México: Ataque de la narcodelincuencia organizada con base social

Gerardo Villagrán del Corral - CLAE

Unos cinco mil pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo paralizaron la capital, bloquearon vialidades, replegaron a más de 500 elementos de distintas corporaciones de seguridad, con el propósito exigir que se ponga en libertad a dos cabecillas de la delincuencia organizada que fueron detenidos la semana pasada en posesión de drogas y armas.

Los alzados, que exigían la libertad de Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo, dirigente de transportistas del poblado de Colotlipa, detenido el pasado miércoles en posesión de armas y drogas, desbordaron a elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional, tomaron un vehículo blindado y embistieron contra el palacio de gobierno de Guerrero, además de invadir otros edificios gubernamentales. Se llevaron un auto blindado de la policía y privaron de la libertad a 10 policías y tres funcionarios.

Los contingentes, que se hacen llamar base social del grupo delincuencial Los Ardillos, persiguieron a los agentes estatales y de la GN, y los despojaron de un vehículo táctico blindado Black Mamba, también conocido como Rhino. Luego llegaron al Congreso del Estado, donde derribaron la puerta principal, y horas más tarde al palacio de gobierno, donde abrieron una de las puertas con la unidad Rhino. Los policías estatales que resguardaban el lugar huyeron.

Mientras, familias corrían por las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero hacia el centro. Restaurantes, comercios y escuelas cerraron por el temor a saqueos. Los seguidores de Los Ardillos demandaron obras, entre ellas caminos para sus pueblos. Por la tarde se instaló una mesa de diálogo con funcionarios estatales, pero como no se llegó a un acuerdo, los inconformes volvieron a cerrar el Parador del Marqués en demanda de la liberación de El Topo.

Un comunicado aparentemente firmado por el Cártel del Sur y Los Rojos en el que amenazaron a la gobernadora Evelyn Salgado con difundir sus “tranzas” e iniciar una incursión violenta en la capital, acusa a la funcionaria de no cumplir “los acuerdos” que habría mantenido con ambas organizaciones, pues denunciaron que “habíamos quedado que la plaza de Chilpancingo es para nuestro grupo y la zona de [Circuito] Río Azul sería para Los Ardillos”.

“Chilpancingo es nuestro y no vamos a permitir que se siga burlando de nuestra empresa. Por la falta de seriedad pagarán inocentes, tanto niños como jóvenes, mujeres y ancianos”, añadieron. Aparentemente, como parte de los presuntos pactos se habría concretado la entrega de camionetas y una inversión de hasta 350 millones de pesos en sus negocios. “Los compromisos se cumplen, y si no cree, vamos a sacar el video donde esta pactando con nosotros y lo vamos a cumplir”, añadieron.

El Cártel del Sur surgió en 2014, cuando una escisión de Los Rojos decidió consolidarse como un grupo independiente de autodefensas. Su principal líder es Isaac Navarrete Celis, alias “El Señor de la I”, quien ha comandado al grupo en actividades como la siembra y el trasiego de amapola, así como en la disputa armada contra otros grupos comunitarios del Estado.

Los Rojos, por otro lado, nacieron como una fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva fundada por Jesús Nava Romero, alias “El Rojo”, quien fue asesinado en 2009 en el mismo operativo en que la Secretaría de Marina abatió a Arturo Beltrán Leyva. Esta célula es identificada como una de las principales rivales de Los Ardillos al menos desde 2016.

Los Ardillos es un grupo criminal con sede en zona de La Montaña, responsable de diversos actos de violencia que se ha recrudecido en 2015,  además de dirigir ataques sanguinarios directamente a comunidades indígenas. Con presencia en la región montaña fue extendiéndose cada vez más hacia el centro del Estado.

Como parte de la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, el pasado sábado sujetos armados asesinaron con saña a nueve personas en Acapulco, Chilpancingo y Tixtla, Mientras que Samara Mendoza, hija de un taxista, denunció en Facebook la desaparición de su padre, Javier Mendoza, cuyo cuerpo pudo quedar calcinado en una de las unidades que fueron incendiadas en Chilpancingo.

Inseguridad generalizada

La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína y el fentanilo con destino a Estados Unidos.

Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad. Si bien no puede hablarse de México como un «Estado fallido», las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas.

Para los analistas mediáticos, estos hechos demuestran una grave descomposición política en ese Estado sureño. El 23 de junio habían sido localizados los cuerpos de siete personas, junto a los cuales una cartulina rezaba: saludos, presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de venirme a buscar, en referencia a la edil de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández.

El miércoles pasado se filtró una grabación en la que la aludida conversa con Celso Ortega Jiménez,  líder de Los Ardillos, uno de los grupos criminales más fuertes del Estado. El sábado una serie de ataques contra choferes de taxis y servicios de transporte público dejó al menos cinco muertos y varias unidades calcinadas, dos de ellas con sus operadores dentro. Para el diario La Jornada, estos hechos constituyen el más preocupante quiebre del estado de derecho durante el actual sexenio.

El fenómeno no es nuevo. La inacción y el abandono de las autoridades federales y estatales del pasado reciente permitieron a la delincuencia dotarse de una base social, con lo que hoy los criminales no sólo gozan de un temible poder de fuego, sino de una estremecedora capacidad para llevar gente a las calles y confrontarlas con las fuerzas del orden en defensa de sus intereses, añade el editorial del matutino.

A los analistas les preocupa que la violenta movilización en Chilpancingo pusiera de manifiesto que, junto con la política, existe una profunda descomposición social que coloca a los gobernantes ante el dilema de tolerar el abierto desafío a la ley o ejercer la violencia legítima del Estado, inevitablemente represiva y lesiva para el tejido social. Pensar en procesos penales contra miles de personas es tan impracticable como desaconsejable en términos de sensibilidad social y sensatez política.

*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)