Desde 2004 Haití tiene una presencia armada y amparada por la ONU, bajo el nombre de “Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití” (MINUSTAH), organizada por Washington. La MINUSTAH cuenta con 9 mil soldados, de los cuales 7,265 soldados son de Brasil y el resto son efectivos de Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador y de España, Canadá, Francia y Estados Unidos miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Bajo la idea de integrar “una fuerza de paz conjunta”, los países sudamericanos, avalan y ejecutan la intención estadounidense de lograr una fuerza multilateral de vigilancia en la región. Aunque, algunos analistas los ven como un contrapeso hacia las intenciones de Estados Unidos, que además fortalecería a la ONU.

Sin embargo, al pueblo haitiano le ha costado y le cuesta mucho su desarrollo nacional. Parece pagar la osadía de ser la primera nación -en 1804- donde los esclavos negros lograron abolir el sistema esclavista por acción propia revolucionaria y declarar su independencia.

Ironías de la vida, su historia ha sido signada por la falta cíclica de gobernabilidad, materializada en una de las dictaduras más sangrientas del Caribe y América Central -entre 1959 y 1979- cuyos asesinatos alcanzaron al tercio de la población. Incluso, la inestabilidad se concretó por renuncias gubernamentales -como la del presidente Aristide en 2001-; acciones comandadas e ideadas desde Washington.

La salida desesperante

La ingobernabilidad está relacionada con la cruel realidad de ser uno de los más pobres en el mundo (aproximadamente el 90 por ciento vive en condiciones de pobreza). La ayuda humanitaria internacional no llega en forma gratuita, sino que es interceptada por una élite comercial que los distribuye en el mercado formal e informal.

A esto se suma la destrucción del medio ambiente por la deforestación y los desastres naturales, la violencia, la falta de empleo, la destrucción productiva y el narcotráfico. Aspectos que hacen del país un lugar de donde muchos quieran escapar.

Mientras el 80 por ciento de los profesionales se plantean abandonar el país ante la falta de oportunidades, muchos optan por las salidas ilegales.

Frente a este panorama, sumado a la desesperación de los haitianos, emergen en los países vecinos violentas políticas conservadoras mediante el refuerzo de los controles de seguridad, la firma de acuerdos y la aprobación de leyes xenofóbicas.

Los inmigrantes de Haití no son bien recibidos en el resto del mundo; en forma permanente son objeto de discriminaciones, vejaciones, maltratos, detenciones, torturas y asesinatos sólo por el hecho de provenir de la castigada isla del Caribe.

Uno de los lugares con mayor flujo de inmigrados haitianos clandestinos es su vecina República Dominicana. A pesar de que no existen datos oficiales, se calcula que alrededor de un millón de haitianos vive en dicho Estado. Van para buscar la movilidad laboral y social que en su país no tienen.

En general, son la fuerza de trabajo de empleos privados no legales en la construcción, el comercio ambulante, el servicio doméstico, el transporte, el turismo y la agricultura.
Durante la dictadura dominicana de Leonidas Trujillo en 1937, miles fueron eliminados físicamente, en pos de una “limpieza étnica”. Según distintos análisis, esa visión y política todavía permanece en este país, aunque no con el mismo descaro.

Al respecto, un Informe de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, publicado el 14 de enero de 2009, denunció cómo el anti-haitianismo se sigue manteniendo en la sociedad dominicana, donde incluso se plantea la desnacionalización de los hijos(as) de inmigrantes no documentados nacidos en República Dominicana.

El 4 de mayo pasado, autoridades de migración dominicanas repatriaron, en la ciudad de Santiago, a 43 haitianos indocumentados. Otro hecho de las mismas características ocurrió el 21 de marzo de este año, episodio en el que fueron 73 los repatriados.

En esa ocasión, habían amenazado con expulsarlos “pero sin violar los derechos humanos”; de manera “civilizada”, “les dijimos que no los queríamos en nuestras comunidades y los conminamos a marcharse”, aseguraron los funcionarios dominicanos.

La situación se complejiza con los discursos. Se afirma que los menores inmigrantes protagonizan actos de delincuencia, deambulan o molestan en la vía pública e incluso que son víctimas de abusos por parte de los traficantes de trata de personas. Tampoco faltan aquellos que se quejan de que absorben el trabajo nacional y quienes temen por una invasión haitiana.

A raíz de la propuesta de dar a los inmigrados cédulas de identidad y electoral, hubo declaraciones de creciente sentimiento nacionalista y proteccionista (con altos grados de xenofobia). Una de ellas fue la del ex director general de Migración Sabas Burgos quien afirmó que la República Dominicana "no tiene porqué confeccionar un padrón (electoral) para registrar a ciudadanos de otro país".

La zona fronteriza que une a las provincias dominicanas de Santiago Rodríguez y Dajabón, es escenario de la tensa y violenta relación. Allí tienen lugar las detenciones, las acusaciones de supuestos robos de ganado; por cierto, cuentan con la complicidad de dominicanos familiarizados con las redes clandestinas de personas que trasladan a los haitianos en pequeños autobuses con poca ventilación.

 

Más de una vez, los inmigrados arriesgan sus vidas, caen heridos o mueren en el camino a esa vida soñada.

Han sido de gran conocimiento público, la muerte de la haitiana Anide Joazard el pasado 26 de marzo y de Schilchid Pié, de 20 años, el 21 de enero. Ambos en manos de militares fronterizos dominicanos que argumentaron -para justificar el ajusticiamiento- que estas personas intentaban escapar.

Mientras la situación se agrava, el gobierno de la República Dominicana puso en marcha el programa “Más Allá del Horizonte” (antes llamado Nuevo Horizonte) junto al Comando Sur de Estados Unidos. Este consiste en ejercicios militares conjuntos, bajo el pretexto de ayuda social, control fronterizo, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Un antecedente relevante es la firma del presidente dominicano Joaquín Balaguer de un Memorando, mediante el cual se le concedió a Estados Unidos el uso de puertos, aeropuertos y territorio dominicanos para operaciones militares destinadas a Haití.

A todo esto, el caso de Haití es alarmante por los niveles de pobreza, el daño ambiental y la influencia directa e indirecta de Estados Unidos. Necesariamente se tiene que solucionar sus problemas internos estructurales, entre los que la erradicación de la pobreza es esencial. También, es grave y contraproducente la tensión que vive con su vecino dominicano.

El pueblo haitiano tiene el desafío de consolidar una fuerte base nacional y regional, política y social, al igual que la recuperación de su historia e identidad de lucha.
De todos modos, aventurar hacia dónde se dirige el país es un gran interrogante.

 

* Alumna del Seminario de grado “Periodismo en Escenarios Latinoamericanos”, Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad nacional de la Plata