En Perú, la candidata ganadora de la primera vuelta, Keiko Fujimori, se prepara para enfrentar a Roberto Sánchez, el candidato heredero de Pedro Castillo, en el balotaje del próximo 7 de junio. La diferencia de 27.000 votos a favor de Sánchez, al 97,41% de conteo de votos, es irreversible. Sin embargo, Rafael López Aliaga, el líder ultraderechista de Renovación Popular, cual niño caprichoso y picón, muy similar a la conducta de Keiko Fujimori cuando en 2021 perdió las elecciones en el balotaje frente a Castillo por una diferencia de 41.000 votos, continúa sin aceptar el resultado.
Ante la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de anular el proceso electoral, por unanimidad, el 24 de abril, de acuerdo con su solicitud, López Aliaga ha declarado que acudirá a organismos internacionales, no se sabe a cuál, pues uno de los ejes de su campaña fue anunciar el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más idónea donde tratar estos temas. Ni las autoridades electorales, ni los delegados de organismos multilaterales, han considerado válidas las pruebas de fraude presentadas por su equipo técnico.
Ese mismo día, el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, renunció a su cargo. Fue un acto inconstitucional, pues la Constitución prohíbe su renuncia durante un proceso electoral. La renuncia, aceptada inconstitucionalmente por el JNE, debería tranquilizar a López Aliaga, quien había amenazado con enviar a Corvetto a la cárcel por su supuesto crimen contra la democracia y perseguirlo hasta su muerte.
López Aliaga, al ver que era superado por el izquierdista radical Roberto Sánchez, ha atribuido estos resultados a la ineficiente organización en la distribución del material electoral y otros problemas logísticos. Estos problemas efectivamente ocurrieron, pero no configuran un fraude, tal como lo han señalado las misiones de observadores internacionales como las de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y Transparencia Internacional.
El candidato ultraderechista también acusó a la ONPE de haber contratado a 200 ciudadanos cubanos y venezolanos expertos en fraude electoral para digitar actas y desvirtuar los resultados. La institución desmintió categóricamente dichas declaraciones y aclaró que sus 16.757 trabajadores son de nacionalidad peruana y que no cuentan con ningún personal extranjero.
Mientras López Aliaga se revuelca en el fango de su derrota, la señora K, como denomina a Keiko Fujimori, ya empezó su campaña presidencial. Por su parte, Roberto Sánchez ha convocado a los partidos políticos del centro hacia la izquierda. A muchos de ellos les desagrada el candidato de Juntos por el Perú, tanto por la alianza que tiene con Antauro Humala como por posiciones consideradas oportunistas en la votación de algunos temas en el Congreso durante los últimos años.
Antauro Humala Tasso, un exmilitar y fundador del movimiento etnocacerista, una doctrina ultranacionalista que exalta la raza cobriza, reivindica el Imperio incaico y propone la nacionalización de industrias estratégicas, es conocido principalmente por encabezar el «Andahuaylazo» en 2005, un levantamiento armado contra el gobierno de Alejandro Toledo que dio como resultado la muerte de cuatro policías, por lo que fue condenado a 17 años de prisión por los delitos de homicidio y secuestro.
Fue liberado en agosto de 2022. Ha propuesto abiertamente el fusilamiento de Presidentes corruptos, incluyendo a su propio hermano Ollanta Humala y a su cuñada Nadine Heredia. Luego de su salida de prisión intentó participar en la política activa con el partido A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros), pero la Corte Suprema lo declaró ilegal y ordenó su disolución por conducta antidemocrática en octubre de 2024.
Entonces se acercó a Roberto Sánchez, quien ha sido una suerte de asesor de su campaña. Antauro es la carta de la que debería desprenderse Sánchez para recibir el apoyo de algunos partidos de centro y de la izquierda de buenos modales. La presencia de Humala es la mejor carta de la derecha para capturar votos del centro.
Si bien la candidata está mejor posicionada para ganar la presidencia durante su cuarta contienda electoral, al haberse impuesto con holgura en primera vuelta –en 2021 Castillo le ganó en primera vuelta–, el antivoto a Keiko Fujimori es alto. Lo es también para el todavía congresista y ex ministro de Comercio Exterior de Pedro Castillo, Roberto Sánchez, en particular, como mencionamos, por su cercanía a Antauro Humala.
Los resultados de las elecciones en el Perú dan cuenta de una crisis de representatividad de la sociedad. De un total de 27,3 millones de peruanos registrados en el padrón electoral, el actor más importante de la elección es un bloque de 9,6 millones que no votó por nadie (6,5 millones de ausentismo y 3,15 millones de votos nulos y blancos) Juntos, representan el 35,3% del padrón electoral, y más de tres veces los que ha recibido Keiko, la candidata más votada.
La abstención es la primera fuerza electoral de una nación fragmentada que, en su hora más crítica, ha preferido el vacío antes que las opciones en la vitrina. Así, los dos candidatos que disputarán las elecciones no suman juntos ni el 25% de los votos emitidos. De los 35 partidos políticos que participaron en la contienda electoral, solo seis han logrado representación en el Congreso. En el Perú, solo 19% de la población está satisfecha con la democracia, el índice más bajo de la región, después de Haití.
Como si la crisis del proceso electoral, atizada por el ultraderechista López Aliaga, no fuera suficiente, la semana pasada se presentó la posibilidad de una nueva vacancia presidencial, la novena en diez años. El actual Presidente, José María Balcázar, quien lleva tres meses en el gobierno, anunció que un mandato de transición, como el que él preside, no debe comprometer sumas tan elevadas (3.500 millones de dólares) para la compra de 24 aviones caza F-16 Block 70 y un avión cisterna Boeing KC-135 R Stratotanker de la empresa estadounidense Lockheed Martin, y que la decisión debería corresponderle al Presidente elegido el próximo 7 de junio en las urnas.
Dijo que había necesidades prioritarias antes que destinar ese gasto a la compra de aviones caza. El problema es que su antecesor, el ex Presidente José Jerí, ya había suscrito el acuerdo comercial con la empresa Lockheed Martin y se aproximaban las fechas de pago.
¿Una nueva vacancia? La injerencia de EU
El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernardo Navarro, es una versión similar a la del embajador de ese país en la Argentina, Peter Lamelas. Ambos son embajadores políticos y, al ser hispanohablantes, se mueven como peces en las aguas políticas de esos países. El gobierno estadounidense apoyará a Fujimori por todos los medios posibles, tal como lo hizo en la Argentina, en las elecciones legislativas de octubre, o en las presidenciales de Honduras en noviembre.
Navarro arribó a Perú a fines de enero e hizo buenas migas con José Jerí, quien ejerció la presidencia del Perú desde que vacaron a Dina Boluarte, en octubre del año pasado, hasta su destitución el pasado 17 de febrero debido a cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios y el registro de ingresos nocturnos irregulares a Palacio de Gobierno.
Jerí fue uno de los primeros invitados a formar parte del pacto militar del Escudo de las Américas y confirmó su asistencia a la ceremonia oficial con Donald Trump, pero fue destituido días antes. Durante su corta gestión se seleccionó la oferta de Estados Unidos por «razones de seguridad» y para fortalecer la alianza estratégica con Washington. Por ello se dejaron de lado las propuestas de Suecia (Gripen) y Francia (Rafale). Estas negociaciones, con respaldo del Congreso, se hicieron a espaldas de la ciudadanía.
El 17 de abril, el Presidente José María Balcázar anunció la paralización de la compra que ya había acordado el expresidente Jerí, lo que desencadenó cuestionamientos desde los principales gremios empresariales y militares del país. Los gremios empresariales temen mucho la imposición de aranceles, a pesar de que el Perú cuenta con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, lo cual al presidente Trump le da exactamente igual, pues al carecer de respeto por la institucionalidad y los tratados internacionales, ya ha impuesto aranceles a las exportaciones peruanas y latinoamericanas que también tienen TLC vigentes con ese país, violando dicho tratado internacional.
El embajador Navarro señaló que, de detectarse mala fe en las negociaciones, “se utilizarán todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos y la región”. Tres días después, un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos confirmó que el primer contrato por 2.000 millones de dólares se suscribió el 20 de abril con el «pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno». El Ministerio de Economía, contradiciendo al Presidente, hizo una transferencia de 462 millones dólares a la empresa estadounidense.
Esto dejó al Presidente Balcázar en una posición muy difícil. El miércoles 22 dio un mensaje a la nación en el que dijo que él no había firmado nada y que mantenía su posición de que no se debía realizar ese gasto cuando faltaba dinero para gastos en educación y salud. Sin embargo, fue el propio Presidente Balcázar quien había firmado un Decreto Supremo (001-2026-DE) el 5 de marzo, que incluyó la compra de los 24 aviones F-16 en la «Lista General de Contrataciones declaradas como Secreto Militar».
En él otorgó las facultades legales a la comisión técnica y a los ministros para que pudieran suscribir el contrato con Lockheed Martin sin que el Presidente tuviera que poner una firma final en el documento de compra. Ese mensaje provocó las renuncias del ministro de Defensa y del canciller.
Varios bloques legislativos impulsaron una moción de censura contra el Presidente acusándolo de mentir sobre la existencia del contrato ya firmado y de poner en riesgo la seguridad nacional y las relaciones con Estados Unidos. Esta ha sido presentada formalmente, pero el Congreso aún no ha procedido con la votación final para su destitución. El partido de Keiko Fujimori ha manifestado que no apoyaría la censura. Prefiere que el gobierno de transición termine su periodo para no aumentar la inestabilidad a pocas semanas del cambio de mando.
Lo real es que el fujimorismo ha manejado los hilos del poder desde el Congreso, desde que salió Pedro Castillo en diciembre de 2022. Si Balcázar fuera vacado, el actual presidente del Congreso, el ultrafujimorista Fernando Rospigliosi, tendría que asumir la presidencia. A Fujimori no le conviene tener al mando a un fujimorista en plena campaña electoral. Para ella es mejor tener a un Balcázar débil y amnésico, del escindido Partido Perú Libre, como pararrayos.
De todos modos, el proceso de censura en plena crisis electoral está en proceso y cuando López Aliaga se resigne a aceptar que no pasó a la segunda vuelta, la narrativa del fraude continuará y solo se detendrá si Fujimori es electa el 7 de junio. Si bien el poder económico, mediático y la injerencia extranjera la favorecerán, mientras Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, será vilipendiado, nada garantiza que Keiko no tendrá una cuarta derrota electoral. Uno de los ejes del debate electoral entre Sánchez y Fujimori será, sin duda, el alineamiento automático con Estados Unidos, la opacidad con la que se realizan estas compras militares sin debate ciudadano, en un escenario de concentración creciente de la riqueza y una población cada vez más marginada.
* Economista peruana con experiencia en comercio, integración regional y manejo de recursos naturales. Ha trabajado en diversos organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comunidad Andina, asesora en el Mercosur
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