La irrupción de la inteligencia artificial (IA) y la automatización está transformando profundamente la economía, el empleo y el funcionamiento del sistema productivo industrial. La pregunta que cada vez aparece con más fuerza es simple, pero inquietante. Si las máquinas realizan cada vez más trabajo humano, ¿quién pagará los impuestos que sostienen el Estado del Bienestar?
Este debate de la fiscalidad y el empleo en plena expansión de la era de IA, el sistema fiscal actual se apoya principalmente en tres fuentes: impuestos sobre el trabajo, sobre el consumo y sobre el capital. Pero en muchos países los ingresos procedentes del trabajo —cotizaciones sociales e impuestos sobre la renta— siguen siendo una parte fundamental de la financiación pública. Además, esto tiene el agravante de que esta tecnología está fundamentalmente en manos de los privados.
Es obvio que las tecnologías digitales tienen el potencial de aumentar la productividad y generar riqueza, pero también pueden concentrar poder económico y transformar profundamente el mercado laboral. Por ello, muchos expertos coinciden en que las decisiones políticas que se tomen en los próximos años serán cruciales para determinar cómo se distribuyen los beneficios de la revolución tecnológica. Por ello, son muchos los expertos que alertan de que, si el empleo humano disminuye como consecuencia de la automatización, el modelo de financiación del Estado podría verse comprometido.
La reciente y muy recomendable encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial advierte que “A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico ha contribuido a una mejora significativa de las condiciones de vida de la humanidad; al mismo tiempo, cada etapa del progreso también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orientan hacia el bien».
«Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una situación nueva, en la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo: «Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma». Las nuevas tecnologías abren un horizonte que se extiende en direcciones que, aunque intuibles, aún no podemos prever por completo. Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común», añade.
También este despliegue acelerado de herramientas de inteligencia artificial generativa en los entornos de trabajo ha reabierto un debate clásico desde una óptica marxista: ¿Quién se beneficia realmente del incremento de productividad que aporta la tecnología? ¿El trabajador, que puede ver reducida su carga y aumentada su capacidad creativa, o la empresa, que capitaliza ese aumento de eficiencia en forma de plusvalía? Esta cuestión no es nueva; se inscribe en una larga tradición de análisis marxista sobre la relación entre tecnología, trabajo y capital.
Desde una visión marxista, la tecnología forma parte de las fuerzas productivas, es decir, los elementos materiales y técnicos que determinan cómo se produce la riqueza social. La IA generativa amplía considerablemente estas fuerzas: automatiza tareas cognitivas, acelera procesos antes intensivos en tiempo y conocimiento, y permite que un trabajador o trabajadora obtenga resultados de mayor calidad en menos tiempo.
Sin embargo, para Marx las fuerzas productivas nunca actúan solas: están insertas en relaciones de producción, y es esa estructura la que decide cómo se distribuyen sus beneficios. En un sistema capitalista, la mejora tecnológica tiende a ser apropiada por el capital —no por el trabajo— porque el incremento de productividad no se traduce de forma automática en mejores salarios, jornadas más cortas o mayor autonomía para el trabajador. Y en el caso de la IA, como en muchos otros ejemplos históricos, deviene además en amenaza de sustitución.
Desde una concepción marxista, el avance tecnológico se utiliza históricamente para sustituir mano de obra, creando un ejército de reserva (desempleados) que presiona los salarios a la baja. Los impuestos laborales que antes pagaban los trabajadores ahora desplazados, o que se reducen por la precarización, deben ser compensados.
Ante esto, el marxismo plantea que la recaudación fiscal debe recaer directamente sobre las ganancias masivas del gran capital tecnológico, en lugar de gravar el consumo o la renta de las familias trabajadoras. Bajo el prisma marxista, la inteligencia artificial no paga impuestos; los paga la clase trabajadora explotada. Desde esta perspectiva, la IA es «capital constante» (maquinaria y tecnología).
Por lo tanto, los impuestos laborales y los beneficios extraordinarios derivados de la automatización se extraen de la plusvalía generada por los trabajadores. Pero en realidad la inteligencia artificial (IA) no paga impuestos laborales por sí misma, ya que carece de personalidad jurídica. Son las empresas y empleadores quienes pagan los impuestos y cotizaciones sociales. Dado que la IA sustituye o automatiza empleos humanos, el debate actual propone que las empresas paguen tributos específicos para compensar la pérdida de ingresos fiscales por el trabajo desplazado.
La propuesta de gravar la automatización se inspira en debates internacionales previos. En Estados Unidos, por ejemplo, el senador Bernie Sanders en su momento defendió medidas similares para compensar la destrucción de empleo provocada por la robotización. Y figuras públicas como Bill Gates han apoyado ideas similares.
El argumento central es que los avances tecnológicos aumentan la productividad y generan enormes beneficios empresariales, pero ese dinero no siempre se traduce en mejores salarios o más empleo. Por ello, una fiscalidad adaptada a la economía digital podría servir para redistribuir parte de ese valor. 
En el debate económico actual, figuras alineadas con la protección han propuesto los llamados «impuestos a los robots» o a la IA. El enfoque es que, si un algoritmo sustituye a un humano, esa máquina o la empresa propietaria tribute el equivalente a lo que aportaba el trabajador.
No se trata de frenar la innovación, sino de redistribuir la riqueza automatizada. Evitar que las corporaciones tecnológicas monopolicen el aumento de la productividad, por tanto, cualquier impuesto de a la IA es en realidad un impuesto sobre el capital acumulado por los empresarios. Aunque mucho nos tememos que la disyuntiva no es tecnológica, sino social: ¿La IA servirá para liberar tiempo de vida o para intensificar la explotación? La respuesta dependerá de quién controle los medios algorítmicos, pero si hay una conclusión debemos decir que IA no es neutral es la realidad de este mundo distópico.
* Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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