Piñera y el abandono de la política exterior de Estado
El anuncio al país del gobierno del presidente Sebastián Piñera, del cierre de cinco embajadas de Chile -Argelia, Dinamarca, Grecia, Rumania y Siria- es una prueba del abandono de una política exterior de Estado, basada en los principios del interés nacional, construida a lo largo de los 30 años de reconstrucción del sistema democrático chileno. Se retomó, en 1990, una tradición diplomática abandonada en los 17 años de dictadura.
Los sucesivos gobiernos, incluyendo el primer mandato de Piñera, efectuaron un largo camino para que el país volviera a ser un actor en la región latinoamericana y en el concierto internacional, basado en los principios del respeto a los derechos humanos y a la democracia. Junto a ello se introdujo una política de regionalismo abierto, consolidando una sólida presencia política en el escenario multilateral y una extensa red de acuerdos comerciales y de asociación, que han permitido la apertura de nuevos
mercados en todos los continentes que han contribuido al crecimiento económico y progreso de Chile.
En el sistema internacional, Chile se incorporó en 1994 a APEC, pasando a ser un actor destacado en el Asia Pacífico. En dos oportunidades el país ha sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (1996-1997 y 2003-2004) logrando no solo un amplio respaldo, sino tomando parte de importantes decisiones de la política mundial.
El país ha sido anfitrión de numerosos encuentros internacionales de primer nivel. En la región, bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, en 2008, fue el primero en presidir UNASUR. Chile ocupó la secretaría general de la OEA en dos mandatos consecutivos del excanciller, José M. Insulza y la dirección general de la OIT, con Juan Somavía, entre otros tantos logros y reconocimientos a la política exterior de un país respetado y apreciado en la comunidad internacional.
En el primer gobierno del presidente Piñera (2010-2014) su política exterior fue de continuidad, pragmática, apegada a la esfera económica-comercial tradicional. La incorporación, bajo su mandato a la Alianza del Pacífico, fue un paso más en los acuerdos comerciales y políticos basados en el interés nacional.
En 2011 Piñera se convirtió en el primer presidente de la CELAC, entregando el cargo el 2013 al presidente de Cuba, Raúl Castro. Su gobierno tuvo a un Canciller pragmático y que, sin ser especialista en el área, gozó de respeto por la ejecución de la política exterior acorde a la tradición. El 2013 se amplió la presencia en África, con la apertura de la embajada de Chile en Ghana.
Sin embargo, el segundo gobierno de Piñera ha estado caracterizado, en política exterior, por la improvisación y el dogmatismo ideológico. Nombró un primer Canciller inexperto, Roberto Ampuero, al que tuvo que cambiar rápidamente para nombrar en su reemplazo al actual, Teodoro Ribera, a quien vimos en la comisión de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados, haciendo una defensa vacía, débil en argumentos y vacilante, respecto del cierre de las 5 embajadas de Chile.
Agravió a los países al expresar que se destinarían los recursos a embajadas “de mayor relevancia”. Además, es una medida contradictoria por cuanto fue esta administración, por ejemplo, la que retomó la presencia diplomática en Siria, en mayo de 2019, acreditando a un Encargado de Negocios, debido a que la embajada estaba solo con personal local por el conflicto bélico.
Al parecer, ni el ministro Ribera ni sus asesores, previeron las consecuencias políticas internas y ahora deberemos 
esperar las externas, que seguramente se verán en los votos de los países en los organismos internacionales, donde Chile postula hoy a importantes cargos, como el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, considerada prioritaria por la cancillería.
El editorial de El Mercurio, del 10 de junio pasado, lo resumió bien: “Parecería necesario que se reconsidere el cierre de embajadas anunciado, considerando sus costos y beneficios”.
En el plano regional, también se ha efectuado un daño a la imagen de Chile y al interés nacional. Si vemos lo que ha sido la política en la región y hacia Venezuela en particular. Recordemos que el presidente Piñera viajó en su primer gobierno a Caracas, con ocasión de los funerales del expresidente Chávez. Pero no solo eso, montó guardia de honor frente al féretro y se abrazó con Maduro.
Su actual administración ha reconocido al gobierno de Juan Guaidó y a su embajadora, Guarequena Gutiérrez, quien acaba de renunciar debido a que no le han pagado el sueldo y ahora busca trabajo y una visa para permanecer en Chile. Recordemos que el excanciller Ampuero fue a recibirla al aeropuerto a su llegada al país, un despropósito total en la práctica diplomática. Posteriormente tenemos el triste recuerdo del papelón del presidente Piñera en Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, en un espectáculo que dañó seriamente la imagen de Chile.
Lo mismo ocurrió con su visita al presidente Donald Trump, donde con una falta de pudor y actitud perruna, colgó una estrellita en la bandera estadounidense. El retiro de UNASUR, la negativa a firmar el acuerdo de Escazú y ahora el cierre de embajadas, incluyendo tres de las cuales necesitamos el voto para profundizar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, solo atenta contra el interés nacional.
Chile es un país que necesita mantener una activa y amistosa presencia internacional. No olvidemos, por ejemplo, que hemos debido enfretar situaciones complejas en el Tribunal de Justicia de La Haya, donde hoy hay 4 jueces africanos.
No debemos engañarnos, el presidente Piñera abandonó lo que se entiende por una política exterior de Estado. Inició su actual gobierno convencido en que seguiría la senda de estadistas como lo han sido los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que brillan con luz propia en la escena internacional. Sin embargo, su política exterior se ha derrumbado.
La iniciativa de levantar una alternativa a UNASUR, nació muerta. El posicionamiento internacional, que esperaba las reuniones que estaban previstas en Santiago, como APEC y la COP-25 debieron ser canceladas por el estallido social. Hoy en medio de la pandemia, con su programa de gobierno cancelado, con un respaldo de menos del 25% en las encuestas, obligado a romper el dogma de la derecha del gasto fiscal y con el horizonte de una nueva Constitución, busca desesperadamente evitar que su legado sea borrado por la historia.