¿Por qué el caso de Daniel Jadue es lawfare de manual?
El último viernes de mayo, ante el Tercer Juzgado Garantía de Santiago, se desarrolló la tercera jornada de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. La acusación se basa en una serie de convenios en época de pandemia entre la empresa Best Quality SPA, vendedores de insumos médicos, y la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).
Durante este viernes, el abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, continuó sus alegatos que partieron el jueves. El jurista rechazó las imputaciones de la fiscalía y defendió el rol de las Farmacias Populares en la comuna de Recoleta. Según la Fiscalía, Daniel Jadue arriesga hasta 15 años de cárcel. Mientras que, la prensa empresarial justifica la prisión preventiva sin constatar las pruebas que acusen el delito.
Al inicio de la audiencia, el abogado abordó la imputación de fraude al fisco, señalando que no había “un actuar doloso”, así como tampoco perjuicio al municipio. “Si el Ministerio Público pide una medida cautelar como la de los demás imputados, de firma y arraigo, uno podría decir ‘la fiscalía está investigando’. Porque la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, tiene que ser una medida absolutamente justificada”. En esa misma línea, puso como ejemplo el caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (ind-UDI), quien también está siendo investigada por delitos de corrupción municipal y que se encuentra con arresto domiciliario total.
“Los únicos que están con la champaña esperando lo que ocurra son los dueños de las cadenas de farmacias y los dueños de las cadenas de ópticas, que están esperando para celebrar que quien irrumpió en su mercado y cambió la vida de muchos chilenos quede en prisión preventiva”, cerró Ramón Sepúlveda en una exposición de poco más de una hora.
¿Qué es el lawfare y por qué se relaciona hoy con Daniel Jadue?
La palabra lawfare se define como el «uso de acciones legales para causar problemas a un oponente», cuestión que hoy se toma desde el arista judicial bajo el argumento basado en la «autonomía de los poderes del Estado» desde el Poder Judicial. Lo cierto, es que se trata de una maniobra política para derribar figuras de candidatos políticos en un año clave para candidaturas municipales y cartas presidenciales.
Operación política y relación de los querellantes con Luis Hermosilla
Algo huele raro en el caso. Se trata de vínculos de la derecha a través de la fiscal que lleva el caso y los abogados querellantes. Según La Voz de los que sobran, la fiscal Giovanna Herrera, quien lleva el caso de la formalización de Daniel Jadue, es pareja de Andrés Montes, fiscal de Investigación de la Comisión del Mercado Financiero (CMF) quién es mencionado en uno de los audios de Whatsapp de Luis Hermosilla. Actualmente Andrés Montes lleva un sumario interno en el CMF que investiga su participación en el Caso Hermosilla. A pesar de ello, fue ratificado en su cargo por 6 años.
Por otro lado, Mario Vargas, abogado defensor de Best Quality, la empresa que se querelló contra Daniel Jadue en el caso de las farmacias populares, quien trabajó con Luis Hermosilla en la defensa del sacerdote y ex vocero de los Legionarios de Cristo John O’Reilly, condenado por abuso sexual. Además, defendió al capitán Patricio Maturana, carabinero sindicado por el autor del disparo que cegó a Fabiola Campillai; al director de teleseries Herval Abreu, acusado de acoso y violación por siete mujeres; y a Marco Antonio López, más conocido como Parived, en el caso Relojes VIP.
César Ramírez es uno de los denunciantes contra Jadue, quien fue condenado por estafa en el caso Berries, y luego como empleado de Best Quality.
Desde La Izquierda Diario tenemos profundas diferencias con el Partido Comunista, frente a su rol en el gobierno y su responsabilidad de mermar la organización de base en la lucha de clases. Sin embargo, frente a esta situación denunciamos esta operación política que es evidente, denunciamos y rechazamos estas maniobras que intentan perseguir y proscribir candidaturas que han sido apoyadas por sectores de trabajadores y el pueblo.