Feb 19 2016
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Participaci贸n ciudadana

Convergencia de Izquierdas: Por Chile, contra el TPP

 

El tratado 鈥淭rans Pacific Partnership Agreement鈥, conocido como TPP, fue firmado por el gobierno de Michelle Bachelet el pasado 4 de febrero, tal como hab铆a propuesto el Presidente Barack Obama de los Estados Unidos, tras siete a帽os de negociaciones secretas. Convergencia de Izquierdas rechaza tajantemente esta conducta pues afecta gravemente los intereses de nuestro pa铆s y de su poblaci贸n, por las causas que exponen a continuaci贸n.

  1. Rechazamos el TPP por la falta de procedimientos democr谩ticos y transparencia en su negociaci贸n.

Este tratado incide de manera significativa sobre una variada gama de materias de las actividades econ贸mica, financiera, productiva, ambiental, laboral, sanitaria, entre otras. Pese a ello, no existi贸 debate p煤blico durante su negociaci贸n y se neg贸 acceso a la informaci贸n a la ciudadan铆a, a organizaciones sociales o representantes de las instituciones democr谩ticas, contraviniendo de manera flagrante derechos pol铆ticos fundamentales de un sistema democr谩tico asentados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, suscrito por el Estado de Chile, que otorga a los ciudadanos y ciudadanas, en su art铆culo 25, el derecho a 鈥減articipar en la direcci贸n de los asuntos p煤blicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos鈥.

En rigor, los 煤nicos que tuvieron oportunidad de opinar fueron los grandes empresarios a trav茅s de la figura del Cuarto Adjunto, que en teor铆a es un espacio abierto de informaci贸n, di谩logo y debate con la sociedad civil y el sector privado que ayuda a definir las posiciones de Chile en sus negociaciones comerciales, pero que en los hechos ha significado una legitimaci贸n del lobby empresarial. No se consult贸 a organizaciones civiles relacionadas con la salud, pese a las trascendentales definiciones del tratado sobre los medicamentos. Pese a que el TPP afectar谩 severamente a los pueblos originarios, tampoco ellos fueron consultados como dispone el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Ind铆genas y Tribales, tambi茅n suscrito por Chile; ni las organizaciones de defensa del medioambiente ni las organizaciones sindicales, aunque la firma del tratado impondr谩 importantes efectos sobre la pol铆ticas p煤blicas en estos 谩mbitos. Las organizaciones de la sociedad civil s贸lo han sido informadas ex post, lo cual es una burla. Es m谩s, la informaci贸n se neg贸 cuando fue solicitada, lo cual constituye una trasgresi贸n a la normativa nacional sobre acceso a la informaci贸n p煤blica, ya que nunca existi贸 un acto administrativo presidencial que es el 煤nico medio legal que pod铆a declarar secreta la negociaci贸n del tratado. Todas estas irregularidades deber铆an ser motivo suficiente para invalidar el proceso de negociaci贸n y considerar ileg铆timo este tratado.

  1. Rechazamos el TPP porque es absolutamente innecesario, incluso en la estrategia de desarrollo exportadora vigente en Chile.

Este acuerdo es innecesario desde el punto de vista comercial puesto que con todos los pa铆ses que lo integran est谩n vigentes tratados de libre comercio que contemplan programas de liberaci贸n arancelaria, existiendo arancel cero en la mayor铆a de los casos, con la excepci贸n de algunos pocos productos en un reducido n煤mero de pa铆ses. La Direcci贸n General de Relaciones Econ贸micas Internacionales de la Canciller铆a (DIRECON) ha insistido en que hay ganancias comerciales, derivadas de la denominada acumulaci贸n de origen. Sin embargo, sobre esta materia no se conocen estudios que eval煤en sus potenciales beneficios sobre el comercio, el empleo o la producci贸n. En este sentido, la DIRECON, bajo la direcci贸n del socialista Andr茅s Rebolledo, ha actuado con una falta de seriedad absoluta, pues si este es el gran argumento debiese estar s贸lidamente respaldado por estudios que permitan medir la magnitud del impacto sobre dichas variables.

En los 煤ltimos d铆as la DIRECON ha sacado de la manga dos nuevos argumentos: por una parte afirma que Chile obtendr谩 acceso para exportar, en esos pa铆ses, 1.600 nuevos productos nacionales, principalmente carnes de bovinos, cerdos y c铆tricos, y, por otra parte, se帽ala que en los pa铆ses signatarios de este acuerdo Chile llegar谩 a tener el 95% de sus productos exentos de arancel.

Entendemos que, respecto del primero de estos nuevos argumentos, la gran mayor铆a de esos nuevos 1.600 productos desgravados, no son ni nuevos ni productos diferenciados. Esa argumentaci贸n se basa en que, muy probablemente, DIRECON contabiliza un producto desagregado por distintos 铆tems arancelarios, los que adem谩s se multiplican por el n煤mero de mercados. En efecto, en este tipo de tratados se consideran productos distintos a distintas variedades, por ejemplo, uvas de distintas cepas son consideradas cada una como un bien distinto. A mayor abundamiento, la uva de mesa, que para el sentido com煤n es un solo producto (o a lo m谩s tres: blanca, negra y rosada) en realidad para estos tratados son diez, que corresponden a las 10 variedades que Chile exporta, Perlette, Flame Seedless, Sugraone, Thompson Seedless, Black Seedless, Red Globe, Ribier, Ruby Seedless, Crimson Seedless y Red Seedless. Del mismo modo, las manzanas que son 11 variedades (10 rojas y 1 verde), para estos efectos, se consideran como 11 productos distintos. As铆 resulta f谩cil y malicioso decir que 21 productos se incorporan gracias a la nueva situaci贸n y se comete un enga帽o a la buena fe de las personas. Si ellos se multiplicaran por los 11 mercados se ampl铆a el enga帽o.

Respecto del 煤ltimo argumento, que afirma que el 95% de los productos estar谩 exento de arancel, en primer lugar es necesario que se aclare cu谩l es ese porcentaje en la actualidad seg煤n la DIRECON y, en segundo lugar, conocer qu茅 porci贸n del hipot茅tico aumento del porcentaje desgravado s贸lo corresponde a la aceleraci贸n de desgravaciones ya acordadas.

La teor铆a econ贸mica que ha sustentado la apertura comercial chilena indica la existencia de beneficios atribuibles al comercio, empero, todo muestra que en este tratado la desviaci贸n de comercio superar谩 largamente a la creaci贸n de 茅ste, lo que constituye, para la misma teor铆a, una p茅rdida de bienestar social.

  1. Rechazamos el TPP porque limita la soberan铆a nacional y coarta la capacidad del Estado para adaptarse a los cambios.

Este tratado utiliza, en su cap铆tulo de inversiones, tres componentes fundamentales para limitar la acci贸n p煤blica. Primero, considera que los inversionistas tienen una 鈥渆xpectativa razonable de ganancia鈥, la que no est谩 sujeta a informaci贸n, declaraci贸n, control ni evaluaci贸n por ninguna agencia p煤blica nacional o multilateral; segundo, que cualquier actividad o decisi贸n de un Estado signatario que pudiera afectar esta expectativa constituye una 鈥渋nterferencia p煤blica鈥 que ser谩 causa de sanci贸n, y, tercero, un sistema de soluci贸n de controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado receptor de la inversi贸n a trav茅s de tribunales arbitrales al que pueden recurrir los inversionistas cada vez que consideren que alguna pol铆tica estatal afecta sus expectativas. Si producto de ello un Estado es sancionado por estos tribunales, no s贸lo deber谩 pagar la indemnizaci贸n que se le aplique, sino que deber谩 remover la causa que dio origen a esa sanci贸n.

Este tipo de mecanismos se viene imponiendo desde hace tiempo en los tratados internacionales de inversi贸n y tratados de comercio que incorporan cap铆tulos de inversi贸n. Permite a las empresas transnacionales situarse en un nivel de igualdad frente a los estados, eludir las leyes del Estado cuestionado y otras normas del Derecho P煤blico Internacional y demandar a los gobiernos para exigir indemnizaciones y la reversi贸n de pol铆ticas de inter茅s p煤blico. Al aceptar este mecanismo, el Estado signatario del TPP renuncia a su derecho soberano a la jurisdicci贸n dentro de su territorio y deja su potestad legislativa y de regulaci贸n social, econ贸mica y ambiental sometida al arbitrio de una instancia extrajudicial, cuyas decisiones se sit煤an por encima de cualquier otra instituci贸n. En efecto, los jueces designados para estos tribunales no rinden cuentas ante ninguna instancia, no est谩n obligados a respetar la jurisprudencia ni sus fallos son susceptibles de apelaci贸n, pese a dirimir sobre temas trascendentales para la vida de una naci贸n.

El mecanismo que el tratado estable tiende a favorecer las reclamaciones de las empresas pues se presentan en instancias de arbitraje, en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que hoy se encuentran fuertemente cuestionadas por su sesgo en favor de las grandes transnacionales al considerar como base jur铆dica de sus decisiones solamente los tratados de protecci贸n de inversiones, dejando al margen las leyes del Estado acusado y la normativa internacional en materia ambiental, laborales o los derechos econ贸micos, sociales y culturales contenidos en la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos.

Adem谩s, la composici贸n de los tribunales arbitrales favorece a la empresa querellante, la que designa uno de los tres jueces e interviene en la designaci贸n del presidente, de entre un listado de abogados cuya objetividad ha sido seriamente cuestionada por estudios que han logrado establecer que existe una verdadera industria del arbitraje que se nutre de los elevados honorarios de estos jueces, que se elevan hasta mil d贸lares la hora, a lo que se a帽ade el hecho de que mucho de ellos se han desempe帽ado en grandes multinacionales, lo que constituye un grave conflicto de intereses (1). Raz贸n tiene Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Econom铆a en 2001, al se帽alar que 鈥淓stos arbitrajes, en su forma actual est谩n realmente controlados por las grandes corporaciones (…) no se trata de una corte justa, es una que est谩 totalmente sesgada a favor de pa铆ses como EE.UU. y las grandes corporaciones鈥 (2).

Para agravar las cosas, las decisiones de los arbitrajes son inapelables y obligatorias para los Estados, es decir, sus resoluciones no pueden ser revisadas, aun cuando el proceso pueda presentar vicios de
legitimidad y legalidad evidentes.

Por otra parte, el mecanismo de soluci贸n de controversias acordado es asim茅trico pues los Estados no pueden recurrir a esos tribunales contra las empresas. Tampoco pueden las personas, comunidades u organizaciones que vean vulnerados sus derechos por las actividades de una transnacional hacerse parte de un proceso de este tipo.

Una reciente demanda de la empresa Monsanto al estado de California por reclasificar el glifosato como cancer铆geno despu茅s de que la Agencia Internacional de la Organizaci贸n Mundial de la Salud para la Investigaci贸n sobre el C谩ncer (IARC) anunci贸 su probable v铆nculo con esta grave dolencia en marzo de 2015, muestra la conducta de estas empresas y su 茅tica y expone los riesgos de quedar sometidos como Estado a tribunales privados que vean este tipo de reclamaciones.

La situaci贸n llega a ser caricaturesca ya que estas empresas pueden declarar, a modo de ejemplo, que su expectativa de ganancia se puede ver afectada con un aumento del sueldo m铆nimo. Esto que parece una pesadilla para los trabajadores no lo es y ya ocurri贸 con Egipto producto de un tratado con disposiciones similares.

Tambi茅n se establece la extensi贸n de los beneficios que otorga el TPP a inversiones previamente existentes, lo que significa una suerte de retroactividad de la ley para favorecer a estas empresas transnacionales.

Por otra parte, este tratado limita al Estado de Chile para la creaci贸n y funcionamiento de empresas p煤blicas en cualquier materia que puede ser considerada comercial 鈥攑or ejemplo, para la creaci贸n de una empresa destinada a la extracci贸n y producci贸n de litio o una hipot茅tica empresa estatal de producci贸n de energ铆as limpias鈥, as铆 como para capitalizar con recursos del Estado empresas p煤blicas, como Ferrocarriles. La 煤nica excepci贸n que los 鈥渘egociadores鈥 chilenos resguardaron fue para la actividad de CODELCO, siendo Chile el pa铆s que menos excepciones interpuso. En el extremo, las 鈥渇armacias populares鈥 pudiesen ser afectadas por el cuestionamiento a su operaci贸n a trav茅s CENABAST.

Se subordinan as铆 las pol铆ticas p煤blicas al criterio de empresas extranjeras, disminuyendo la capacidad de adaptaci贸n de los Estados a los cambios de la realidad econ贸mica y social.

Este tratado, protege las inversiones de cualquiera naturaleza, aunque afecten un derecho tal como la privacidad de las personas, as铆 por ejemplo el art铆culo 14.11.2 supone una severa vulneraci贸n de la privacidad de las personas al establecer que 鈥淯na Parte permitir谩 las transferencias transfronterizas de informaci贸n por medios electr贸nicos, incluyendo la informaci贸n personal, cuando esta actividad sea para la conducci贸n de un negocio de una persona cubierta鈥, lo que limita la protecci贸n de la informaci贸n privada de las personas en beneficio de las empresas.

Como se observa, el TPP no s贸lo es un tratado comercial como ha pretendido la direcci贸n de la DIRECON, sino que es tambi茅n un tratado de inversiones que favorece a las grandes empresas transnacionales, como si no fuera suficiente el DL 600 de la dictadura pinochetista.

En un contexto donde, como se帽ala la Confederaci贸n de Trabajadores del Cobre, al menos en ese rubro, la producci贸n privada en m谩s de un 80% se transforma en retornos del capital, no se justifica semejante sobreprotecci贸n a la inversi贸n externa.

  1. Rechazamos el TPP porque sus disposiciones sobre propiedad intelectual afectan el inter茅s de Chile y su desarrollo futuro.

Aun cuando el canciller Heraldo Mu帽oz asegur贸, en mayo pasado en la C谩mara de Diputados, que Chile no aceptar铆a extender la protecci贸n de datos que restringe la comercializaci贸n de f谩rmacos gen茅ricos que contengan o sean productos biol贸gicos a m谩s de 5 a帽os, y Andr茅s Rebolledo, director general de la DIRECON, ha afirmado que Chile logr贸 defender su posici贸n, el art铆culo 18.52.1 establece que esa protecci贸n ser谩 de 8 a帽os o de 5 a帽os m谩s otras medidas que brinden un 鈥渞esultado comparable鈥 a los 8 a帽os. As铆, se est谩 asegurando de forma encubierta, por tres a帽os adicionales, las ganancias monop贸licas de las empresas farmac茅uticas transnacionales en detrimento de la salud de la poblaci贸n de Chile. De acuerdo a una minuta elaborada por la Subsecretar铆a de Salud P煤blica (3) cada a帽o adicional de protecci贸n de datos de estos medicamentos significa una p茅rdida anual de US$ 770 millones para Chile. El tratado reci茅n firmado es tan inhumano con la poblaci贸n que este art铆culo expl铆citamente se aplica a productos que sean o contengan 鈥渦na prote铆na producida utilizando procesos biotecnol贸gicos para uso en seres humanos para la prevenci贸n, tratamiento, o cura de una enfermedad o condici贸n.鈥

Por otra parte, el acuerdo ampl铆a los criterios de patentabilidad conocidos (que la invenci贸n sea nueva, que tenga nivel inventivo y que tenga aplicaci贸n industrial), al garantizar la patentabilidad de 鈥渘uevos usos de un producto conocido, nuevos m茅todos de usar un producto conocido, o nuevos procesos de uso de un producto conocido鈥, lo que probablemente tendr谩 como resultado la renovaci贸n constante de patentes sobre los mismos productos, funcionando en contra de la innovaci贸n que se 鈥減retende鈥 fomentar, puesto que las empresas tendr谩n incentivos para declarar nuevos usos, nuevos m茅todos y nuevos procesos, en vez de introducir nuevas invenciones que les implican un costo mayor en investigaci贸n y desarrollo. (Cap18.37.1).

Este tratado, al extender el 谩mbito y los plazos de protecci贸n de la propiedad intelectual, confirma la tendencia a sobredimensionar el costo de productos farmac茅uticos y de otras industrias, impuesta en los Estados Unidos por las grandes corporaciones y sus lobbystas, sobreestimando el costo del tiempo y de la inversi贸n de investigaci贸n y, por lo tanto, asegurando ganancias extraordinarias a los detentores de patentes.

Por otra parte, el TPP exige aprobar el convenio UPOV 91. Ya el 17 de marzo de 2014 el gobierno debi贸 retirar del Congreso el proyecto de ley que regulaba derechos sobre los obtentores vegetales, conocido como ley Monsanto, y que materializaba dicho convenio, el cual ampl铆a el sistema de derechos a propiedad intelectual sobre semillas y sus derivados, e implicaba una serie de limitantes en cuanto a que los peque帽os agricultores pudieran guardar semillas e intercambiarlas. Sin embargo, este tratado establece en el art铆culo 18.7.2 que 鈥淐ada parte deber谩 ratificar o adherirse a cada uno de los siguientes acuerdos, en caso de no haberlo hecho todav铆a, a la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo para dicha Parte: (a)鈥, (b)鈥, (c)鈥, (d) UPOV 91.鈥 Es decir la vigencia de este Tratado supone la plena adscripci贸n a este convenio, lo que implica aprobar, como de contrabando, la denominada ley Monsanto. Cabe se帽alar que a diferencia de Nueva Zelanda que en el art铆culo 2 del Anexo 18-A establece que nada la 鈥渓imitar谩 para establecer medidas que considere necesarias para proteger especies vegetales aut贸ctonas鈥︹, ninguna protecci贸n de ese tipo fue establecida para las semillas aut贸ctonas chilenas por los negociadores de la DIRECON.

Adicionalmente, la normativa creada por el TPP sobre marcas no contempla el aseguramiento de nombres aut贸ctonos o de personajes hist贸ricos, lo cual puede dar origen a la desnaturalizaci贸n de ellos o al empobrecimiento cultural de los pueblos. Ya conocemos del caso de una bebida Cola que, por similitud fon茅tica pretendi贸 apoderarse del nombre Colo Colo, lo cual fue desestimado por un tribunal civil, empero no puede asegurarse que, con la constituci贸n de estos tribunales arbitrales ad-hoc que contempla este tratado, ocurra lo mismo para casos similares.

El TPP tambi茅n impone una limitaci贸n en el acceso a la cultura y el conocimiento al establecer la protecci贸n de los derechos de autor hasta 70 a帽os despu茅s de su muerte (art铆culo 18.63). Si bien este es el plazo en Chile, el tratado har谩 imposible cualquier reducci贸n en el futuro. Como se帽ala la ONG Derechos Digitales 鈥淓sto se traduce en un beneficio econ贸mico directo para Estados Unidos, principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo, con una fuerte industria de licenciamiento tambi茅n protegida hasta el exceso.鈥

Otra consecuencia del TPP es que se recargar谩 el sistema judicial para satisfacer el inter茅s comercial de grandes empresas. As铆 sucede, al menos, por las disposiciones referidas a la TV privada (cable o se帽al con pago), al establecer en el cap铆tulo 18.79.1(a) que cada Parte deber谩 considerar como un delito penal: 鈥(鈥) la manufactura, ensamblaje, modificaci贸n, importaci贸n, exportaci贸n, venta, arrendamiento o cualquier otro modo de distribuci贸n de un dispositivo tangible o intangible o de un sistema si es para realizar o ayudar a descifrar una se帽al pagada鈥. O en el punto 2 del mismo art铆culo, si solo se recibe una se帽al una se帽al de sat茅lite codificada portadora de programas.

En el art铆culo 18.82., en el contexto de la protecci贸n de los derechos de autor, cada parte deber谩 asegurar que existan recursos legales disponibles o limitaciones en relaci贸n con los servicios en l铆nea correspondientes a los proveedores de internet, y para sancionar a personas que realicen actividades de almacenamiento de material que se aloje en un sistema o red controlado u operado por o para un Proveedor de Servicios de internet; tambi茅n para sancionar usuarios que desarrollen la actividad de referir o vincular a usuarios a un sitio en l铆nea mediante el uso de herramientas de b煤squeda de informaci贸n, incluyendo hiperv铆nculos y directorios. Se establece que las leyes deber谩n disculpar de compensaciones a los proveedores de internet que act煤en para proteger los derechos de autor vulnerados. En el punto (3.b) del citado art铆culo se se帽ala que 鈥淯n Proveedor de Servicios de Internet que elimine o inhabilite de buena fe el acceso al material conforme al inciso (a) estar谩 exento de cualquier responsabilidad proveniente de ello鈥 si es que cumple ciertas formalidades.

Lo anterior significa que el proveedor de internet debe actuar 鈥渆spiando鈥 o a simple denuncia, reemplazando as铆 la funci贸n judicial, y cuando se establece que el proveedor debe actuar frente a simple denuncia se hace prevalecer la presunci贸n de culpabilidad, lo que es violatorio de todo tipo de procedimiento civilizado.

Por tanto, este tratado no solo es un tratado comercial y de inversiones, sino tambi茅n de propiedad intelectual, elaborado de manera de proteger el inter茅s de las poderosas empresas transnacionales.

  1. Estamos contra el TPP porque encadena a Chile a una inserci贸n global de servilismo a los EEUU.

Este tratado comercial, de inversiones y de predominio transnacional sobre los elementos de propiedad intelectual, a grandes rasgos supone una alineaci贸n geopol铆tica que perjudica nuestra inserci贸n en nuestros espacios geopol铆ticos naturales que es en primer lugar el MERCOSUR, as铆 como tambi茅n con el resto de Am茅rica Latina.

En segundo lugar, y en un sentido m谩s amplio, produce un alejamiento con los referentes del espacio BRICS (4) acentuando peligrosamente nuestra alineaci贸n con la pol铆tica norteamericana y haci茅ndonos m谩s dependiente de ella.

Este tipo de geopol铆tica dificultar谩 futuros acuerdos regionales de Chile en materia de pol铆ticas sociales, econ贸micas y culturales, imposibilitando el desarrollo pol铆tico com煤n de Latinoam茅rica, y la conformaci贸n de un potencial bloque frente a transnacionales y las grandes potencias mundiales.

Por otro lado, tras la crisis global que se detona en 2008, conocida como la crisis subprime, y las crisis recesivas que afectan a varios pa铆ses europeos, como Espa帽a, Grecia, Portugal, Irlanda y tambi茅n Italia, as铆 como la desaceleraci贸n del crecimiento chino, se vive un proceso de reestructuraci贸n del sistema que pretende salvar la hegemon铆a de los m谩s poderosos y potentes responsables del orden neoliberal mundial.

En este proceso de salvataje, este tratado cumple un doble rol. De una parte, junto con su hom贸logo entre EE.UU y la UE, el TT-IP (que ya ha sido rechazado por m谩s de 250.000 berlineses que marcharon en su contra), intenta conformar una nueva 茅lite hegem贸nica a nivel planetario, que fundada en la propiedad intelectual, comparta con los principales grupos financieros del planeta la hegemon铆a global. El segundo rol es asegurar la hegemon铆a norteamericana frente a Rusia y China, buscando adem谩s la subordinaci贸n estrat茅gica de India y Brasil.

Las condiciones de entrada en vigor del TPP se帽alan que se deben cumplir todos los tr谩mites de ratificaci贸n que exija cada legislaci贸n interna de los signatarios, en al menos 6 pa铆ses, con la condici贸n que representen entre ellos el 85% del PIB de los 12 suscriptores. Si el congreso norteamericano no lo ratifica, aunque los otros 11 pa铆ses lo hagan, el tratado no entrar谩 en vigencia pues EE.UU por s铆 s贸lo representa el 63,4% del PIB de los 12. 驴Es este es el 鈥渟entido patri贸tico鈥 con que negoci贸 la DIRECON? Esto permite darse cuenta de los intereses a los que sirve este tratado.

M谩s a煤n, Estados Unidos aprob贸 el 鈥渇ast track鈥 para la negociaci贸n del TPP, es decir que el Congreso Norteamericano votar谩 s铆 o no al TPP. Sin embargo, en la legislaci贸n que aprob贸 el fast track se establece que el Presidente de los EE.UU., antes de enviar la carta donde notifica al resto de los miembros que su pa铆s ha completado los requisitos legales para la implementaci贸n del TPP, deber谩 certificar que las otras partes han modificado sus legislaciones y/o pol铆ticas de manera tal que cumplen con la interpretaci贸n que EE.UU. hace de las normas acordadas en el TPP. Es decir, el TPP no entrar谩 en vigencia a menos que EE.UU. apruebe las leyes de los otros pa铆ses, lo que puede significar el gobierno de EE.UU. mantenga un rol de injerencia en la legislaci贸n interna de los estados signatarios mientras se cumplen las condiciones de ratificaci贸n, incluyendo demandas que no fueron acordadas durante las rondas de negociaci贸n.

Entre otros cuestionamientos, es sabido que Chile est谩 incluido en la 鈥淧riority Watch Lists鈥 de EE.UU. por no respetar su interpretaci贸n sobre los acuerdos en propiedad intelectual emanados del TLC bilateral, particularmente respecto de la protecci贸n a los productos farmac茅uticos, resguardo a las medidas de protecci贸n tecnol贸gica, de la responsabilidad de los proveedores de internet en relaci贸n con la violaci贸n de derechos de autor, la implementaci贸n de medidas que protejan se帽ales satelitales encriptadas, y la implementaci贸n del Convenio UPOV 91. As铆, el proceso de certificaci贸n estadounidense ser谩 la oportunidad en que se obligue a Chile a adoptar su interpretaci贸n del TLC, as铆 como la del TPP.

Se configura as铆 un cuadro de consolidaci贸n de la subordinaci贸n de los intereses nacionales a los del 1% m谩s rico y de agravamiento de las condiciones de vida del 99% m谩s pobre de la poblaci贸n mundial.

  1. Rechazamos el TPP porque compromete el desarrollo econ贸mico, social y pol铆tico de Chile.

Cuando el pa铆s se debate entre la desconfianza y el rechazo a las formas anquilosadas de la pol铆tica; cuando en nuestro pueblo crece la sensaci贸n de desamparo e indignaci贸n frente a la subordinaci贸n de la pol铆tica a los grandes negocios; cuando es fundamental cambiar las cosas para dar un salto democr谩tico y contra las desigualdades, para reconstruir una sociedad tan da帽ada en sus confianzas como la chilena, con este tratado se privilegian, una vez m谩s, los intereses privados por sobre los de las personas y se debilitan los medios democr谩ticos para decidir sobre su vida.

Ante la precariedad a la que se enfrentan cotidianamente los chilenos en este orden neoliberal, las medidas previstas por este tratado significar谩n el encarecimiento de los medicamentos, violaci贸n de la privacidad de datos personales, obst谩culos para la producci贸n alimentaria tradicional, a la vez que restricciones para que el Estado pueda implementar pol铆ticas p煤blicas para la protecci贸n ambiental, mejorar la salud p煤blica, el r茅gimen laboral o en cualquier otra materia si estas pudieran ser interpretadas como afectaci贸n de las ganancias esperadas de las empresas extranjeras. Grav铆sima resulta la desprotecci贸n de derechos fundamentales ya previstos en nuestra legislaci贸n y en los convenios internacionales suscritos por Chile.

Este es un tratado que est谩 hecho, en primer t茅rmino, a la medida de los intereses de las grandes empresas transnacionales, cuyos lobbystas han conseguido que el gobierno de los Estados Unidos obtenga para ellos toda clase de garant铆as y libertades El responde claramente al dise帽o estrat茅gico de los EEUU, que intenta sobreponerse a la competencia de las econom铆as emergentes, China en el Pac铆fico, Brasil en Am茅rica Latina, Rusia en Europa. Las ventajas para Chile en este alineamiento son m谩s que discutibles siendo China nuestra principal contraparte comercial y Brasil un aliado estrat茅gico en la perspectiva de constituir una alianza latinoamericana de largo plazo.

En segundo lugar responde al inter茅s de las grandes empresas y conglomerados empresariales locales, mientras la sociedad civil permanece ausente de todos sus mecanismos.

En este dise帽o, queda reforzada la inserci贸n comercial basada en ventajas comparativas est谩ticas, agroextractivas, tornando est茅ril un debate nacional acerca del patr贸n productivo del pa铆s y sus efectos distributivos.

El TPP m谩s que desarrollar una econom铆a de mercado, contribuye poderosamente a una corriente de conservadurismo que consolida m谩s una sociedad de mercado pues los diversos 谩mbitos de la vida, como salud, educaci贸n, etc茅tera se consideran un espacio mercantil. 脡ste tratado es parte de una estrategia de poner candados al orden existente frente al creciente repudio mundial al status quo.

Resulta evidente que las marginales ganancias comerciales, si existieren, no justifican la vulneraci贸n de derechos, la p茅rdida de soberan铆a y el compromiso para nuestro desarrollo democr谩tico que el tratado afecta de manera irremediable. No entrar hoy en el TPP carece de costos; en cambio tomar en el futuro la imprescindible decisi贸n de salir no evitar谩 los da帽os causados. Estas son cadenas que el pa铆s no necesita.

Resulta vergonzoso que un acuerdo tan lesivo haya sido firmado por un gobierno que se dec铆a un gobierno de reformas. Ratificarlo significar铆a subordinar los intereses del 99% de los chilenos a los m谩s poderosos del planeta, un pu帽ado de grandes corporaciones transnacionales.

Por ello CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS llama a la ciudadan铆a y a las fuerzas sociales a defender el inter茅s mayoritario de habitantes de Chile, a movilizarse para evitar la ratificaci贸n de este indigno tratado, en particular participar de las convocatorias que realice la agrupaci贸n de organizaciones e instituciones CHILE MEJOR SIN TPP. Llamamos a todos los movimientos, organizaciones y partidos pol铆ticos preocupados de la soberan铆a nacional y del bienestar de las grandes mayor铆as nacionales y populares a rechazar el tratado y a hacer conciencia en la ciudadan铆a de su real significado y consecuencias. Les pedimos a los parlamentarios votar rechazando este convenio. La historia y las generaciones futuras de habitantes de Chile nos juzgar谩n.

Por nuestra parte nos comprometemos a insistir en esta patri贸tica lucha manteniendo la dignidad que nos ense帽ara el Presidente Salvador Allende frente a esas empresas transnacionales, tan notablemente diferente de la conducta genuflexiva exhibida por este gobierno, cuando en la ONU en 1972, visionariamente entrego un mensaje que hoy adquiere m谩s vigencia que nunca:

鈥淓stamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -pol铆ticas, econ贸micas y militares- por organizaciones globales que no dependen de ning煤n estado y que no responden ni est谩n fiscalizadas por ning煤n Parlamento, por ninguna instituci贸n representativa del inter茅s colectivo. En una palabra, es toda la estructura pol铆tica del mundo la que est谩 siendo socavada.
Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los pa铆ses en desarrollo sino que su acci贸n avasalladora e incontrolada se da tambi茅n en los pa铆ses industrializados donde se asientan鈥.

CONVERGENCIA DE IZQUIERDAS
Febrero de 2016

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