Colombia: los diálogos estancados
A juzgar por recientes declaraciones del gobierno y las FARC-EP los diálogos en Cuba estarían en punto muerto, y en riesgo de fracasar la iniciativa de paz. Así al menos se desprende de una reciente carta del comandante principal de los insurgentes al presidente Santos, de varias declaraciones de altos representantes del gobierno y de algunos dirigentes políticos que proponen buscar algún tipo de intermediación para salir del atolladero. | JUAN DIEGO GARCÍA.*
Tal parece que, llegados a acuerdos sobre el primer punto (la cuestión agraria), se hubiesen disparado todas las alarmas de quienes no lo esperaban o no lo deseaban en absoluto, empezando por el propio gobierno de Santos, ya que estos primeros acuerdos afectarían algo intocable: la gran propiedad mal habida (o sea, tierras robadas a los campesinos), las haciendas improductivas o de uso inadecuado y las propiedades en manos de terratenientes parasitarios y especuladores que elevan notoriamente la renta del suelo dificultando diversos proyectos empresariales.
Si es así, las cosa.s habrían ido demasiado lejos, mucho más allá de lo inicialmente deseado por las autoridades (la simple desmovilización de la insurgencia a cambio de poca cosa).
Llegar a tales acuerdos sobre un asunto tan sensible sentaría un precedente desestabilizador a los ojos de la clase dominante. Ni pensar siquiera en el resto de la agenda que supone revisar a fondo el sistema político, facilitar el paso de los guerrilleros a la vida civil, solucionar la cuestión de la producción de narcóticos, reparar a las víctimas y crear los mecanismos que hagan posible el cumplimiento cabal de lo acordado.
En este contexto es pertinente saber entonces hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno y cuáles son los recursos reales con los que cuenta para garantizar la palabra empeñada (sus apoyos sociales y políticos). El juego de las ambivalencias se agota y Santos tendrá que decidirse.
La insurgencias, por su parte da la impresión de gestionar bien su estrategia, no renuncia a nada substancial y consigue con su lenguaje realista y mesurado ganar espacios políticos cada vez más amplios. Debe ser muy incómodo para el gobierno que las propuestas de la guerrilla coincidan en lo fundamental con las exigencias de un movimiento popular cada vez más intenso que pone en entredicho la política económica y el modelo social vigentes.
Las FARC-EP han conseguido también sacar el debate del ámbito estrecho de la mesa de conversaciones y convertir sus temas en el centro del debate nacional. Mientras tanto el gobierno parece víctima de un inmovilismo, fruto de sus propias contradicciones. A su incapacidad para hacer un manejo hábil de su iniciativa de paz hay que agregar la explosión de diversos conflictos sociales que se traducen en una bajada importante de la imagen del gobierno.
A cuestiones de enorme trascendencia, como el hundimiento total del sistema de salud, las iniciativas parlamentarias fracasadas (como las reformas a la justicia y a la educación) o medidas como la ampliación del fuero militar (que aumenta escandalosamente su grado de impunidad) se agrega una debilidad política aguda resultado de la profunda crisis de los partidos que apoyan al gobierno.
Tampoco ayuda que los proyectos centrales del modelo económico no funcionen y que algunos de ellos colapsen ante la incertidumbre de la demanda externa por materias primas o porque los proyectos despiertan enormes resistencias entre la ciudadanía (motivos no faltan).
Los primeros efectos de los tratados de libre comercio sobre la agricultura nacional han provocado un amplio movimiento de protesta de diversos sectores (café, cacao, arroz, caña, etc.). Cientos de miles de familias de labriegos y de pequeños y medianos empresarios están ahora mismo protestando airadamente con bloqueos y marchas por todas las carreteras del país.
A diario las FARC-EP ponen a debate en La Habana las soluciones que consideran convenientes. Éstas pueden ser aceptables o no, realistas o desmesuradas, pero el gobierno debe responder dando a conocer las propias y que sea la opinión ciudadana la que juzgue. Sin embargo, lejos de hacerlo, Santos escenifica campañas propias de la guerra psicológica que no consiguen borrar la impresión de que no tienen nada que ofrecer.
No se sostiene por ejemplo que el gobierno denuncie de forma airada las acciones militares de los insurgentes cuando han sido las propias autoridades quienes rechazan una tregua.
Si se reconoce que existe un conflicto bélico y no existe cese de hostilidades, tan legítimos serán los ataques del ejército oficial como los que realice la guerrilla. Carece totalmente de sentido pretender que solo una de las partes (en este caso, el gobierno) tiene un derecho que se niega a la otra parte.
Si se acepta que existe un conflicto armado quienes en el desarrollo de los operativos sean apresados tendrán necesariamente la categoría de prisioneros de guerra a los cuales debe aplicarse la Convención de Ginebra. Los soldados y policías no son entonces “secuestrados por la guerrilla” sino prisioneros capturados en combate. Igualmente son prisioneros de guerra las más de diez mil personas detenidas/condenadas por asuntos relacionados con la actividad insurgente.
En lugar de negar reiteradamente esta situación Santos podría avanzar algún gesto aunque solo sea por motivos humanitarios dada la dramática situación de los miles de prisioneros real o supuestamente vinculados a la insurgencia. La vergonzosa situación carcelaria del país (que afecta tanto a presos políticos como sociales) denunciada por voces de toda solvencia exige reformas inmediatas.
No falta razón a las FARC-EP cuando califica las cárceles como “basureros humanos” y a los tribunales de justicia como un sistema de exterminio contra la oposición. El gobierno puede empezar atendiendo las denuncias (nacionales e internacionales) sobre los procedimientos de captura y enjuiciamiento de quienes se vincula con la insurgencia, en demasiados casos mediante tácticas de manipulación grosera, falsos testigos e incumpliendo sistemáticamente las más elementales normas del debido proceso.
Revisar estos procedimientos dejaría en libertad a un número muy elevado de presos y presas sin que el gobierno aparezca contraviniendo su política de oposición cerrada al intercambio de prisioneros con la guerrilla. Sencillamente estaría corrigiendo el mal funcionamiento de la justicia.
Menos peso aún tiene la negativa gubernamental a vincular los temas del diálogo con cambios en el modelo económico y político del país. 
Si se está de acuerdo con revisar la cuestión agraria y el sistema de participación política sería lógico esperar que el gobierno acepte introducir reformas de calado y no simples medidas cosméticas.
No hay que olvidar que el conflicto agrario y un orden político excluyente y muy violento están en la base misma del levantamiento armado. Que esas reformas no supongan el desmantelamiento total del sistema no significa que no sean admisibles y necesarios cambios substanciales.
Resulta cuando menos sarcástico que ahora Santos acuse a la insurgencia de haberse apoderado ilegalmente de casi un millón de hectáreas mientras oculta la responsabilidad directa del Estado, por acción u omisión, en el desplazamiento de más de cinco millones de campesinos y en el robo de más de seis millones de hectáreas (y no precisamente por los insurgentes).
Las FARC-EP rechazan enfáticamente la acusación y proponen la formación de una comisión de alto nivel (con participación internacional) que dilucide el asunto.
La respuesta no puede ser, de nuevo, otra salida de tono del gobierno. Dicha comisión además, se encargaría de supervisar los procesos de devolución de todas las propiedades arrebatadas a los campesinos, ahora en manos de terratenientes, empresas multinacionales, altos mandos del ejercito y la policía, paramilitares y narcotraficantes, además de algunos “propietarios de buena fe” que las adquirieron sin saber su procedencia ilegal.
Las FARC-EP han dado muestras de una enorme flexibilidad en la búsqueda de salidas al problema de la concentración de la tierra, a los proyectos mineros, al actual modelo de las empresas agroindustriales o a la construcción de grandes obras de infraestructura. Se podrá acusar a la insurgencia de hacer propuesta poco viables pero en manera alguna retirarse de la mesa del dialogo (como ahora amenaza Santos) alegando la intransigencia de los guerrilleros.
Si en la solución (así sea parcial) de los problemas del campo colombiano se ha llegado a principios de acuerdo satisfactorios para ambas partes Santos tendría que presentarlos como un gran logro de su iniciativa de paz acallando las voces destempladas, empezando por sus propias filas (y en no pocas ocasiones, la suya propia) y responder con firmeza a las provocaciones diarias de la extrema derecha.
Es la decisión en mantener un propósito lo que distingue a los grandes líderes. Y Santos se ha propuesto pasar a la historia como el presidente que trajo la paz. Él ha dado pasos en esa dirección pero ahora aparece temeroso, atrapado en sus propias contradicciones y debilidades. Como dicen el adagio popular “cazó el tigre y ahora se asusta con la piel”.
Si mañana el gobierno se retira de los diálogos seguramente contará con el apoyo de los medios de comunicación (tradicionales voceros oficiosos de la salida militar) que saludarán la suya como una patriótica decisión ante la intransigencia de unos “bandidos” con los cuales no cabe sino la mano dura. Pero Santos habrá perdido la partida no solo frente a la historia sino frente a su rival inmediato (Uribe Vélez) y no tendrá una segunda oportunidad.
Quien le suceda (sea la extrema derecha o la derecha civilizada) tendrá que habérselas con una insurgencia que en estos meses ha ganado un enorme espacio político debido a la coincidencia de su programa de reformas con las exigencias de los movimientos populares.
El “presidente de la paz” pasará a la historia como un personaje menor, enredado en sus propias limitaciones.
Algunos dirán en su favor que a pesar de su buena voluntad no pudo llevar adelante su proyecto; otros menos generosos afirmarán que en realidad, no quiso y que todo el asunto no fue más que una jugada irresponsable.
La prensa oficialista repetirá, como siempre, que la culpa del rompimiento es de las FARC-EP que de nuevo “engañaron al país”. Eso sí, Santos cargará con la responsabilidad de haberse comportado como las personas inmaduras que dan la patada a la mesa cuando el juego no les favorece. Pero aún está a tiempo de dar un rumbo nuevo y esperanzador a los acontecimientos.
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* Periodista.
En www.argenpress.info.