrededor de 35 mil millones de dólares para los próximos veinticuatro meses.
En tanto, los activos tuvieron un incremento de 446 millones de dólares en la valuación, debido principalmente a las fluctuaciones del tipo de cambio.
El nivel actual de las reservas internacionales superó el anterior récord de 205 mil 559 millones de dólares registrado la semana del 3 de septiembre de 2021. El segundo monto más alto se dio una semana antes y fue de 205 mil 391 millones de dólares.
Claves para la estabilidad
Las reservas internacionales son inversiones del BdeM en moneda extranjera, cuya principal característica es su alta liquidez; es decir, la facilidad de ser usadas para saldar rápidamente obligaciones de pago fuera de México.
En general funcionan como un indicador de que una economía es capaz de cumplir con sus compromisos en moneda extranjera, lo que ofrece certidumbre a sus acreedores y ayuda a que el país tenga acceso a recursos en mejores condiciones.
Para José Rafael Pineda Albarrán, economista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los últimos años se registra una importante acumulación de reservas internacionales en países de América Latina (incluyendo a México), con el fin de protegerse de las crisis financieras como las que se produjeron con muchas frecuencia en la década de los 90.
El especialista enfatizó que la estructura institucional del banco central mexicano, así como su reputación, han garantizado una gestión adecuada de los activos, lo que contribuye a reducir la probabilidad de ataques especulativos contra la moneda local.
La Comisión de Cambios, integrada por miembros del BdeM y de la Secretaría de Hacienda, es la única facultada para decidir sobre la utilización de las reservas internacionales, y su principal objetivo es contribuir a la estabilidad de precios cuando hay una disminución de los flujos comerciales o de capital de la balanza de pagos por desequilibrios macroeconómicos o financieros, ya sea internos o externos.
Asimismo, si bien las reservas internacionales proporcionan importantes beneficios para la estabilidad macroeconómica del país, se debe aclarar que no forman parte de la riqueza de la nación, por lo que no se les puede considerar recursos del gobierno ni tampoco pueden ser invertidas en proyectos de carácter gubernamental.
En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador estos activos han aumentado en 31 mil 715 millones de dólares, es decir, 18 por ciento.
Grandes mineras de Chile acuerdan disminuir emisiones de CO2
Con el fin de unificar esfuerzos que apunten a la reducción de emisiones de CO2, las principales mineras del país: Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, Freeport-McMoRan, Glencore y Teck; oficializaron un acuerdo de colaboración técnica para la conformación de la primera “Mesa de Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3” para la industria minera del cobre en Chile.
El protocolo, inédito en la minería, tiene por objetivo avanzar en la homologación de los estándares y metodologías existentes para medir estas emisiones. La iniciativa contará con la participación de otros actores del sector, como la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y Minnovex.
El objetivo del acuerdo es avanzar en dos frentes concretos de trabajo. En primer lugar, se abordará la homologación de estándares y metodologías existentes, entregando un foco específico a la medición y reporte de emisiones de Alcance 3 asociadas a la industria minera del cobre.
Para alcanzar este punto, contarán con la colaboración de organizaciones relevantes en la industria minera global y particularmente del cobre, asegurando así que el trabajo esté en línea con las mejores prácticas y estándares internacionales. También les permitirá identificar y priorizar las principales fuentes de emisiones asociadas a la cadena de valor del mineral, de manera de coordinar acciones de reducción conjuntas.
En segundo lugar, la Mesa promoverá la formación de capacidades mediante un proceso de trabajo colaborativo con sus proveedores que contemplará, entre otras acciones, un plan de capacitación destinado a apoyar en la utilización de la plataforma de huella de carbono alojada en el sitio web www.huellaminera.cl.
De esta manera, el ecosistema minero podrá contar con productos y servicios con huellas de carbono que respondan a la operación local y permitan generar representatividad dentro de los inventarios de emisiones del sector.
Empresas mineras acuerdan reducir las emisiones de CO2
Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, sostuvo que “nos sumamos de manera entusiasta a esta iniciativa, que está alineada con nuestras ambiciosas metas globales a 2040: ser carbono neutrales en todas nuestras operaciones y reducir nuestras emisiones de Alcance 3 en un 50%”.
“Compartimos el objetivo de empujar la descarbonización para que Chile avance en proveer cobre bajo en emisiones, no solo respecto de las operaciones mineras, sino también en aquellas que se generan en toda la cadena de valor”, agregó Schaeffer.
Por su parte, la directora de Relaciones Gubernamentales de Teck Sudamérica, Carolina Musalem, sostuvo que “en el contexto de este estudio impulsado por la Corporación Alta Ley, Teck ha incluido en sus metas de cambio climático la ambición de lograr cero emisiones netas de GEI de Alcance 3 para 2050”.
Asimismo, Álvaro Baeza, global manager Decarbonization and Sustainable Operations de Glencore, resaltó que “un gran porcentaje de las emisiones de GEI provienen de la cadena de valor, por lo que este tipo de iniciativas son de gran relevancia para el desafío de reducir las Emisiones de Alcance 3”.
Desde Codelco, Pablo Contreras, gerente de Acción Climática de la estatal, dijo que “en colaboración con Alta Ley, Codelco ha desarrollado una calculadora de huella de carbono destinada a proveedores de la industria minera, con el fin de apoyar la medición de las emisiones correspondientes al Alcance 3”.
Ejecución del acuerdo minero
Desde Alta Ley agregaron que el desarrollo de este estándar permitirá consolidar y exportar globalmente el conocimiento en torno a la medición y reporte de emisiones de Alcance 3 en la industria minera. Todo ello, sumado a los esfuerzos coordinados con los proveedores de la minería para la capacitación y acompañamiento en el cálculo de la huella de carbono.
Este trabajo conjunto entre la industria y proveedores será liderado por un Comité Ejecutivo, compuesto por integrantes de cada compañía minera y de Alta Ley, el que involucrará también una constante interacción con el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), la Organización Internacional del Cobre (ICA), asociaciones de proveedores y empresas mineras.
El presidente ejecutivo de Corporación Alta Ley, Fernando Lucchini, enfatizó el carácter colaborativo de esta iniciativa. “Esta mesa para la Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3 de la Minería es una instancia de colaboración inédita entre empresas mineras, la ICA y el ICMM, con quienes trabajaremos alineados para diseñar una guía sectorial para la medición de las emisiones de Alcance 3 en la industria del cobre, a partir de la homologación de protocolos y directrices reconocidos internacionalmente”, comentó.
Índice del hambre avanza en Perú a su nivel más alto en 10 años
La red Alliance 2015 presentó el Índice Global del Hambre (IGH) 2022 en el que se revela que en el Perú el IGH se ubicó en 19,6 puntos, por encima de los 17,7 puntos registrados en 2021. De esta manera se ubica en la posición más negativa en los últimos 10 años.
Cabe precisar que, según la FAO, más de 16 millones de peruanos experimentan carencias nutricionales.
De acuerdo con el indicador, hay 13 regiones (incluido Callao) que se ubican “en una escala de hambre moderada”, sin embargo, hay 10 que registran una situación grave entre ellas Loreto, Huánuco, Pasco, Ucayali, Junín, Huancavelica, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Puno.
En tanto, solo dos zonas del país mantienen una situación de hambre baja, Lambayeque e Ica.
Al respecto, el vocero de la red Alliance 2015, Kaspar Schmidt, aseguró que el panorama social, económico e institucional en los últimos años han borrado varios años de avance.
“En 2022, entre los departamentos que han perdido más de una década de avances contra el hambre figuran Madre de Dios, Tacna, Moquegua, Tumbes, Lima, la provincia constitucional del Callao, Junín, Ucayali y Apurímac”, añadió.
Panorama internacional
Inédita cumbre de emergencia de BRICS
Alfredo Jalife-Rahme
Mas allá del tropiezo del nuevo BRICS-11 con la elección adversa de Milei (https://bit.ly/3MVEJWF) –quien rechaza ingresar en su seno a inicio del año y puede ser sustituido por Bolivia y/o Venezuela–, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, convocó a una extraordinaria cumbre virtual para detener la catástrofe humanitaria en Gaza (https://bit.ly/3QJEKho). Ramaphosa refleja la frustración y enojo del sur global debido a la carnicería, al corte de caja de hoy, de 14 mil civiles palestinos, cuya mitad lo constituyen los infantes: ¡un genuino infanticidio! Resulta inédito que el BRICS, en su quintaescencia una agrupación geoeconómica, se aboque a temas geopolíticos de gran envergadura, como solía hacer el hoy alicaído G-7 en la época de gloria de la globalización financierista de la anglósfera y de la unipolaridad estadunidense.
Ante la pasmosa quietud permisiva de Occidente –con la notable excepción del premier canadiense, Justin Trudeau, y las volteretas acrobáticas del presidente galo, Macron–, el sur global se mueve aceleradamente para detener la metabalcanización de Gaza (https://bit.ly/3QAiaZR) y la transferencia/expulsión/deportación hoy de 1,7 millones del norte de Gaza, que el ministro israelí Avi Dichter bautizó como Nakba 2023 (https://bit.ly/3umYQX7). Nakba en árabe significa catástrofe: se refiere a la desposesión y desplazamientos masivos de los palestinos en 1948, según la ONU (https://bit.ly/3Gbd4Nr).
Salvo a quienes convenga por sus intereses bursátiles optar por la política del avestruz, resalta que una delegación de cancilleres de países árabes e islámicos visitó en primer lugar China (¡mucho ojo!) para encontrar una solución (https://bit.ly/3sMK4c0), si es que la hubiere, al contencioso israelí-palestino que lleva 76 años de deliberada delicuescencia por las grandes potencias y que, en realidad, se origina desde la carta del canciller británico Balfour al banquero Jázaro (https://bit.ly/3QqemJr) Rothschild en 1917 (https://bit.ly/490jzjw) para el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina (¡megasic!): ¡hace 106 años!
La delegación que representa la reciente cumbre conjunta de 22 países árabes y 57 de la Organización para la Cooperación Islámica (https://bit.ly/3uhprVs) visitará Moscú en segundo lugar y, luego, a los otros tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Gran Bretaña, Francia y EU.
El supercanciller chino, Wang Yi, también miembro del politburó, promueve una conferencia internacional de paz a gran escala, alcance y efectividad y un cronograma y hoja de ruta. En su participación, el presidente Xi reclamó “la solución de dos estados, la restauración de los derechos nacionales legítimos de Palestina y el establecimiento del Estado independiente (sic) de Palestina (https://bit.ly/3R9c6aV)”. El presidente Putin imputó que la violencia en Gaza es consecuencia de la monopolización del proceso de negociación por Washington (https://bit.ly/47GxoC8).
De los otros participantes, llamó la atención la severidad del príncipe heredero saudita, Mohammed Bin Salman, al solicitar a “todos (¡megasic!) los países cesar las exportaciones de armas a Israel (https://bit.ly/3utVeCT)”.
Al Jazeera,con sede en Doha (Qatar), interpreta que la condena del BRICS a los crímenes de guerra de Israel en Gaza es una “señal a Occidente (https://bit.ly/47lZdQv)”.
Curiosamente, SCMP.com fustiga a India, miembro del BRICS, en la fase del premier Narendra Modi, por su solidaridad total con Israel con base en la política antislámica del partido nacionalista hindú en el poder Bharatiya Janata (https://bit.ly/46yw1ok).
La política pro israelí a ultranza del jingoísta Modi puede ser contraproducente ya que mancillaría su supuesto liderazgo del sur global y lo haría colisionar con las seis petromonarquías del golfo Pérsico –donde abundan y prosperan los indios– y pondría en tela de juicio su óptima relación con Irán y recientemente con Egipto; ¡no se diga con Rusia! La pelota ahora se encuentra en el campo de Biden.
Un mundo de trabajo informal y vulnerable, sin soluciones reales
Eduardo Camín*
La elevada incidencia cada vez más visible de la informalidad en todas sus formas tiene multiples consecuencias nefastas para los trabajadores, las empresas y las sociedades y es, sobre todo, un gran desafio para la realización de trabajo decente para todos y el desarrollo inclusivo y sostenible.
Hace mucho tememos que el trabajo decente se afianza en la promesa, pero se diluye en la realidad de la informalidad. El trabajo informal es la mayor fuente de empleo precario.
La Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) afirma que más de dos mil millones de personas, es decir más del 61 por ciento de la poblacion activa, se gana la vida en la economía informal, dejando en evidencia que la transición hacía la economia formal es una condición para hacer realidad el trabajo decente.
En efecto, para cientos millones de trabajadores, la informalidad implica una falta de protección social, de derechos en el trabajo y de condiciones laborales decentes, y a la vez para las empresas significa baja productividad y falta de acceso al crédito.
Los datos sobre estas cuestiones son esenciales para elaborar políticas apropiadas e integradas que se ajusten a la diversidad de situaciones y necesidades. En unos de los informes de la OIT el ejército de reserva mundial constaba de más de 2.300 millones de personas, en comparacion con los 1.660 millones en el ejército de trabajo activo, muchos de los cuales tienen empleos precarios.
El número de parados o desempleados está en más de 207 millones de trabajadores, y alrededor de 1.500 millones son clasificados como «empleados vulnerables», trabajadores que trabajan por cuenta propia (informales y rurales), así como trabajadores familiares (trabajo de cuidados y doméstico). Por su parte, otros 630 millones de personas con edades entre 25 y 54 años se clasifican como económicamente inactivos.
De toda evidencia, la globalización que nos vendieron -los mismos que ahora claman por una reglobalización- ha perturbado las estructuras de producción mundiales, lo que ha tenido importantes efectos sobre las empresas y el empleo, y las condiciones de los trabajadores. Las cadenas mundiales de suministro, que representan uno de cada cinco puestos de trabajo en todo el mundo, son un reflejo de la creciente diversificación de la producción.
Si bien han creado puestos de trabajo ofreciendo oportunidades para el progreso económico, las relaciones laborales y la dinámica de la producción, han tenido consecuencias negativas en las condiciones generales de trabajo.
Para los actores laborales, el reto consiste en mejorar la gobernanza de estas cadenas mundiales de suministro y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, en particular los derechos fundamentales.
Las cadenas mundiales de suministros
Otra de las facetas emblemáticas de la economía contemporánea es la financiarización de los negocios con énfasis en la rentabilidad financiera, a expensas de la inversión real.
A falta de una regulación adecuada, esta financiarización tiene el efecto de aumentar la volatilidad y la vulnerabilidad de la economía y del mercado de trabajo, alentando los beneficios a corto plazo y ocasionando efectos redistributivos perniciosos, con consecuencias para la creación de empleo, la productividad y la sostenibilidad de las empresas.
Las razones de la crisis financiera y económica de 2008 y sus efectos devastadores sobre la economía real son bien conocidas, entre ellas, las deficiencias en la gobernanza y en la regulación de los mercados financieros. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si se han aprendido realmente las lecciones de esos acontecimientos, todo hace pensar que no. A pesar de algunos beneficios, es evidente que la globalización no se ha traducido en una nueva era de prosperidad para todos.
Por lo tanto podemos decir que la elevada incidencia de la informalidad en todas sus formas tiene múltiples consecuencias nefastas para los trabajadores, las empresas y las sociedades y es el gran desafío para la realización del trabajo decente para todos y el desarrollo inclusivo y sostenible.
Durante mucho tiempo el analisis de Marx de la «ley general de la acumulación capitalista» que señalaba las condiciones de precariedad creciente y el empobrecimiento relativo de la población trabajadora, fue rechazado de plano por los principales científicos sociales. Sin embargo, en los ultimos años la noción de precariedad como una condición general de la vida de la clase obrera ha sido redescubierta.
En contraste con estos puntos de vista con variados discursos que emanan principalmente de sectores de izquierda influenciados por el posmodernismo, los sociólogos del grupo de poder normalmente conceptualizan la precariedad de los trabajadores en términos más prosaicos como una brecha cada vez mayor entre «buenos y malos» puestos de trabajo.
Además, con una fuerte tendencia a adoptar una visión corporativista en la que el objetivo de todas las clases es restablecer un contrato social entre los «trabajadores organizados y el capital organizado».
Sin embargo, la idea es tratada de forma ecléctica, reduccionista y tipicamente ahistórica de las ciencias sociales y humanas de hoy en día, desconectadas de la teoría global de la acumulación derivada de Marx. El resultado es un conjunto de observaciones dispersas sobre lo que consideran desarrollos, que responden en gran medida al azar.
La cuestión en pocas palabras, sería regular las condiciones de trabajo con el fin de convertir el empleo informal en formal. Naturalmente este proyecto es visto como una respuesta natural al declive real de la organización de los trabajadores. Pero estos análisis tan superficiales y reformistas rara vez exploran la dinámica histórica de la acumulación del capital que ha impulsado el resurgimiento de la precariedad al centro de la economía mundial. Prejuicios conceptuales de hace más un siglo bloquean su visión, ausentes de los debates.
*Periodista uruguayo, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista Asociado al Centro de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)