Brasil conmovido por el fútbol y la represión

Las movilizaciones, que comenzaron en San Pablo, tienen como uno de sus principales objetivos protestar por el aumento de la tarifa del transporte público. Hubo incidentes en varias ciudades y la presidenta Rousseff dijo que “las manifestaciones pacíficas son legítimas”.

San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, que integran el triángulo de poder económico de Brasil, y Brasilia, el corazón político del país, fueron escenario ayer de multitudinarias manifestaciones contra los gastos vinculados a la Copa Confederaciones y el Mundial de 2014 y en repudio a la represión policial. Las protestas, que también se realizaron en otras ciudades, tienen como uno de sus principales objetivos protestar por el aumento de la tarifa del transporte público, reivindicación que provocó en San Pablo cinco manifestaciones, con la de ayer, de las cuales la del jueves fue violentamente reprimida por la policía, generando reacciones de repudio en todo Brasil y también en el exterior. “Las manifestaciones pacíficas son legítimas y propias de la democracia?, dijo la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en reacción a las movilizaciones. “Es propio de los jóvenes manifestarse”, aseguró Rousseff.

En Río de Janeiro, la principal avenida, Río Branco, y las calles adyacentes del centro fueron colmadas por al menos 40 mil manifestantes. La policía militarizada acompañó la manifestación. “Sin violencia” y “Ven a las calles, ven contra el aumento”, fueron las consignas que corearon los que se movilizaron, que contaron con el apoyo de vecinos y oficinistas que salieron a las ventanas a mostrar su adhesión al movimiento. La marcha, que durante cuatro horas se desarrolló en forma pacífica, tuvo momentos de fuerte tensión cuando un grupo atacó con bombas molotov la sede de la Asamblea Legislativa y quemó autos; mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos y spray pimienta. El presidente de la Asamblea, Paulo Melo, lo calificó de “acto de terrorismo”

“No es por los centavos (de aumento). Esto es una demanda reprimida, reflejo de la falta de perspectiva de los jóvenes. El transporte también es pésimo. Andamos en chasis de camión travestido de autobús”, dijo un participante de la marcha, de 56 años. Al grito de “Si el pasaje no baja, Río para”, la mayoría de los manifestantes recorrieron las calles de la capital fluminense.

En Belo Horizonte, la tercera mayor ciudad en importancia del país, cerca de 20.000 personas participaron de las protestas, en las que se produjeron algunos enfrentamientos con la policía, que reprimió con bombas de gas lacrimógeno y pimienta. Al cierre de esta edición, aún no se conocía si el enfrentamiento había dejado heridos. Los comerciantes cerraron sus puertas antes de que los millares de manifestantes tomaran las calles, y la policía bloqueó las vías de acceso a la avenida Antonio Carlos, por donde pasó la marcha.

También en Brasilia hubo choques entre efectivos y manifestantes cuando éstos intentaron ingresar a la sede del Congreso Nacional. “Aprovechamos el momento en que el mundo está mirando hacia Brasil para llamar la atención sobre problemas antiguos. Hay gente que está doce horas en la fila de un hospital y no consigue ser atendida”, resumió a la TV Globo una manifestante.

En San Pablo, epicentro de las protestas que comenzaron hace diez días y se diseminaron rápidamente por todo el país, la marcha contra el aumento de la tarifa del transporte y la represión policial comenzó a última hora de la tarde y convocó 60.000 personas al centro de la ciudad. Las protestas en la mayor metrópolis sudamericana fueron convocadas por el Movimiento Pase Libre, que reivindica la gratuidad del transporte colectivo de pasajeros y que acordó con las autoridades que fuera pacífica.

A esta proclama, que fue duramente reprimida el jueves pasado, se unieron diversos grupos en todo el país que consideran un derroche inútil de dinero los millones invertidos en las citas deportivas, cuando hay falta de recursos para salud, educación, seguridad y vivienda.

El ministro de Deportes de Brasil, Aldo Rebelo, advirtió, por su parte, que el gobierno no tolerará que las protestas, que ocurrieron en las horas previas y en las proximidades de los estadios donde se juegan partidos de la Copa Confederaciones, perjudiquen el certamen. “No vamos a permitir que ninguna de esas manifestaciones interfiera en ninguno de los eventos que nos comprometimos a realizar”, dijo el ministro en Río de Janeiro, donde el domingo se produjo un duro enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de la policía militarizada, en los alrededores del estadio Maracaná, poco antes del choque entre México e Italia.

El sábado tuvo lugar una protesta de similares características en las inmediaciones del Estadio Nacional Mané Garrincha, en Brasilia, que también fue reprimida con gases lacrimógenos y balas de goma, poco antes de que comenzara el choque inaugural del torneo entre Brasil y Japón. “Quien piense que puede impedir la realización de estos eventos enfrentará la determinación del gobierno”, enfatizó.

En opinión del ministro, la ocurrencia de manifestaciones no perjudica la imagen de Brasil hacia el resto del mundo, sino que, por el contrario, espera que el mundo vea a Brasil como un lugar democrático y capaz de garantizar el orden. Respecto de las críticas de los manifestantes, que consideran un despropósito que el gobierno gaste millonarias sumas en eventos deportivos en desmedro de inversiones en salud, vivienda y educación, Rebelo argumentó que por cada real gastado por el Poder Público en los torneos, 3,40 fueron invertidos por la iniciativa privada.

Para tratar de comprender el caos argentino
Guillermo Almeyra
E
n Argentina se cerró el plazo para realizar alianzas políticas con vistas a las elecciones parlamentarias de octubre. Grosso modo, el kirchnerismo se presenta bajo el lema Frente para la Victoria (FPV) en todos los distritos electorales del país (24), y la Unión Cívica Radical (UCR) en 23 (en la ciudad de Buenos Aires forma en cambio una gran albóndiga con otras organizaciones). El peronismo tradicional, más derechista, también logró alianza entre sus tan diversos componentes, pero no aceptó unirse con el peronismo ultraderechista de Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires. El llamado –no sé por qué– centroizquierda (el ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, del Partido Socialista, el cineasta Pino Solanas, algunas agrupaciones peronistas) se unió con el centroderecha y la derecha clásica, con la cual tiene enormes diferencias, sobre la base única de su oposición al kirchnerismo y de la esperanza de obtener más puestos. Por su lado, tres partiditos que se dicen trotskistas y que no cesan de atacarse entre sí, reditan el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que es un simple pool electoral y nada más. En cuanto a un movimiento estudiantil que se presentaba como Nueva Izquierda (Marea Popular), terminó aliándose con una parte del centroizquierda, el cual se junta sin rubor con el centroderecha a nivel nacional.

Para colmo, en el FPV hay de todo: gobernadores o alcaldes que dicen que no aplicarán las leyes sobre el matrimonio entre personas de un mismo sexo o la ley sobre el aborto, o que incluso tienen una política internacional contraria a la del gobierno, ya que ese frente está constituido por aquellos, que generalmente son sátrapas locales y sólo tienen en cuenta sus intereses espúreos del momento.

De aquí a octubre se realizarán elecciones internas abiertas y obligatorias en todos los partidos, de modo que son posibles modificaciones en la composición de las listas partidarias. En octubre, por último, se renovarán muchos cargos de diputados y de senadores, lo cual, en teoría, podría modificar el equilibrio en las cámaras, aunque todos los cálculos indican que el kirchnerismo mantendrá en ellas su mayoría, quizás absoluta, a pesar de que sus votos puedan disminuir.

En cuanto a las gobernaciones, en la importante provincia de Buenos Aires, el primer distrito electoral del país, podría ganar el grupo del millonario peronista de derecha Francisco de Narváez (en olor de narcotráfico), que ya venció al mismo Néstor Kirchner en elecciones anteriores, y en Córdoba, y quizás Mendoza, la UCR, en Santa Fe, el socialismo a la Binner (aunque el FPV podría repuntar al presentar una candidata semindependiente), mientras en la capital, la mayoría de cuyo electorado es reaccionario, el macrismo se impondría. De modo que es probable que el gobierno nacional surgido de las presidenciales de 2015 deba gobernar con los principales distritos electorales del país en manos de la oposición, y con potenciales deslizamientos importantes en sus bases de apoyo en el FPV y en las cámaras.

Si el kirchnerismo consiguiese mantener la mayoría en Diputados y Senadores podría intentar modificar la Constitución para lograr dos objetivos: un tercer mandato de Cristina Fernández, hoy constitucionalmente imposible, y la incorporación al texto constitucional de las leyes que un sector de los jueces declaran a cada rato inconstitucionales, sea para defender sus propios cargos (en el caso de su oposición a la elección popular de los magistrados), sea para defender a sectores del gran capital (como el monopolio periodístico formado por Clarín y La Nación, más Cablevisión y las televisoras de Clarín, que tienen gran influencia en la formación política de casi la mitad de los argentinos, sobre todo en el conurbano).

Eso permitiría que, si pudiese ser relegida, CFK, cuyo caudal de votos muy probablemente se reduciría de 54 por ciento a cerca de 30-35 por ciento, gobernase en años particularmente turbulentos. En efecto, el economista Rosendo Fraga, de la UCR, expuso los planes de esa agrupación: supresión importante de subsidios, devaluación del peso, eliminación o reducción drástica de impuestos, recurrir masivamente al endeudamiento exterior, sobre todo para crear una infraestructura más barata para los grandes exportadores, revitalizando el sistema ferroviario de modo de reducir el costo de los fletes. O sea, hacer aún más ricos a los que en los años del kirchnerismo se llevaron del país 80 mil millones de dólares y ganaron como nunca en la historia argentina, y reducir para ello los ingresos y los salarios reales de los trabajadores, que hoy representan cerca de 50 por ciento del producto interno bruto.

Si, por el contrario, CFK no quisiese ser candidata o no pudiese serlo por impedimentos constitucionales, el FPV tendría un panorama negro, porque ninguno de los posibles remplazantes tiene ni de lejos las chances de que dispone la actual presidenta. El ex vicepresidente de Kirchner y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ex campeón de motonáutica Daniel Scioli, es abiertamente conservador y políticamente torpe; el vicepresidente actual, Amado Boudou, viene de la derecha comprometida con la dictadura, está salpicado por una serie de escándalos y carece notoriamente de luces, y el gobernador peronista derechista de Córdoba, De la Sota, sabe cómo reprimir y prohibir abortos legales, pero no cómo obtener consenso popular… No se ven otros candidatos del FPV en el horizonte, lo cual hace que los kirchneristas recen todos los días por la salud y la continuidad de Cristina Fernández. Por si esto fuera poco, añadamos que si las cosas siguen así, el gobierno tendrá que recurrir tarde o temprano a la deuda externa para cubrir la creciente importación de combustibles y, como Perón o Arturo Frondizi, dejar el petróleo en manos de Chevron, porque no tiene ni capitales ni tecnología para explotar los grandes yacimientos de shale oil.

Las tramas civiles de los golpes de Estado en AL
Marcos Roitman Rosenmann

Efraín Ríos Montt, durante una audiencia en marzo pasadoFoto Ap
L
a muerte del dictador argentino Jorge Rafael Videla y el enjuiciamiento fallido de otro, el guatemalteco Efraín Ríos Montt, nos retrotraen a una de las etapas más negras de la historia de América Latina: la guerra contra la subversión, el socialismo-marxista y el comunismo. Para llevarla a cabo se fortaleció la alianza cívico-militar entre las clases dominantes y las fuerzas armadas, convirtiendo a la institución castrense en el partido político de la burguesía. Ya no se trataba simplemente de reponer a las viejas oligarquías en el sillón presidencial. Se buscaba asegurar el proceso de acumulación de capital dentro de una nueva versión del capitalismo trasnacional, cuya esencia suponía desarticular los partidos políticos de izquierda, los sindicatos de clase, los movimientos sociales y también a las burguesías de corte nacionalistas. Quienes pensaron en esta perspectiva tenían claro que se trataba de inducir una revolución para refundar el orden político. Era obligado soltar lastre, deshacerse del sobrepeso contenido en el discurso seudodemocrático de las burguesías desarrollistas de corte keynesiano y, sobre todo, quebrar la ciudadanía, fomentando la despolitización y persiguiendo a militantes, sindicatos de clase e intelectuales de la izquierda política y social. En esta guerra se declararon ilegales las formaciones políticas de ideario marxista y socialista. De esta forma se profundizó el combate hasta el exterminio, si era posible, o en su defecto hasta conseguir una derrota total de todo cuanto oliese a socialismo. La doctrina de la seguridad nacional sirvió de anclaje y la geopolítica del fascismo dependiente le facilitó el encuadre teórico.

El Estado, cuerpo vivo, se encontraba amenazado por fuerzas que buscaban su destrucción bajo la égida de una ideología, el marxismo y el comunismo, cuyo objetivo era esclavizar a los pueblos y convertir los estados latinoamericanos en satélites de la Unión Soviética. Identificado el problema, se procedió a depurar el cuerpo social de sus enemigos internos. Gustavo Leigh, general de las fuerza aérea chilena, miembro de la junta militar constituida el 11 de septiembre de 1973, fue muy gráfico al señalar el motivo que inspiró el golpe: Había que extirpar el cáncer marxista de raíz. Y Videla, en Argentina, habló de una acción de salubridad pública. Así, las fuerzas armadas se transformaron en actores relevantes, ocupando el sitio político que les cedía, de buen grado, una timorata burguesía, que prefería lavarse las manos ante la represión y pasar a un segundo plano, no importándole en absoluto los métodos que se debían utilizar para llevar a cabo la tarea. Las fuerzas armadas eran la institución idónea para tal función quirúrgica. Constituyen una organización jerárquica, tienen el monopolio legítimo de la violencia y gozan de superioridad en las maneras de emplear la fuerza.

La guerra contra la subversión y el socialismo marxista fue definida como una guerra global y permanente. El general brasileño Golbery do Couto Silva, ideólogo de la geopolítica latinoamericana, fue claro al señalar que de estrictamente militar, la guerra se ha convertido en una guerra total, una guerra económica, financiera, política, sicológica y científica…, de la guerra total a la guerra global y de la guerra global a la guerra indivisible, y, por qué no reconocerlo, a la guerra permanente.

Sin embargo, las fuerzas armadas no actuaron por decisión propia. Fueron avaladas por los partidos conservadores, liberales y democristianos. No se sublevaron contra el poder civil en abstracto, lo hicieron contra los gobiernos populares que afectaban los intereses de las burguesías, las multinacionales y el imperialismo. Bajo su paraguas impusieron el orden neoliberal. Pinochet, será explícito: No hay plazos, hay metas. Todos los ministros de Economía, Hacienda, Trabajo o Justicia fueron civiles. Ellos manejaban los hilos de las transformaciones económicas, las reformas constitucionales y las políticas de ajustes.

No es posible entender el actual orden político neoliberal sin desentrañar el papel que cupo a los civiles en la elaboración del nuevo orden neoligárquico. La labor de limpieza política, genocidio y exterminio contó con su inestimable colaboración. Videla no se ruborizó al señalar que el asesinato de miles de ciudadanos argentinos, a manos de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, fue confeccionado por empresarios, ejecutivos, profesores universitarios, jueces, dirigentes sindicales y funcionarios adscritos a la derecha peronista y las organizaciones anticomunistas. Durante la transición, los civiles tomaron distancia y se alejaron de los militares. Videla captó su alejamiento al señalar cómo “los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: ‘hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. Cuantas veces me dijeron: ‘se quedaron cortos, tenían que haber matado a mil, a 10 mil más’”.

Los conspiradores civiles, entre otros la Iglesia católica, cuyos sacerdotes actuaban en la sesiones de tortura buscando confesiones y los empresarios de medios de comunicación que ensalzaban las razias cubrían los hallazgos de los cuerpos torturados, negando su existencia o los trasformaban en delincuentes comunes. En Chile, salvo excepciones, no hay civiles detenidos o encausados. Me refiero a ex ministros y altos cargos que durante la dictadura estuvieron vinculados con los crímenes de lesa humanidad y a la represión. La ministra de Justicia Mónica Madariaga declaró, en una especie de mea culpa, haber vivido en una burbuja y no haberse enterado de la violación de los derechos humanos. Igualmente, el primer portavoz de la junta militar, Federico Willoughby, coautor del libro blanco de la junta militar que justificó la matanza de miles de chilenos bajo un supuesto plan Z elaborado por la Unidad Popular para instaurar una dictadura comunista, lo encontramos, años más tarde, en las listas como candidato en la concertación, junto a los socialistas. Willoughby será reciclado por el presidente Aylwin como asesor de imagen. Todo un despropósito que deja a las claras la impunidad de quienes participaron en las tramas civiles de los golpes de Estado.

Y qué decir de aquellos países donde sin recurrir a la técnica del golpe de Estado, como México, Venezuela y Colombia, sus fuerzas armadas se cebaban contra la población campesina en la guerra contrainsurgente. En Centroamérica, el genocidio se convirtió en práctica habitual en Honduras, Guatemala o El salvador. Efraín Ríos no fue el primero ni el último en cometer genocidio en el país centroamericano. Sólo su saña, tanto como el silencio de sus aliados civiles, marca la diferencia. Fueron miles las personas que sufrieron la saña de militares y fuerzas paramilitares. Les cortaban las orejas, les quitaban los dientes, los mutilaban con una crueldad enfermiza y luego podían darse el lujo de jugar futbol con las cabezas, obligando a los sobrevivientes a presenciarlo. Guatemala es un caso de extrema violencia y de genocidio amparado por la trama civil. El mejor ejemplo es que sus fuerzas armadas siguen intactas. Al dejar sin efecto la condena por genocidio a Efraín Ríos, el poder político y el poder judicial mandan un claro mensaje: no van a permitir ningún juicio que ponga en cuestión su papel durante la guerra contra el socialismo-marxista y la subversión. Civiles y militares marcharon juntos. En eso no se diferencian de ningún otro país de América Latina.