Helia en Chile, el país de la hipocresía

Álvaro Ramis

Hipocresía viene del latín hypocrisis, que se emparenta con “actuar” y “fingir” pero también con “aparentar” y “engañar”. La ex ministra de Salud, Helia Molina, ha pagado un alto precio político por revelar en público los secretos de una mala obra de teatro. Y los actores y los guionistas del espectáculo no le han perdonado su falta.

Su renuncia, motivada por su afirmación “en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”, se puede interpretar desde dos perspectivas. Desde el punto de vista de “la política”, entendida como agonística, como confrontación por el poder mediante el uso de la racionalidad estratégica, es una decisión acertada y necesaria. Pero desde el punto de vista de “lo político”, entendido como el ámbito de la libre deliberación sobre los asuntos públicos, es un acontecimiento deplorable, que revela el carácter del régimen político bajo el que vivimos.
Analicemos el caso desde el primer enfoque. Como muy bien lo reconoció la ex ministra, en su entrevista a La Segunda cometió varios errores. La política, si se reduce a la batalla por el poder, es un campo que se rige por las orientaciones de El arte de la guerra de Sun Tzu. Se trata de acumular fuerza, para usarla en el mejor momento y de la forma adecuada. No basta tener un gran cañón. Para ganar el combate hay que dispararlo en el momento preciso, en el lugar señalado, y de acuerdo a una planificación detallada. Las declaraciones de la ex ministra no cumplieron esos criterios. Primero, porque fue un disparo anticipado. La batalla que el gobierno estaba dando en ese momento estaba en el frente laboral, y no en el de los derechos reproductivos.
En segundo lugar disparó el cañonazo desde un lugar que no controlaba. La Segunda guardó la entrevista en un cajón por más de una semana, y la publicó en el momento justo para tapar el caso Penta, el debate sobre sindicalización obligatoria, y casi al último día del año, cuando no hay posibilidad reconducir la discusión. Tercero, sus declaraciones aparecieron descoordinadas del resto del gabinete. Un francotirador mal ubicado produce bajas por “fuego amigo”. Y finalmente, al acusar a las clínicas de practicar abortos ilegales, sin pruebas en la mano, había entrado en una lógica de la que no podría salir fácilmente. Necesitaría entrar en la búsqueda de pruebas legales, que exigen que alguien se autoinculpe ante tribunales, ya sea una mujer que ha abortado o personal de las propias clínicas acusadas. Por estas razones se entiende que la propia ex ministra haya renunciado, más allá de las evidentes presiones de la Presidencia que la llevaron a acelerar esa decisión. En sus propias palabras: “Si uno ha dicho cosas que resuenan mal, lo lógico es dar un paso al costado y liberar a mi gobierno”.
Sin embargo, el debate que introdujo Helia Molina no se reduce a una contienda por ganar poderío. Ni tampoco se limita a la búsqueda de un resultado, por justo que parezca. Más allá de “la política” se extiende el amplio espacio de “lo político”. Es el campo de lo común, de lo compartido, de la búsqueda de un horizonte de sentido que involucre criterios de justicia, que sean aceptados y legitimados de forma intersubjetiva, por todos los involucrados. En este sentido la renuncia de la ministra Molina produce una herida profunda en el lento y dificultoso proyecto de democratizar la convivencia cívica en el país.
Lo que la ministra señaló apuntó a un hecho reconocido ampliamente por la sociedad: la existencia de abortos en clínicas privadas, que no se pueden comprobar judicialmente porque se encubren bajo falsos diagnósticos, y a los que se accede mediante el pago de altos precios de mercado. Se habla de intervenciones que cuestan un par de millones de pesos y más. Frente a ello contrastan las 75 condenas que el sistema judicial ha dictado entre 2005 y 2014 en contra de mujeres pobres, mayoritariamente jóvenes, que son expuestas a la sanción pública de su entorno social y familiar. También contrasta con las condenas en condición de “cómplices” de las mujeres que colaboraron en estas prácticas, y que provienen de los mismos entornos carenciados que las mujeres que abortan. Esta es una disparidad tan violenta que toma la forma de una afrenta y un insulto para el juicio de la enorme mayoría.
Según estudios de la UDP, cada año se producen en Chile entre 60 y 70 mil abortos, los que constituyen la tercera causa de muerte materna en el país. La penalización total del aborto, que sólo data de 1989, no ha hecho más que segregar esta realidad. Abrió la puerta a los abortos “cuicos” en las clínicas privadas, donde se encubren bajo el diagnóstico de cirugías plásticas o intervenciones ambulatorias. Todo dentro de la aséptica seguridad de los mejores centros hospitalarios. Y para las mujeres pobres quedaron las prácticas abortivas de alto riesgo sanitario, propias de la clandestinidad, ejecutadas en espacios domésticos, insalubres, y expuestos a la sanción penal y social.
A una minoría poderosa este contraste le es absolutamente indiferente. Le es tan irrelevante la desigualdad en materia de salud como en todas las otras dimensiones de la vida. Considera que la justicia se puede comprar, como lo demostró el hijo de Carlos Larraín en el juicio que lo absolvió por el atropello de un peatón hace pocas semanas. Piensa que la educación es un “bien de mercado”, como señaló Piñera en 2011. Y de la misma forma acepta que los abortos permanezcan en un doble estándar, siempre que impere el libre acceso y la protección total que aporta el dinero. Los problemas de conciencia religiosa se los arreglan manteniendo las restricciones legales al aborto, y a la vez, combatiendo la educación sexual en los colegios y la distribución de anticonceptivos. Si una ministra de Estado no puede enfrenar abiertamente estos problemas, y abordar estas injusticias de forma honesta, quiere decir que vivimos en el país de la hipocresía, donde todo debate no es más que teatro, falsedad ensayada y simulacro. Y en ese reino, la democracia no puede ser más que una comedia absurda y aburrida.

*Publicado en “Punto Final”, edición Nº 821, 9 de enero, 2015