Fortalecer la protección de la atención médica en conflictos armados

Eduardo Camín - CLAE

Convocatoria conjunta del Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Presidente Internacional de Médicos Sin Fronteras (MSF): Los Estados deben defender y fortalecer la protección de la atención médica en conflictos armados en el décimo aniversario de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU

 

Hace diez años, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 2286 sobre la atención sanitaria en conflictos armados. Hoy la situación es aún peor comparada con hace 10 años. Hoy, no marcamos un logro, sino un fracaso, sostienen los convocantes.  A medida que la violencia que afecta a instalaciones médicas, transporte y personal continúa sin cesar, el daño que esta resolución pretendía prevenir no ha disminuido.

Ha continuado y, en muchos contextos, se ha intensificado. Como presidentes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras (MSF), nos unimos a otros miembros de la comunidad internacional para lanzar un llamamiento urgente a la acción.

Cada día, en primera línea de las crisis más devastadoras del mundo, nuestros equipos presencian las consecuencias catastróficas cuando se compromete la santidad de la atención sanitaria. Los hospitales quedan reducidos a escombros, las ambulancias sufren retrasos y obstrucciones, y médicos, enfermeros y pacientes con demasiada frecuencia sufren ataques que resultan en muertes y lesiones. Las pacientes mueren por heridas que de otro modo podrían tratarse, a veces las mujeres se ven obligadas a dar a luz sin la atención adecuada y comunidades enteras pierden el acceso a servicios que salvan vidas.

Cuando la sanidad ya no es segura, suele ser la señal de advertencia más clara de que las normas destinadas a limitar el daño de la guerra se están desmoronando. Cuando los hospitales y quienes prestan atención son atacados, nos enfrentamos no solo a una crisis humanitaria, sino a una crisis de la humanidad.

Los Estados y todas las partes en conflictos armados deben cumplir con las normas que protegen la atención sanitaria. La obligación, según el derecho internacional humanitario (DIH), de «respetar y garantizar el respeto… en todas las circunstancias» exige que los Estados no solo cumplan con estas normas por sí mismos, sino que también utilicen toda la influencia posible para asegurar que otros Estados y partes en conflicto hagan lo mismo.

Las recomendaciones del Secretario General de la ONU que acompañaron a la Resolución 2286 siguen siendo una hoja de ruta clara y accionable para los Estados. El CICR, la OMS y MSF están preparados con nuestra presencia en entornos de conflicto, experiencia médica y capacidad operativa para apoyar a los Estados en la implementación de estas medidas críticas.

También recordamos la Resolución 65.20 de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada en 2012, que introdujo la documentación y la notificación sistemática de ataques a la sanidad por parte de la OMS. Fortalecer la información coherente y transparente es esencial para construir la base de evidencias, informar la prevención y la respuesta, y apoyar la rendición de cuentas.

Defender y promover la exigencia de la Resolución 2286 «de que todas las partes en conflictos armados cumplan plenamente con sus obligaciones bajo el derecho internacional… garantizar el respeto y la protección de todo el personal médico y humanitario exclusivamente dedicado a funciones médicas, sus medios de transporte y equipos, así como de los hospitales y otras instalaciones médicas». Y para evitar otra década de deterioro de las normas y violencia injustificable que afecte a la atención sanitaria en contextos de conflicto, instamos a todos los Estados a implementar urgentemente las siguientes medidas:

• traducir los compromisos existentes en acciones concretas para implementar la Resolución 2286 y promover activamente los esfuerzos positivos, incluyendo el resultado de la línea de trabajo de la iniciativa global del DIH para lograr una protección significativa para los hospitales;
• integrar la protección de la atención sanitaria en la doctrina, las normas de enfrentamiento y la orientación operativa de las fuerzas armadas y de seguridad para dar efecto práctico a las obligaciones del DIH;
• revisar, promulgar y fortalecer las leyes nacionales para proteger la atención sanitaria en conflictos armados;
• asignar recursos financieros, técnicos y operativos adecuados para implementar medidas que protejan la atención sanitaria y promuevan el respeto a su provisión;

  

• utilizar todos los medios disponibles para influir en otras partes en conflicto —incluidas aquellas que los Estados apoyen de cualquier forma— para que cumplan con sus obligaciones de proteger la atención sanitaria;
• llevar a cabo investigaciones rápidas, transparentes e imparciales sobre ataques a la sanidad y apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas conforme a los marcos legales aplicables; y
• informan de forma regular y transparente sobre la implementación de la Resolución 2286, incluyendo avances, desafíos, buenas prácticas y lecciones aprendidas para apoyar su plena implementación.

Hace diez años, la comunidad internacional reafirmó que las leyes de la guerra deben respetarse y que los heridos y enfermos, así como quienes los cuidan, deben ser protegidos. Hoy en día, las instalaciones sanitarias siguen siendo dañadas o destruidas. Los trabajadores sanitarios y los pacientes siguen siendo atrapados en ataques que resultan en muertes y lesiones. Eso no es un fallo legal. Es una falta de voluntad política. Instamos a los líderes mundiales a actuar y mostrar el liderazgo político necesario para poner fin a esta violencia. La sanidad nunca debe ser una víctima de la guerra.

 Que sí… pero no 

En el 2023 una comisión de investigación de la ONU y diversas organizaciones internacionales también habían concluido que las acciones de Israel en Gaza constituían un genocidio, citando asesinatos masivos, destrucción de infraestructura vital y hambruna deliberada, con un saldo superior a 60,000 muertos (incluidos heridos que no reciben atención) y el desplazamiento forzado de la mayoría de la población gazatí. Los informes destacan la intención de destruir parcial o totalmente al grupo palestino, violando la Convención sobre el Genocidio.

En esta ocasión el informe concluía que Israel ha cometido cuatro de los cinco actos definidos como genocidio, incluyendo asesinatos, daños físicos/mentales graves, condiciones de vida calculadas para la destrucción y medidas para impedir nacimientos. Muchos expertos habían deducido la intención de genocidio a partir de declaraciones de altos cargos israelíes (Netanyahu, Herzog, Galant) y la creación deliberada de una hambruna mediante el bloqueo de ayuda humanitaria.

En aquella ocasión más del 85% de la población de Gaza había sido desplazada, con una destrucción casi total de hospitales, escuelas y viviendas. Aunque informes de la ONU y expertos independientes denuncian genocidio, el caso sigue bajo escrutinio internacional y la Corte Internacional de Justicia evalúa la plausibilidad de estos riesgo.

Mientras tanto el gobierno israelí sigue rechazando categóricamente las acusaciones, calificando los informes de falsos, sesgados y antisemitas. Es decir, completamente indiferente a la tan eficiente comunidad internacional sobre todo cuando se trataba de condenar a Cuba o el Chavismo.

En el panorama actual de los organismos internacionales nos encontramos con diferentes teorías semánticas de la verdad, en cuyo interior se crea una fuerza ilusoria y una intención comunicativa, desde la cual se puede reinterpretarse los principios clásicos de la anfibolia o restricción mental, es decir las respuestas con doble sentido, el mal menor o las mentiras piadosas.

Este es un ejercicio dialéctico que soslaya en cierta forma las consecuencias reales que originan y agudizan las dificultades actuales.

 

* Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)