Elizabeth Gómez Alcorta: Un estado que reconoce los derechos de las mujeres y personas gestantes
El 1º de marzo el presidente argentino Alberto Fernández inauguró la sesión legislativa del año en curso, la primera de su mandato que comenzó el 10 de diciembre de 2019 después de derrotar con una amplia coalición electoral en primera vuelta al presidente en funciones Mauricio Macri el 27 de octubre pasado. En su discurso habló de la renegociación de la deuda heredada del gobierno anterior y de una reforma judicial; ratificó la soberanía sobre las islas Malvinas y el desarrollo de hidrocarburos, entre otros temas.
Por la expectativa generada sobresalió la presentación de un proyecto de despenalización y legalización del aborto, el proyecto de los 1.000 días para acompañar a las personas gestantes en situación de vulnerabilidad que necesiten del acompañamiento del Estado y la elaboración del Plan Nacional contra las Violencias de Género. Para comprender su importancia NODAL consultó a Elizabeth Gómez Alcorta, titular del nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
-En su discurso el Presidente hizo referencia a las políticas de género que va a impulsar su gobierno. ¿Cuales son los principales ejes?
-Los anuncios que hizo Alberto en la apertura de sesiones tienen que ver con priorizar una mirada integral respecto de las políticas de género, reflejo del trabajo que viene llevando a cabo el Ministerio, que puede sintetizarse en tres ejes centrales de trabajo. Uno vinculado con las Políticas de Abordaje Integral contra las Violencias por Razones de Género, otro vinculado con las Políticas de Igualdad y Diversidad y un tercer eje vinculado con la formación.
En ese contexto las capacitaciones contempladas en la “Ley Micaela”, de las que habló en su discurso el Presidente, son centrales. En esta gestión se revirtió la lógica de su implementación y se comenzó por las máximas autoridades, incluido el propio Presidente en el ámbito del Poder Ejecutivo.
El hecho de capacitar primero a los funcionarios con mayor rango de cada uno de los ámbitos busca promover una lógica de compromiso y decisión política respecto de la importancia de transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado y que aquellas y aquellos que deben pensar, diseñar, planificar las políticas públicas lo hagan con esta mirada, para promover intervenciones del Estado y programas que colaboren con la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias por motivos de género.
Asimismo, el Presidente habló del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género. Estamos trabajando desde fines de febrero en la elaboración de este plan de manera federal y participativa. Se van a realizar en total ocho foros regionales para recibir aportes e ideas para la elaboración del plan porque nos parece central que las políticas que se diseñen contemplen las particularidades de cada territorio y eso no se puede hacer desde una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, entendemos que para reducir las violencias hay que trabajar fuerte por reducir las desigualdades. Hay entre éstas una relación de causa–consecuencia.
Por eso pensamos los dos ejes, violencias e igualdad como áreas que se retroalimentan. 
Otro de los anuncios estuvo relacionado con el envío de una propuesta legislativa para ratificar el Convenio sobre Violencia y Acoso en el mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es este un paso clave en la lucha contra las múltiples violencias que mujeres y diversidades atraviesan en dicho ámbito.
El otro eje de los anuncios está vinculado con los proyectos que enviará el Poder Ejecutivo y en los que está trabajando la Secretaría Legal y Técnica junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el de Salud, vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo y del Plan de los 1000 Días. En primer lugar es clave resaltar que estos anuncios dan cuenta de un Estado presente, activo, que se hace cargo de sus obligaciones y que no deja sola a ninguna mujer sino que acompaña a todas las personas en las decisiones sobre sus proyectos de vida.
En este sentido, y también lo dijo Alberto en su discurso, la ley que penaliza la interrupción del embarazo no es efectiva y condena a miles de mujeres, generalmente de bajos recursos, a recurrir a la clandestinidad para abortar con el riesgo que eso implica para su salud y su vida. Por eso es central que garanticemos a todas las mujeres y personas gestantes poder interrumpir su embarazo dentro del sistema de salud y en condiciones seguras, en caso que esa sea su decisión.
Pero también es imprescindibl
e implementar políticas públicas que permitan acompañar a las personas gestantes que elijan como proyecto de vida continuar con su embarazo y se encuentren en situación de vulnerabilidad. En ese contexto estamos trabajando en el Plan de los 1.000 días, para garantizar la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas en el nacimiento y en los primeros años de infancia.
-¿Como evalúa el lugar que tuvo la agenda de género en el discurso del Presidente, tomando en cuenta que es la primera vez que se plantea en una apertura de una sesión legislativa y apenas tres meses después de asumir el nuevo gobierno?
-El lugar que tuvo la agenda de género en el discurso en la apertura de sesiones está relacionado con el lugar que le dio este gobierno a las políticas de género ya desde la misma creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Este gobierno atendió una deuda pendiente de la Argentina con uno de los movimientos más dinámicos nuestro país.
Con muchísima creatividad, las mujeres han puesto en la escena pública y política una realidad que nadie quería ver. La creación del ministerio es una conquista de las luchas de las mujeres, de los feminismos y de los colectivos de la diversidad, que venimos protagonizando uno de los procesos de cambio social y político más interesantes de los últimos años. 
Pero también entendemos que la creación del ministerio es expresión de la voluntad política del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner de priorizar y jerarquizar la política de igualdad de géneros de un modo contundente. Implica que el Estado reconoce y se hace cargo de que hay desigualdades e injusticias en materia de género y diversidad.
Y que pone a la lucha contra la cultura machista en un lugar prioritario de la agenda de gobierno, poniendo al servicio de la sociedad las herramientas institucionales y de gestión necesarias para abordar estos problemas de manera comprometida y eficaz.
Esto, a la vez implica revalorizar el rol del Estado y de lo público, entender que más allá de la enorme tarea que han llevado adelante hace décadas muchas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base y políticas por la lucha de los derechos de las mujeres y de las disidencias, hay competencias que son propias e inexcusablemente estatales.
*Sociólogo, analista internacional y director del portal nodal.am