Un Mundial entre marines y protestas

Gustavo Veiga

La militarización del Mundial de Brasil se confunde con las obras terminadas a último momento y un país dividido por los costos y presuntos beneficios que arrojará el torneo. Esta semana se conoció que el gobierno envió a un grupo de policías a entrenarse en tácticas antiterroristas en Estados Unidos.

Los mandó a la empresa Academi, la ex Blackwater que operó durante la invasión y ocupación de Irak, acusada de crímenes de guerra. La multinacional emplea mercenarios para todo servicio. Su presidente es Billie Joe McCombs, un multimillonario que fue dueño de San Antonio Spurs, donde juega Emanuel Ginóbili y otras franquicias de la NBA y el fútbol americano. “Fuimos enviados porque somos la tropa especializada que será empleada durante una amenaza de ataque terrorista en San Pablo”, le dijo al diario Folha el teniente Ricardo Bu-ssotti Nogueira, jefe del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la policía militarizada en aquella ciudad. En su página web Academi, que tiene tres sedes y campos de entrenamiento en EE.UU., muestra un mapa a escala planetaria. Sobre él están marcados los territorios donde presta servicios. Una buena parte de Sudamérica está señalada. No en vano la convocó el gobierno de Dilma Rousseff.

La noticia publicada en Folha de S. Pablo les erizó la piel a los opositores al Mundial. Muchos se reúnen por estos días para coordinar acciones de repudio a la organización de la Copa. Son quienes ya marcharon por las calles de varias ciudades del país pidiendo hospitales, escuelas y seguridad con el estándar FIFA que se aplica a los estadios. En portugués: el padrâo FIFA.

Un grupo de veintidós efectivos policiales realizaron el entrenamiento de tres semanas en Moyock, estado de Carolina del Norte. Academi tiene allí una de sus sedes. Las otras están en San Diego y Salem. Los uniformados pudieron ser enviados gracias a un programa de colaboración entre Brasil y Estados Unidos. Y fueron entrenados por especialistas surgidos de una cantera temible: navy seals, rangers, marines, fuerzas especiales canadienses y equipos SWAT.

La empresa de McCombs, a quien se le atribuye una fortuna que supera los mil millones de dólares, está muy preocupada porque se la mencione como la continuadora de Blackwater. Tampoco quiere que le recuerden a su anterior dueño: Erik Prince. No la ayudan demasiado a despegarse sus antecedentes y los integrantes de su staff: John Ashcroft, el ex fiscal general de EE.UU. durante el primer gobierno de George W. Bush, el almirante retirado Bobby Inman, y otro ex de la Casa Blanca, el abogado Jack Quinn. En su página oficial se lee: “Academi es una empresa totalmente independiente de la ex Blackwater”.

La compañía instruyó al teniente Bussotti Nogueira y su grupo en Obstrucción Marítima de Terrorismo, un curso dictado por especialistas de la fuerza especial de la marina –los navy seals– y de miembros de la guardia costera de Estados Unidos, que financió el entrenamiento, según Folha de S. Pablo. El gobierno de Barack Obama lleva invertidos 2,2 millones de dólares en la formación de policías brasileños.

Según explicó la Secretaría Extraordinaria de Seguridad de Grandes Eventos (Sesge) brasileña, que depende del ministro de Justicia Eduardo Cardozo, el objetivo del entrenamiento fue “la seguridad portuaria con foco en cómo los terroristas operan en un ambiente marino, y cómo reconocer amenazas y mitigarlas cuando sea necesario”.

Los efectivos enviados al campo de Moyock son apenas un puñado entre los 170 mil agentes policiales, militares y privados que se encargarán de la seguridad durante el Mundial. Como quedó comprobado en Sudáfrica 2010 cuando se azuzaba el fantasma de Bin Laden y un posible atentado durante el torneo que nunca se produjo, es más factible que se confirmen las hipótesis de conflicto interno. A saber, ataques de bandas narcos como el Comando Vermelho de Río de Janeiro o de la delincuencia común.

Pero el gobierno no montará el mayor operativo de seguridad en la historia de los mundiales –y cuyo costo estimado es de 870 millones de dólares–, solo por eventuales ataques externos o internos. También le preocupa que se repitan las protestas del año pasado durante la disputa de la Copa de las Confederaciones. En ellas se movilizaron distintas expresiones de la sociedad brasileña: miles de jóvenes que se autoconvocaron por las redes sociales, opositores a Dilma de las clases acomodadas, vecinos de barriadas humildes que lindan con los estadios y cuyas casas fueron demolidas –el periodista Juca Kfouri calcula que 8350 familias fueron afectadas solo en Río–, ladrones que aprovecharon para hacer su agosto y hasta un puñado de policías que se plegó a las marchas con una sentada en San Pablo.

Entre el 1º y 3 de mayo se organizará en Belo Horizonte –donde quedará concentrada la Selección argentina– una gran reunión de la Ancop, la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa. Son espacios colectivos de ciudadanos que están en contra del Mundial y que vienen militando en diferentes sedes del torneo desde el año pasado.

Denuncian que “este megaevento está siendo usado para que diversas empresas e instituciones –o sea, una minoría privilegiada– puedan lucrar y explotar el erario y los bienes públicos. Somos una movilización popular que organiza acciones de respuestas rápidas, críticas y propositivas que queremos conseguir que nuestras ciudades y sus poblaciones como un todo, puedan disfrutar de las inversiones realizadas”.

Las manifestaciones contra la Copa de la FIFA, la organizadora que es tan cuestionada como el gobierno por estos grupos, llevaron el conflicto hasta Pará, al norte de Brasil, en la frontera con Surinam. Allí la presidenta inauguró el viernes pasado el complejo portuario Miritituba-Barcarena que conectará la Amazonia con el Atlántico para exportar soja. A Dilma le gritaron: “No habrá Copa” y “Renuncio a la Copa, quiero más dinero para la salud y la educación”. Otro grupo salió en su defensa, pero ella se vio obligada a interrumpir su discurso por un momento.

El Mundial viene muy recalentado. Su organización demandó del Estado brasileño el 85 por ciento de lo que se invirtió, mientras que el sector privado colocó el 15 por ciento restante concentrado en los aeropuertos y estadios. Las críticas que escuchó Rousseff en Pará no se detendrán. Quizá una de las más duras llegó desde el ambiente del fútbol. En junio de 2013 Romario, campeón mundial en 1994 y hoy diputado del Partido Socialista, comentó: “El verdadero presidente del país hoy se llama FIFA. Llegó aquí y montó un Estado dentro de nuestro Estado”. Cuando comience a rodar la pelota se verá si escalan las protestas de quienes se oponen al Mundial o si el fútbol impone su propia música para silenciarlas. Como sucedió casi siempre.

Addendo

Batalla en las calles de Copacabana

Vecinos de la favela Pavao Pavaocinho, al grito de “¡Policía asesina!” y “¡Justicia, justicia!”, ocuparon la avenida Nossa Senhora de Copacabana, horas después del asesinato de Douglas Rafael da Silva Pereira, ocurrido en la noche del lunes.| DARÍO PIGNOTTI/Página12

Del morro y al asfalto. En Río de Janeiro decir “soy del morro” significa que uno es parte de los casi dos millones de personas hacinadas en alguna de las 700 favelas de calles irracionales que desembocan en el “asfalto”, nombre dado a las avenidas que unen, o trazan, una frontera entre las comunidades humildes y el resto de la ciudad.

Esos dos mundos socialmente distantes se cruzaron el martes cuando vecinos de la favela Pavao Pavaocinho, al grito de “¡Policía asesina!” y “¡Justicia, justicia!” ocuparon la avenida Nossa Senhora de Copacabana, horas después del asesinato de Douglas Rafael da Silva Pereira ocurrido en la noche del lunes.

La rabia de los cientos de manifestantes llegados desde lo alto del Morro Cantagalo (donde hay una vista panorámica de la playa) sacudió la rutina del barrio Copacabana, sobrevolado por helicópteros en apoyo del Batallón de Choque de la Policía Militarizada, mientras en los hoteles ubicados frente al mar se aconsejaba a los turistas, muchos extranjeros, que evitaran alejarse demasiado.

Durante algunas horas saltó a la vista la guerra invisible librada diariamente por las fuerzas de (in)seguridad contra los pobres, agravada paulatinamente desde 2008 cuando comenzaron a implantarse las Unidades de Pacificación Policial (UPP), cuya finalidad era erradicar el narcotráfico y garantizar el orden durante la Copa del Mundo que dará inicio dentro de 46 días y las olimpíadas de 2016.

Hasta ahora “no se logró que la población (de las favelas) vea a las UPP como algo suyo, que vean que las UPP están para protegerla…(la gente las ve) como fuerza externa de invasión”, observó Ignacio Cano, investigador del Centro de Análisis de la Violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.

El cuerpo de Douglas Rafael da Silva, bailarín de 26 años que integraba el elenco del popular programa Esquenta (calentate) de la TV Globo, fue encontrado el martes pasado dentro de una guardería infantil en el morro Cantagalo, de la favela Pavao Pavaocinho, donde había ido a visitar a su hija de 4 años.

Inicialmente la policía deslindó toda responsabilidad en el fallecimiento de Da Silva Pereira atribuyéndolo al golpe que habría recibido cuando cayó de lo alto de un muro, versión desmentida por una foto publicada en un diario carioca y diseminada en Internet, en la que se ve su cuerpo ensangrentado con un orificio de bala.

La imagen rudimentaria registrada por el celular que pertenecería a un vecino desmontó la mentira policial obligando al comisario a cargo de la investigación a reconocer que la víctima fue asesinada y admitir que los responsables podrían ser agentes de la Unidad de la Policía Pacificadora (UPP) establecida en la barriada.

La manifestación ocurrida en plena avenida Nossa Senhora de Copacabana el martes y la ostensiva represión policial que dejó un joven muerto (al parecer por una bala de fusil) fue presenciada por miles de residentes de ese barrio de clase media y decenas de miles de internautas que visitan los sitios creados para rebatir la desinformación metódica del grupo Globo.

“No voy a dejar que la muerte de mi hijo caiga en el olvido, agradezco mucho a los vecinos de la comunidad (Pavao Pavaocinho), si no fuera por ellos mi hijo hubiera ido a una bolsa de residuos” para hacerlo desaparecer como ocurrió con el albañil Amarildo de Souza en la favela Rocinha, advirtió la madre de Douglas, María de Fátima da Silva, furibunda, mirando de frente a las cámaras.

Si el asesinato del bailarín ocurrido el lunes pasado permitió una momentánea visibilidad de la guerra urbana, el comienzo de este aparente levante en las favelas, donde se percibe una mayor presencia de grupos organizados, comenzó a despuntar en 2013.

En julio del año pasado, incluso durante la visita del papa Francisco a Brasil, se realizaron nutridas movilizaciones, de las que participaron no sólo vecinos de las barriadas pobres sino también militantes universitarios, en repudio por el secuestro, tortura y desaparición del albañil Amarildo de Souza, ocurrido en la UPP de la favela Rocinha, próxima a las playas del sur de Río a la barriada Pavao Pavaocinho.

La enfermera María Fátima da Silva parece ser el emergente de esa multitud de cariocas hartos de vivir bajo el yugo de las UPP, que luego de erradicar (provisoriamente) la tiranía de los narcos transformaron a las comunidades pobres en zonas de excepción donde impera un Estado de Derecho de baja intensidad.

Posiblemente sea cierto que en la protesta por la muerte de Douglas Rafael hubiera miembros del grupo Comando Vermelho, que controla el narcotráfico en la zona, pero ese dato parcial no autoriza la versión dada a coro por la policía y el grupo Globo, de que el crimen organizado dirige a los manifestantes como títeres.

Durante el velatorio de su hijo, la señora Da Silva anunció que hará lo posible para denunciar el caso en el exterior y obtener el concurso de peritos imparciales para contrastar el laudo de los expertos de la policía, para lo cual recibió el apoyo de Amnistía Internacional. “Lamentablemente el índice de homicidios de jóvenes en las favelas es alarmante, la policía brasileña está entre las que más mata en el mundo según datos de la ONU”, señaló esa organización humanitaria.

“Amnistía Internacional Brasil pide no sólo que las muertes sean investigadas, esclarecidas y hallados sus responsables, sino que además se reconozca la necesidad urgente de cambios en las estructuras policiales que incluya el control externo de sus actividades”. De ese modo, el comunicado de Amnistía toca en un punto crucial: la impostergable supresión de la Justicia militar para juzgar delitos cometidos por la policía, un lastre institucional heredado de la dictadura que garantiza impunidad a los crímenes cometidos por los agentes.